No es que hubiera mucha expectativa sobre la inclusión de temas sobre igualdad y derechos de las mujeres en el discurso del presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación. Y esto no porque estos temas no estén presentes en la actualidad y la coyuntura política de los últimos meses.
Sabemos que la desigualdad crece en España de forma alarmante y, en este contexto, suelen ser los derechos de las personas que son más cuestionados y están menos consolidados los que sufren las peores consecuencias. Las mujeres suelen ser mayoría entre las personas que se ven más afectadas por las reformas y los recortes presupuestarios y de derechos, y algunos indicadores sociales nos lo están empezando a mostrar claramente.
Los efectos de la reforma laboral y de las administraciones públicas sobre el empleo de las mujeres y la mayor precarización de condiciones laborales, el incremento de la criminalidad relacionada con delitos de violencia de género comunicada hace tan sólo unos días por el Ministerio del Interior, el incremento de dificultades en materia de conciliación derivadas de los menores apoyos a las familias en la atención y cuidado a la dependencia, la desaparición de la educación para la igualdad de las escuelas y, por supuesto, los planes del gobierno en materia de salud sexual y reproductiva y la reforma del aborto podrían haber sido algunas de las menciones. Pero no ha habido ninguna. Ni un solo anuncio, ni una sola medida para reparar o apoyar estas situaciones. De hecho ni la palabra “igualdad” ni las palabras “mujer” o “mujeres”, ha sido mencionada a lo largo de un discurso que ha durado hora y media.
Pero era de esperar, porque lo cierto es que uno de los efectos de la crisis, que se ha hecho notar particularmente desde el inicio de la legislatura, es la pérdida de centralidad de las políticas de igualdad. La igualdad ha desaparecido de los discursos, y como muestra el botón del discurso del presidente. Pero lo más importante es que están desapareciendo de la gestión política. La igualdad y la situación social y los derechos de las mujeres no son, en absoluto, una prioridad política en la puesta en marcha y desarrollo del intrincado plan de reformas que lleva adelante este Gobierno. Prueba de ello es que la mayor parte de las políticas que se están poniendo en marcha, se diseñan, se debaten, se aprueban sin la participación del ministerio, incluso cuando se trata de temas que, como el aborto y la salud sexual y reproductiva, deberían ser de entera preocupación y ocupación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Así que no, no había mucha expectativa y habrá que esperar que la intervención del resto de los grupos políticos logre poner en su sitio, aunque sea en modo de réplica, algunos asuntos que sí son de entera preocupación por parte de la sociedad española y especialmente alguna pista sobre cómo van a reparar el lío de la reforma del aborto en el que se ha metido el propio Gobierno sin ayuda de nadie.
Esperemos que la respuesta no sea aquello de que la igualdad ni está ni se la espera en los planes de gestión de un Gobierno que demuestra, a cada paso que da y en cada balance que hace de su propia gestión, que su interés por la mejora de la situación económica no deja sitio para preocuparse por la situación de las personas en general y de las mujeres en particular.