Recién iniciada la legislatura, el Gobierno de Rajoy otorgó a Ausbanc subvenciones por importe de 220.550 euros sin que cumpliera los requisitos legales para ello. Con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, su ya desaparecido Instituto Nacional del Consumo (INC) inscribió al negocio de Luis Pineda en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios (Reacu) dos años después de que la Audiencia Nacional hubiera ratificado la expulsión que decretó en 2005 el Ejecutivo de Zapatero. Su anterior entrada en el registro se había producido a finales del segundo Gobierno Aznar.
Para que una entidad pueda ser reconocida como “asociación de consumidores”, uno de los requisitos que debe cumplir es carecer de “ánimo de lucro”. Además, tiene prohibido “realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios” y “dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores”. Así lo establece en sus artículos 23 y 27 el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ausbanc siempre vulneró todos esos requisitos, pero los gobiernos del PP no se dieron cuenta.
Pero además, para concurrir en las convocatorias de subvenciones a las asociaciones de ámbito estatal hay que cumplir otra condición: “acreditar un número mínimo de 10.000 socios individuales”. Ausbanc no llegaba a esa cifra ni de lejos. De hecho, los consumidores que se asociaban a ella ni siquiera podían considerarse auténticos socios, porque no podían participar en sus asambleas ni postularse para formar parte de su Junta Directiva.
¿Cuántos socios tenía realmente Ausbanc? Según las cuentas anuales de Ausbanc Consumo correspondientes a 2011, ese año ingresó 794.314,53 euros en concepto de cuotas de asociados. Una cifra que, de ser real, representaría como máximo las cuotas anuales -180 euros- correspondientes a 4.400 personas. Y ello siempre que en el concepto reflejado en las cuestas como “cuotas asociados” no se incluyesen las cantidades abonadas por los usuarios a Ausbanc por la interposición de las demandas judiciales.
Pero el Ministerio de Sanidad nunca verifica la veracidad del número de socios que aseguran tener las asociaciones de consumidores cuando optan a sus convocatorias de subvenciones. Un simple certificado firmado por el presidente de la asociación es aceptado como prueba de los socios declarados. Y ello pese a que contar con al menos 10.000 socios es requisito indispensable para poder optar a esta financiación pública y que se otorga en régimen de concurrencia competitiva, de manera que las que tienen -o dicen tener- más socios, reciben más puntuación al valorar los proyectos que presentan, y con ello más dinero.
Así que la comisión de valoración presidida por la presidenta del INC, Pilar Farjas, dio por buenos los más de 10.000 socios declarados por Pineda para optar a las subvenciones en 2012. Y también lo hizo el año siguiente. Farjas, entonces secretaria general de Sanidad y Consumo, firmó esos dos años sendas resoluciones que incluyeron ocho subvenciones destinadas a Ausbanc por un total de 112.350 euros en 2012 y 108.200 euros en 2013.
Las irregularidades en los socios declarados iban mucho más allá. Y es que todo apunta a que el número real de socios Ausbanc podía contarse con los dedos de una mano. Los cuatro miembros de su Junta Directiva y quizás unos cuantos más.
En su página web, Ausbanc no incluye entre las “ventajas de asociarse” la posibilidad de participar en las asambleas ni presentarse a miembro de la Junta Directiva. Sólo tiene un formulario con una “solicitud de alta como Asociado Adherido”. Esos “adheridos” aparecen en los estatutos de Ausbanc, pero no pueden ser computados como socios en convocatorias de subvenciones ya que la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación sólo reconoce como tales a quienes tengan derecho a “participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General”.
Una directiva de cuatro miembros donde Pineda no podía perder nunca
Por si fuera poco, los estatutos de Ausbanc Consumo impedían la creación de una Junta Directiva en la que Luis Pineda pudiera perder una votación.
El artículo 5 de sus estatutos establece que “la Asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva formada por: un Presidente y hasta tres vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán designados por la Asamblea General Extraordinaria, a excepción de uno de los Vocales, que podrá ser designado por el Presidente y ratificado después por la Asamblea General. Su mandato tendrá una duración de dos años”.
Numerus clausus de cuatro miembros para una directiva en la que, además, uno de ellos podía ser designado directamente por Pineda, lo que hacía imposible que pudiera perder ninguna votación. “En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad”, señala el artículo 6 de los estatutos.
Ausbanc ya se coló en el registro en 2002
Pineda creó Ausbanc en 1986. Tras muchos años de intentos fallidos, logró al final de la segunda legislatura de José María Aznar que fuera inscrita en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios (Reacu). Ocurrió el 9 de julio de 2002. Ese mismo día, Ana Pastor era nombrada ministra de Sanidad y Consumo, sustituyendo en el cargo a Celia Villalobos. Inmediatamente después, comenzó a recibir subvenciones del Instituto Nacional del Consumo. Una resolución dictada en octubre de 2003 otorgó a Ausbanc Consumo 149.527 euros.
