Como lo mencionaba en la columna anterior, por estos días voy a estar abordando temas relacionados con la reforma a la ley de salud sexual y reproductiva que se plantea desde el Ministerio de Igualdad. Esta semana quiero hablar de un tema que llamó mi atención cuando supe de la propuesta de reforma y es el hecho de que el aborto y la violencia obstétrica puedan quedar amparadas bajo la misma ley y más aún, que quepa la posibilidad –al menos en mis planteamientos imaginarios- de que se reconozca que la violencia obstétrica no solo se sufre en el embarazo, el parto y el posparto; sino también en el aborto. Una de las dudas que tengo en este momento como seguidora de estos temas es ¿cuál será el alcance que se le dará a la violencia obstétrica? ¿Se enmarcará dentro del concepto tradicionalmente reconocido o se aprovechará este impulso social y legislativo para reconocerla también en la dimensión del aborto?
Lo que comúnmente conocemos de la violencia obstétrica es la que va de tratos deshumanizantes que recaen sobre las mujeres y personas en situación de embarazo, parto y posparto; pues bien, los malos tratos que reciben las mujeres embarazadas que deciden no llevar ese embarazo a término –por la razón que sea- también son violencia obstétrica. Hablar de esto no es tan sencillo porque si ya ambos conceptos por sí solos causan bastante revuelo, podemos hacernos una idea de lo que pasa si se juntan –y doy fe de ello con todos los insultos que recibo en redes cada vez que hablo de estos temas. Sin embargo, el derecho a decidir de manera libre sobre el propio cuerpo y sobre el deseo o no de ser madre, sin que eso implique daño o discriminación alguna, es un derecho humano y de eso hay que hablar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara en la importancia de los abortos seguros y de cómo ello es determinante en la morbimortalidad de las mujeres en el mundo y en cómo ese aborto seguro pasa por garantizar la toma de decisiones de manera informada y voluntaria, la no discriminación, la confidencialidad y ser sensible a sus necesidades en ese momento. Pero no nos vamos a decir mentiras, la mayoría de las veces esto no sucede.
Las mujeres que deciden interrumpir el embarazo están contrariando la imposición social de dar vida, como ese fin último de la realización de toda mujer y eso a cierto sector de la sociedad le incomoda mucho. Tanto como el hecho de que tengan una vida sexual plena y disfruten del placer. Tal vez por eso en ambos casos, pariendo o abortando se naturaliza que un coste a pagar sea el dolor (no olvidemos frases sumamente típicas en los paritorios como “cuando lo hiciste no lloraste, no llores ni grites ahora”, “te gustó lo dulce, ahora aguántate lo amargo”). Pero pensemos por un momento; si las que paren y cumplen con la expectativa social reciben tratos lesivos absolutamente normalizados, reforzados también bajo la idea religiosa del “parirás con dolor”; qué podemos esperar de lo que les pasa a esas que han cometido la osadía de ir en contra de su “naturaleza”, las que han decidido abortar, las que han decidido “matar”.
Las primeras barreras que deben atravesar las mujeres que deciden abortar son la criminalización a la que se exponen, los trámites burocráticos administrativos y en ocasiones judiciales. En España hay 12 provincias en las que no se ha reportado ni un solo aborto en años y no es porque las mujeres no lo hayan solicitado, sino porque no se los han querido realizar.
Las mujeres que han acudido a realizarse un aborto saben lo que es en muchas ocasiones recibir trato peyorativo y ser privadas del derecho a la intimidad. Así por ejemplo ser llamadas a la consulta como “que siga la que viene a abortar”, que no les ofrezcan privacidad para la consulta y el examen físico, retrasarles el procedimiento, revictimizarlas, intentar convencerlas de que cambien de opinión, o en el momento del procedimiento ponerlas aguantar sed, hambre, frío, que les realicen un legrado sin anestesia o que se nieguen a tratarles el dolor.
La primera vez que leí sobre esto fue hace algunos años, en un documento del Grupo Médico por el Derecho a Decidir – Colombia, profesionales de la medicina que son parte de una red mundial “Global Doctors for Choice” y que reivindican el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, con base en el respeto a la autonomía de sus decisiones. En aquel momento me resultó muy interesante y a día de hoy sigo creyendo que es algo que poco se trata en el debate público y a veces incluso en la agenda feminista. Hablo concretamente de la denominación, de la incorporación de todos estos malos tratos en el concepto formal de violencia obstétrica, de reconocer que la violencia obstétrica implica una definición más amplia que las agresiones que suceden en el embarazo, el parto y el posparto; e incluso solo en los hospitales y clínicas, pero eso es otro tema, del que he hablado antes un poco por aquí.
No sé cuál será el enfoque que tendrá el concepto de violencia obstétrica en la ley, ya su sola incorporación es un enorme avance. De ahí la importancia de que sigamos hablando y visibilizando la violencia obstétrica también durante el aborto, una realidad que sufren las mujeres que han decidido no parir y a las que la sociedad ha venido respondiendo con criminalización y culpa. Sobre eso, también se tiene que hablar y legislar.