No han pasado cien días, desde luego; tan solo dos semanas, pero, dado lo costoso y trabajado del logro de una mayoría parlamentaria para la investidura y de la existencia de un programa de gobierno para la “coalición progresista”, parece posible ir intuyendo el futuro inmediato a partir de los primeros pasos dados.
Porque, en efecto, hay ya primeros pasos y se pueden intuir también primeras intenciones de dar unos más y no dar otros.
La pasada semana ha sido, desde la acción de gobierno, la del anuncio –o algo así– de la reforma del Código Penal en relación con los delitos de rebelión y sedición, entre otros, para adaptarlos a la regulación de los países del entorno sociopolítico. Mucho se ha hablado ya sobre la cuestión y mucho más se hablará aún, teniendo en cuenta que todavía no se conoce siquiera una primera aproximación a la idea del Gobierno al respecto.
No cabe duda de que se trata de una cuestión muy peliaguda. De un lado, sorprende que esta propuesta no hubiera aparecido en los programas electorales de ninguno de los dos partidos coaligados en ninguna de las dos convocatorias electorales generales de 2019, siendo así que la cuestión era de la máxima actualidad e interés y que, particularmente en la campaña para el 10N, la sentencia sobre el procès ya se había dictado, lo que facilitaba expresar una intención en tal sentido. Pero es que, además, tampoco se recoge ni una sola palabra a este respecto en el programa de gobierno que se dio a conocer.
Personalmente, no veo inconveniente ninguno para una revisión del Código Penal. Es más, creo imprescindible reflexionar periódicamente sobre todas las normas básicas y analizar la problemática que su aplicación vaya suscitando. Pero convendría hacerlo con claridad y con decisión, sin sobresaltos ni oportunismos de ninguna clase y, sobre todo, con fidelidad a lo ofrecido al electorado o explicando las razones de la imposibilidad de llevarlo a cabo o de modificar los planteamientos. Y, en este sentido, habrá también de aclarar el Gobierno si el anuncio electoral del hoy presidente sobre la tipificación como delito de la convocatoria de referéndum ilegal sigue en pie o no, pues el momento de abordarlo sería, desde luego, el de la reforma del Código Penal, que debiera ser solamente una, pero profunda, en esta legislatura.
Pero también, afortunadamente, ha sido la semana del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en lo que se ha calificado –y sin duda lo es– como el primer éxito del Gobierno de coalición. Materia también muy sensible la laboral y uno de los ejes del acuerdo y de la legislatura. No está mal, pero nada mal, que los agentes sociales hayan acordado con el Ministerio de Trabajo la subida del SMI en un 5,5%.
Pero, siendo importante el efecto de este incremento notablemente en los salarios de los trabajos que se hallan fuera de convenio colectivo, que serían nada menos que unos dos millones de personas, resulta asimismo interesante y estimulante desde un punto de vista político más general. Así, es de resaltar que la patronal haya actuado, según deduzco de esta primera cita del diálogo social, de manera “independiente” de la situación de grave confrontación política y de cuestionamiento de la legitimidad de este Gobierno que está desplegando la derecha en una estrategia común.
Cierto que no es una gran subida del SMI y que no podrá mantenerse este ritmo “lento” si se quiere lograr el objetivo acordado por el Gobierno de coalición de alcanzar en esta legislatura de manera progresiva el 60% del salario medio en España –que alcanzaría así los 1.200 euros– siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea, pero también es cierto que es un buen comienzo que permite confiar en que la mesa de diálogo social que impulsa el Ministerio avance convenientemente.
Un buen primer paso, desde luego. Pero abriéndose, al mismo tiempo, la duda acerca del alcance de las reformas laborales que van a desplegarse. Leo y oigo a la ministra Díaz expresar, resumidamente dicho, que no puede derogarse toda la reforma laboral, pues ello no es técnicamente posible y sería irresponsable. Y me quedo atónita y sin palabras. No en vano leo también el programa electoral de Unidas Podemos para el 10N en el que, como primer paso, antes de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, se anuncia la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Y leo igualmente en el programa de gobierno que se derogará la reforma laboral y se recuperarán los derechos laborales arrebatados en 2012, sin perjuicio de que con carácter urgente se deroguen algunas materias concretas –el despido por absentismo por baja por enfermedad, la limitación del ámbito temporal de los convenios colectivos y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa–.
¿No sabía la ministra ni su partido ni quienes pactaron el acuerdo de coalición lo que ahora se nos dice? ¿Cuándo y por qué razones han cambiado de opinión en apenas dos semanas? Si desconocían las dificultades y lo prometieron, ha sido una gran frivolidad; si las conocían y prometieron lo que no iban a poder-querer hacer, es, cuando menos, una grave irresponsabilidad y, dicho suavemente, un gran engaño electoral.
Pero quedan por hacer, además, muchas cosas de las ya anunciadas en todos los terrenos y, particularmente, en el laboral, como la ratificación del Convenio n.º 189 OIT sobre el trabajo doméstico, que no pueden esperar mucho más tiempo y que deben hacerse ya, y no solo por así constar en el acuerdo de gobierno sino por ser de absoluta justicia y llevar pendiente desde 2011. El tiempo corre y no debe perderse ni un solo día.