Luis Pineda ideó en 2002 una argucia para lograr que Ausbanc fuera inscrita en el Reacu sin renunciar a sus ingresos millonarios provenientes de bancos, energéticas, compañías de telecomunicaciones… Lo primero era contar con un Gobierno cuyo responsable en materia de Consumo se dejara convencer. Lo segundo, fingir que su asociación no tenía ánimo de lucro ni servía de soporte publicitario para empresas. Así, desdobló Ausbanc en dos: Ausbanc Consumo (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), que se presentaba como asociación de consumidores sin ánimo de lucro integrada por personas físicas, y Ausbanc Empresas (Asociación de Usuarios de Servicios Financieros), el negocio que seguiría recibiendo dinero de multitud de empresas a través la venta de informes, el patrocinio de eventos y la edición de publicaciones llenas de anuncios.
El mero hecho de que la supuesta asociación de usuarios de Pineda se denominase igual que su histórico negocio -y por tanto lo publicitase- hubiera sido motivo suficiente para negarle la inscripción en el registro. Pero el ministerio de Sanidad y Consumo abrió sus puertas. Por si la fórmula no era suficientemente zafia, todas las personas físicas socias de Ausbanc pasaron a serlo de Ausbanc Consumo, y con sus cuotas se suscribían a los catálogos publicitarios de Ausbanc Empresas: la revista Ausbanc y el rotativo salmón Mercado de Dinero.
“Fuimos excluidos unos meses [del registro]”, aseguró Pineda durante su declaración ante el juez Pedraz el pasado 18 de abril. Pero lo cierto es que no fueron solo unos meses. En octubre de 2005, a comienzos del primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el INC expulsó a Ausbanc del Reacu por hacer publicidad comercial y con ello dejó de otorgarle subvenciones -con el PSOE en el Gobierno sólo las recibió en 2004, 149.328 euros-. El motivo de su expulsión fue un tanto simplón. Ausbanc Consumo tenía una revista, Justicia y Derecho, donde insertó publicidad de Ausbanc Empresas, algo que el INC consideró publicidad comercial y motivo para echarla del Reacu. Pineda logró suspender la expulsión a base de recursos, pero acabó ratificada por la Audiencia Nacional de forma definitiva en noviembre de 2010.
“Después llegó un nuevo gobierno y nos invitaron de nuevo a participar”, narró Pineda en respuesta a las preguntas del fiscal, Daniel Campos, el día que fue decretado su ingreso en prisión incondicional. Puede que se produjera fruto de una invitación, pero lo cierto es que el regreso del PP al poder trajo la inmediata reentrada de Ausbanc Consumo en el registro estatal de asociaciones de consumidores, concretamente el 16 de marzo de 2012. El presidente de Ausbanc llegó a ser nombrado miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) una vez que el Instituto Nacional del Consumo consideró que el negocio disfrazado de “asociación de usuarios” podía entrar en la categoría de asociaciones “más representativas”. El Ministerio de Sanidad de Ana Mato, con Pilar Farjas al frente de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, hizo caso omiso a las quejas que plantearon las asociaciones de consumidores.
“Me llama la ministra y me dice: hemos perdido, Luis, han ganado ellos”
Pero la expulsión de Ausbanc del registro acabó llegando de nuevo. Ocurrió el 28 de marzo de 2014 y la provocó el expediente abierto a raíz de una denuncia del BBVA, que desde que dejó de firmar acuerdos publicitarios con Pineda se había convertido en uno de los principales objetivos de sus ataques.
En su explicación al fiscal sobre la segunda expulsión del Reacu, Pineda afirmó: “Lo voy a descubrir hoy aquí. Porque me llama la ministra y me dice: hemos perdido, Luis, han ganado ellos”.
En su denuncia, BBVA aportó un completo informe sobre los ingresos de Ausbanc Consumo y cómo estos implicaban una clara vulneración de la legislación que regula a las asociaciones de consumidores. Durante la tramitación del expediente de expulsión, Pineda no quiso explicar al INC una serie de oscuras entradas de dinero existentes en sus cuentas.
Además, en las cuentas depositadas por Ausbanc Consumo en el Registro Mercantil relativas al ejercicio 2012 podía verse cómo a finales de ese año tenía invertidos 1,5 millones de euros en Ausbanc Empresas y unos 900.000 euros en Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL y otras “empresas del grupo”.
En relación a las subvenciones otorgadas durante años por distintas administraciones a Ausbanc “bajo el amparo de asociación sin ánimo de lucro”, el auto por el que se decretó el ingreso en prisión de Pineda señala que “a la vista de lo hasta ahora actuado se infiere que Ausbanc no podría acceder a la concesión de dichas subvenciones, puesto que no cumpliría con alguno o algunos de los requisitos exigidos en las mismas”.
Entre los motivos, el auto de Pedraz advierte de que “en prácticamente todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, lo que, como se sigue, no se cumplía ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado ad hoc”.
En los dos años que estuvo inscrita en el registro estatal de asociaciones de consumidores con el gobierno de Rajoy, Ausbanc recibió subvenciones para el desarrollo de ocho programas, consistentes en la elaboración de tres estudios, tres guías y dos campañas informativas. 112.350 euros por los cuatro programas subvencionados en 2012 y 108.200 euros para los de 2013. Subvenciones que ahora investiga el juez Pedraz.
No ha trascendido si Ausbanc justificó correctamente todos los gastos. Posiblemente tanto los responsables de haberlas otorgado como de su fiscalización tendrán que ofrecer detalles durante la causa abierta a la cúpula de Ausbanc y Manos Limpias.