El curso judicial que está a punto de terminar se abrió con una buena noticia para Pablo Casado. La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de la causa contra él por los másteres fake que regalaba la Universidad Rey Juan Carlos y la Sala de lo Penal aceptó su petición. Y esa es la constante que se ha repetido durante los últimos doce meses. Bien por la falta de autoridad de la fiscal general del Estado nombrada por el Gobierno del PSOE, María José Segarra, bien por su exquisito respeto a la independencia de sus subordinados, lo cierto es que las decisiones adoptadas por el Ministerio Público gustan más en Génova que en Ferraz.
Segarra no modificó ni una coma del escrito de conclusiones que los cuatro fiscales de Sala presentaron al final del juicio del procés, lo que agrandó la distancia entre el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia, que optó por la acusación por sedición al no apreciar la violencia suficiente que justificara el delito de rebelión. Y tampoco hizo nada por evitar el inquebrantable tono de su discurso, que les llevó a dar por probada la existencia de “un golpe de Estado” e incluso a utilizar la expresión “organización criminal” para detallar las actuaciones del Gobierno de la Generalitat.
En el Supremo la imputación por el delito de organización criminal sólo la sostiene la acusación popular de Vox pero la Fiscalía de Barcelona la hizo suya y quiso incorporarla a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 13 contra el segundo escalón de acusados por el procés, los altos cargos de la Administración catalana que pusieron en marcha la logística para que el referéndum del 1 de octubre pudiera celebrarse. La jueza Alejandra Gil rechazó la petición al considerar que los imputados, entre los que se encuentran los máximos responsables de TV3 y Catalunya Radio, nunca tuvieron “la infraestructura necesaria para desarrollar un plan criminal” ni la necesaria “concertación” para llevarlo a término.
En la sede del PP también gustó, y mucho, la intervención de la representante del Ministerio Público en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, en el que defendió con vehemencia la absolución para la formación, primer partido político en la historia de España en ser juzgado como persona jurídica, y tres de sus antiguos dirigentes.
La fiscal Carmen Luciáñez dejó claro que su posición fue avalada por su antiguo jefe, José Javier Polo, hoy destinado en la Audiencia Nacional, y defendió con entusiasmo que no podía existir un delito de daños informáticos si lo que el PP destruyó fue parte de la contabilidad B de la que era propietario. También llegó a asegurar que el borrado de los discos duros no causó ningún perjuicio a la Administración de Justicia porque supuestamente el extesorero sólo guardaba en esos dispositivos datos sobre sus cuentas bancarias que llegaron con la comisión rogatoria cursada a Suiza.
La fiscal, que expuso argumentos que fueron reproducidos prácticamente palabra por palabra por el abogado del PP, Jesús Santos, se alineó con las defensas para impedir que el juicio fuera retransmitido por televisión y trató con suavidad a los acusados y con dureza al antiguo responsable de las finanzas populares. Al final de la vista, los abogados de las defensas estaban tan contentos que a alguno se le escapó que nunca habían asistido a un juicio en el que sus planteamientos hubieran sido tan cercanos a los de la acusación pública.
Alegando la prescripción del delito de prevaricación, la Fiscalía también pidió el archivo de la causa que se seguía contra Francisco Camps en un juzgado de Valencia por la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 que funcionó entre los años 2008 y 2012 y que, a pesar de la promesa del expresident de que no supondría ningún gasto para el erario público, acabó costando a los contribuyentes 300 millones de euros. La Generalitat valenciana, sin embargo, llegó a solicitar siete años de cárcel para él antes de que la Audiencia diera carpetazo definitivo al caso.
La Fiscalía de Segarra también consiguió que Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González y Manuel Cobo fueran exonerados de cualquier responsabilidad en la pieza del caso Lezo que se sigue por la adquisición de la empresa colombiana Inassa y rechazó la petición del PSOE de imputar a Esperanza Aguirre en esta causa a partir de un borrador de informe que nunca se llegó a presentar en el juzgado. Del mismo modo, se opuso a la admisión a trámite de las querellas presentadas contra el ex fiscal Anticorrupción con el PP, Manuel Moix, por no investigar la trama del Canal de Isabel II y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por decir que “el enemigo del futuro es la invasión islamista”.
Sin embargo, Anticorrupción no tuvo remilgos en denunciar ante el CGPJ a la jueza instructora de los ERE, María de los AÌngeles NuÌñez Bolaños, por la desatencioÌn y el retraso injustificado en sus resoluciones. La misma magistrada archivó la pieza sobre los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la que están imputados, tras la reapertura por parte de la Audiencia de Sevilla, varios ex altos cargos. Todos del PSOE.