En España los grandes debates siempre llegan tarde, o no llegan, lo cual caracteriza a una sociedad más pendiente de discusiones estériles que de alumbrar fórmulas para solucionar los grandes problemas que nos asolan.
Uno de estos problemas es la anomalía que supone una jornada laboral presencial mayor que en gran parte de nuestros homólogos europeos, consecuencia de unos horarios de trabajo irracionales que provocan serios problemas de salud física y mental. Ello está condicionando y lastrando, en parte, la salida definitiva del pozo del desempleo que, a pesar de las buenas cifras, sigue demostrando que nuestro paro estructural es una de las grandes asignaturas pendientes.
Los grandes números del empleo en España muestran una fortaleza no esperada por algunos gurús de televisión, pero también por algunas instituciones de clara ideología neoclásica, como la Airef o el Banco de España, cuyos augurios en octubre hoy deberían sonrojarles (algo que, obviamente no ocurrirá). El número de afiliados supera los 21,3 millones, se sigue reduciendo el trabajo a tiempo parcial, salvo en el sector público, donde la querencia por los despidos en verano raya lo irracional y desmonta muchos discursos de la propia vicepresidenta del Gobierno, cuyo desempeño, en cualquier caso, hay que alabar. En conjunto, la economía lleva creando empleo los últimos cincuenta meses, en cifras desestacionalizadas, algo que poca gente puede explicar, y sobre todo sigue sorprendiendo a las autoridades europeas. Junto a esto, y mirando la Balanza de Pagos, el empleo no turístico, más centrado en la tecnología y con elevado valor añadido, comienza a tener cifras muy halagüeñas, lo que permite ser optimistas, respecto a nuestra capacidad de formar empleo cualificado.
Las grandes sombras del empleo están en la tasa de paro, sin bajar del 11% a pesar del ciclo alcista, próximo a su cenit, lo cual nos dice que existen cuellos de botella que tienen que ver con la obsesión por el déficit público y la deuda. Su control irracional por parte de la Comisión Europea se demostró muy peligroso y doloso durante la crisis del 2008, siendo corregido a lo largo de la pandemia, decisión que debería ser el faro para desmontar las reglas fiscales.
La estructura del paro estructural se asienta en cuatro elementos. Por un lado, una población joven desencantada, aunque en franca reducción, en la que coexistien jóvenes formados y no formados. En segundo lugar, una enorme bolsa de mujeres que siguen sin encontrar empleo, a pesar de tener las mujeres su récord de ocupación, siempre por debajo de la jornada deseada. En tercer lugar, fruto del edadismo galopante de nuestras empresas, mayores de 45 años que, una vez salen de las empresas, su empleabilidad y nivel de actividad quedan en mínimos respecto a la media europea. Por último, seguimos muy lejos de las tasas de empleo y actividad de las grandes economías del norte de Europa, lo que permite aseverar que faltan políticas audaces y empresas más grandes y modernas.
Estas grandes cifras de empleo, sin embargo, chocan con otra realidad más sombría. La desigualdad sigue creciendo, a pesar de que las subidas del salario mínimo han ayudado a más de un millón de personas a salir de las cifras –cuestionables– de la pobreza severa, según una entidad bastante sospechosa como es el FMI. Esta desigualdad, muy presente en países con baja densidad sindical y escaso peso del empleo industrial, se acrecienta por el pésimo diseño y ejecución de las escasas ayudas familiares que tenemos en España. Otorgar la responsabilidad de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar al cuerpo de funcionarios de élite del país, cuya fobia y animadversión hacia el combate de la desigualdad es manifiesta, explica el escaso impacto del Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo. España es uno de los países más regresivos en el diseño de ayudas públicas y resulta grotesco que las rentas medias, e incluso altas, reciban más ayudas, que las rentas más bajas.
Junto a la desigualdad creciente, la formación de salarios sigue adoleciendo de una visión racional de lo que supone la demanda efectiva, frente al chamanismo irracional de las políticas de oferta (supply side). Aquí, lo que subyace es la dirección de causalidad entre crecimiento salarial y productividad. Para los economistas de oferta, la dirección está clara. Solo si aumenta la productividad se podrá mejorar el salario. Por el contrario, hay mucha literatura, que obviamente no se enseña en las universidades, que demuestra que es al contrario. Un mayor salario mejora nítidamente las cifras de productividad, por lo que sin duda estamos ante un fracaso de las políticas neoclásicas que preconizan la austeridad expansiva, fruto de la negación de que hay otro marco conceptual que podría cambiar la estructura salarial de nuestro país.
Este empecinamiento sobre las bondades de pagar mal en España, obliga a muchos compatriotas a emigrar hacia economías donde sí se valora la formación en España y se remunera conforme al valor creado, no como aquí. Parece un contrasentido que un médico en España sobre tres veces menos que en otro país, con la misma formación. Lo mismo habría que decir de ingenieros y muchas otras profesiones. En consecuencia, las teorías sobre qué es la productividad, lo que permite subir los salarios, tiene muchos contraejemplos.
Esta misma aproximación neoclásica también se aplica al debate surgido sobre la duración de la jornada laboral. Este debate, que tiene varias aproximaciones, no se puede desligar de otro adyacente, que es la estructura de horarios de trabajo en España. El abuso de la presencialidad en muchas profesiones, junto a las jornadas partidas y tiempo de comida de dos horas, supone una anomalía histórica que las empresas se resisten a modificar, lo que convierte a la CEOE en un actor más de la serie Cuéntame. Ello puede hacer gracia a quienes le apoyan, pero está causando un grave problema económico –baja productividad por descenso de ciclos circadianos a partir de un punto–, pero también de salud física y mental. Existen numerosos estudios, yo mismo hice uno para el Ministerio de Trabajo hace años, que demuestran que la modificación de horarios de trabajo en línea con las mejores prácticas europeas supondría un incremento de la productividad de algo más del 2% anual. Esto debería ir acompañado con la elaboración de una norma similar a la británica Ley del Tiempo de Trabajo, que obliga a las empresas a facilitar modificaciones de entrada y salida del puesto de trabajo, e incluso de organización del tiempo semanal, llegando a modificar incluso qué días de descanso se pueden disfrutar.
Este tipo de políticas las debe de pilotar el Estado, y no quedar al albur de la negociación colectiva, dada la menguante densidad sindical que dejaría a muchos trabajadores fuera de poder acceder a este tipo de cambios en la jornada laboral.
En conclusión, en España hay margen para un cambio drástico en los horarios de trabajo, con jornadas más flexibles y más cortas, que podrían incrementar la productividad y deberían ir acompañadas con mejores salarios. Hay que desterrar las políticas de oferta y la obsesión por el desarrollismo y la presencialidad para deleite de bares y restaurantes, que son, a la postre, los que frenan, junto con una CEOE muy alejada de la modernidad, este cambio estructural en los horarios de trabajo. Junto a todo esto, hay que poner en marcha planes de empleo garantizado que permitan ocupar a más de 1,5 millones de personas, lo que podría llevarnos a la primera división de las políticas socialdemócratas de verdad.