Por lo que cada día cuentan los medios, sobre todo los de derechas -que no son pocos- y los que sólo saben de escándalos -que son muchos- se diría que la situación política española está al borde de una explosión. Yendo un paso más allá de esos titulares se comprueba, en cambio, que la cosa está más o menos como hace un año: que la oposición grita, gesticula, amenaza, exagera, deforma y miente, pero no consigue modificar un ápice su situación subsidiaria. Mientras que el Gobierno, asediado en distintos frentes, particularmente el judicial, se mantiene en su sitio y nada, salvo todo tipo de especulaciones, casi siempre interesadas, hace pensar que lo vaya a dejar antes de se cumpla el tiempo de la legislatura.
El denostado barómetro del CIS acaba de concluir que el guirigay mediático que nos abruma no modifica las perspectivas electorales. Sigue colocando al PSOE en cabeza y ve estancado el voto del PP; Vox mejora algo y Sumar se mantiene en el 7%. Algunas encuestas privadas vienen a decir lo mismo sólo que dando una ligera ventaja a los populares sobre los socialistas. En definitiva, que el ruido no altera las actitudes de las grandes masas de votantes. No es de descartar que buena parte de ellas no tenga interés alguno en la información política que destacan los medios.
Lo que cabe preguntarse es quién saldrá perdiendo si la pelea entre el Gobierno y la oposición sigue durante mucho tiempo, hasta las elecciones, por los mismos derroteros que hasta ahora. Es decir, que si las muchas ofensivas que se están librando contra el Gobierno -todas ellas, según parece, con un mismo origen y finalidad- terminarán por debilitar a la izquierda hasta el punto de hacerle perder sin paliativos las elecciones. O si tanta sobreactuación por parte de la derecha terminará por aburrir a una parte significativa de quienes rechazan a la izquierda o hará concluir a otros de ese mundo que el PP no tiene más ideas políticas que la de denostar a su oponente.
Habrá tiempo para descubrir cuál de esos efectos termina produciéndose. Porque todo indica que, aun venciendo las muchas dificultades que ya tiene delante y las que seguramente se le opondrán más adelante, Pedro Sánchez va a seguir gobernando. Incluso, asegura él y parece muy probable, si no consigue que el Congreso le apruebe los próximos presupuestos. Aunque eso está todavía por ver si va a ocurrir o no.
En contra de las primeras apariencias y de la información sesgada que nos acosa, el frente judicial se le va a aclarar bastante al presidente en un futuro a corto y medio plazo. No el que tiene que ver con José Luis Ábalos y Koldo García contra los que parece que hay indicios bastante sólidos de delito. Pero sí, a menos que se produzca un imprevisto cambio de escenario, a las implicaciones directas o indirectas de miembros del Gobierno en la trama de corrupción denunciada por Víctor de Aldama en el marco de ese escándalo. En privado, hasta personalidades próximas al PP reconocen que es cada vez más difícil creer a Aldama y en medios socialistas se preguntan cómo es posible que el juez que investiga el fraude de los hidrocarburos haya concedido la libertad provisional a un sujeto tan poco recomendable.
Entre los periodistas más atendibles se extiende la idea, nacida de fuentes jurídicas, de que no ha de pasar mucho tiempo hasta que el juez Peinado se vea obligado a sobreseer la causa contra Begoña Gómez, aunque con un magistrado tan atrabiliario y de antecedentes tan discutibles como ese nunca se sabe. Y lo mismo se dice de la investigación de la que es víctima el hermano del presidente. Más difícil es hacer pronósticos en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Porque, aunque los indicios en su contra se están debilitando, lo que está en juego es la intención política de la derecha judicial, al más alto nivel, de alejar sin paliativos a cualquier exponente de la izquierda de esas instancias y la experiencia dice que para ello está dispuesta a lo que sea.
En todo caso, ese asunto va para largo y el Gobierno no tiene intención de retirar su apoyo al fiscal general. Que indirectamente acaba de recibir el sostén de que la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial haya logrado que se apruebe un cambio sustancial en el procedimiento: el de que en un futuro sean justamente los fiscales y no los jueces quienes instruyan las causas. Algo que muchos profesionales reclamaban desde hace décadas, que ocurre en casi toda Europa y que si estuviera en vigor habría impedido que el juez Juan Carlos Peinado, por ejemplo, trajera a mal traer a Begoña Gómez.
En el terreno estrictamente político, Pedro Sánchez también tiene serios problemas. No tanto porque haya perdido la votación parlamentaria sobre el impuesto a las energéticas gracias a que Junts y el PNV han votado junto al PP. Que ese rechazo estaba previsto desde hace semanas y ese impuesto tampoco es una pieza fundamental del programa fiscal del PSOE, sino más bien una concesión a Sumar. Sino porque Junts y Carles Puigdemont están embarcados en una ofensiva que busca recuperar protagonismo frente a una Esquerra en dificultades y pueden poner en varios bretes al Gobierno en futuras votaciones parlamentarias, más allá de que pueden forzar una moción de confianza.
No parece que el PNV vaya a ser tan problemático y lo del impuesto a las eléctricas debería ser una excepción. Tampoco es de prever que el rifirrafe entre Yolanda Díaz y el ministro de economía Carlos Cuerpo a cuenta de los plazos de la reducción de la jornada laboral vaya a terminar en enfrentamiento abierto. Es de suponer que se encontrará una solución de compromiso y cabe recordar que una de las prioridades, obviamente interesada, de Pedro Sánchez, es que la líder de Sumar y su partido salgan del bajón en el que se encuentran desde hace algunos meses.
O sea que gobernar es difícil, pero es lo menos malo que puede pasar en política. Y que lo de verdad es duro es estar en la oposición.