Hace unos meses se publicó la versión definitiva del año 2020 del Índice Mundial de Innovación (GII, por sus siglas en inglés). Se trata de un ranking elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), entidad perteneciente al sistema de Naciones Unidas, que se propone ordenar a los países en función del grado de desarrollo de sus sistemas de innovación. Este ranking evalúa a un total de 131 países agrupados por nivel de ingresos, que en total representan el 93,5% de la población mundial y el 97,4% del PIB mundial medido en paridad de poder adquisitivo en dólares corrientes.
El índice general (The overall GII Score) se construye mediante la agregación de dos sub índices, uno correspondiente a los inputs de la innovación (Innovation Input Sub-Index) y otro correspondiente a los outputs (Innovation Output Sub-Index). Cada uno de ellos está compuesto por una serie de pilares (apéndice II) que capturan los principales elementos que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras dentro de un país como son las instituciones, el capital humano, las infraestructuras, el grado de sofisticación de los mercados y de las iniciativas empresariales en el caso de los inputs. Y el resultado de dichas actividades en términos de conocimiento, de tecnología y de creatividad en el caso de los outputs. Estos pilares se nutren a su vez de un conjunto de variables (apéndice III) que se cuantifican mediante los esfuerzos estadísticos previamente realizados por organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE, el FMI y Eurostat entre otros, sobre los cuales existe un amplio consenso estadístico a pesar de las limitaciones existentes tanto en los mecanismos de obtención de datos como en la propia cuantificación de los ítems medidos.
Hay que reconocer que esta metodología deja fuera cuestiones cualitativas relacionadas con las estructuras de poder que dominan la economía mundial, y adolece de una cierta concepción superficial sobre los resultados de la innovación (outputs) que no recoge del todo los posibles efectos transformadores sobre las estructuras económicas de los países. No obstante, el índice adopta positivamente una perspectiva inclusiva del concepto de innovación. Por tanto, contribuye a entender la complejidad de los sistemas de innovación modernos donde intervienen diferentes agentes económicos (tanto públicos como privados), diferentes infraestructuras (tanto físicas como digitales), diferentes dimensiones (productiva, comercial, financiera, tecnológica, educativa...) y diferentes procesos (mercantilizados o no).
Entre las principales conclusiones del informe se encuentra el previsible descenso a nivel general que se producirá a partir de este año 2021 en la inversión en I+D (principalmente de origen empresarial) a consecuencia del escenario recesivo que está configurando la crisis de la COVID-19. Sin embargo, las inversiones de grandes empresas de los sectores tecnológico, farmacéutico y biotecnológico pueden compensar las caídas en sectores tradicionales más afectados por la crisis como el transporte, logística o turismo. A su vez, las inversiones públicas deberán superar su carácter de ayuda y emergencia ante la pandemia para adoptar una posición explícitamente activa de financiación de la innovación y la creación de empresas emergentes si se quiere superar esta crisis y sentar las bases de un progreso sostenible en el tiempo.
Respecto a la actividad del capital riesgo, principal fuente de financiación contemplada en el informe, se prevé una concentración de los decrecientes fondos en los principales polos de atracción, tanto geográfica (Singapur, Israel, China, Hong Kong, Luxemburgo, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido) como sectorial (actividades científicas, técnicas y tecnológicas).
A nivel nacional las economías emergentes como China, India, Vietnam, Malasia, Filipinas o Indonesia continúan reduciendo su distancia frente a las ya clásicas economías líderes en innovación como Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos o Corea. Por otro lado, continúa existiendo una fuerte heterogeneidad en los resultados tanto de la región de América Latina y el Caribe como del continente africano, con el liderazgo principal de Brasil, Chile y Uruguay; y Sudáfrica, Túnez y Marruecos respectivamente.
Entre toda esta información, ¿qué pasa con España? ¿Dónde estamos?
España, como país del grupo de ingresos altos, se encuentra en la posición número 30, habiendo retrocedido un puesto con respecto al índice de 2019. Entre las fortalezas de nuestro país, el índice destaca 1) el elevado nivel de escolarización en la enseñanza universitaria, 2) el compromiso con las actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental, 3) el potencial de escalabilidad del mercado doméstico, 4) el gasto en I+D de las tres principales empresas globales y 5) el grado de participación y desarrollo de las tecnologías de la información y la telecomunicación. Por otro lado, respecto a las principales debilidades, el índice hace hincapié en 1) las facilidades para emprender iniciativas empresariales, 2) el acceso al crédito y los niveles de inversión privada, 3) la formación bruta de capital fijo en infraestructuras como % del PIB, 4) el gasto en educación en % del PIB y 5) las colaboraciones entre el sector educativo y el sector industrial.
Como conclusión sobre las evidencias que recoge este índice, podríamos decir que a pesar de las limitaciones que pueden tener su construcción y las variables seleccionadas, es una herramienta funcional para conocer el estado en el que se encuentran los países en términos de innovación. Entendiendo esta como la pieza clave que hace que todo el engranaje económico-social-político funcione de manera propicia.
Dada la coyuntura actual y la proximidad de los fondos europeos del programa Next Generation EU todos los esfuerzos por identificar algunos de los aspectos clave en los que los diferentes responsables políticos y económicos deberían poner el foco, son útiles y necesarios. Y este aspira modestamente a ser uno de ellos.
En una fase histórica de la economía mundial como la que nos encontramos, en la que la que el unilateralismo, las desigualdades y la debilidad estructural de las economías con respecto al crecimiento económico amenazan las posibilidades reales de mejorar la vida de las personas, la innovación llevada a cabo de manera colaborativa entre diferentes agentes de índole nacional e internacional se vislumbra como la única solución para dar respuesta a los principales retos que tenemos por delante. Empezando por poner freno a la pandemia de la COVID-19 que continúa expandiéndose por todo el mundo, y continuando por revertir la incipiente crisis ecológica derivada de nuestros modelos de producción y consumo que genera problemas tan acuciantes como el cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales. A lo que debemos añadir la necesidad de modernizar nuestros aparatos productivos para hacerlos más eficientes, sostenibles y resilientes ante amenazas externas, y la exigencia de reducir los desequilibrios sociales que imperan en nuestras sociedades como la pobreza, la polarización y la discriminación de raza o género.
Todavía está por determinar cuál será el marco institucional y los instrumentos más adecuados para implementar los fondos europeos en nuestro país. Además, habrá que realizar una ardua tarea de evaluación del impacto y la capacidad transformadora de los mismos. Tareas no menos importantes que la propia transformación estructural que necesita nuestra economía. Pero lo que queda claro es que España debería utilizar estos recursos para ganar posiciones en éste y otros índices similares, siendo ello el reflejo de una (necesaria) modernización de los procesos que rigen nuestra economía actualmente.
Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.