Hablar de infancia está de moda. También en el discurso político. Es políticamente cool comprometerse a ayudar a los niños desfavorecidos, reclamar que se construyan escuelas infantiles, o mostrar una firme determinación a ampliar los presupuestos en educación porque, ya sabemos, nos estamos jugando el futuro y tal. Gusta citar estudios anglosajones que avalan los efectos beneficiosos de las intervenciones públicas que se realizan en la etapa infantil para corregir desventajas sociales que violan la igualdad de oportunidades en la vida. Acredita que se lee inglés, se está al corriente de lo que se debate en el mundo, y uno se adhiere a la política basada en evidencias, no como otros… Hablar de infancia es, para quienes se comportan de este modo, lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba una estrategia para exhibir “distinción”.
Pero me temo que las modas dan poco más de sí. Hace dos años escribí un artículo en Agenda Pública en que mostraba –apoyándome fundamentalmente en fuentes secundarias– cómo los programas destinados a la infancia habían sido grandes paganos de las políticas de consolidación presupuestaria. Durante la crisis, las partidas que las Administraciones Públicas gastaban en infancia habían perdido peso relativo en el conjunto del gasto social que realizaban tanto las Comunidades Autónomas como el Estado Central. Eso no ha ocurrido con todos los programas sociales, ni con la misma intensidad.
Hace dos semanas se dio a conocer el acuerdo entre PP y Ciudadanos sobre los presupuestos de 2017. La prensa y los propios negociadores desgranaron partidas sociales que se incrementarán, hasta llegar a 2.000 millones adicionales. Albert Rivera lo ha calificado como un “giro social y económico” que, gracias a Ciudadanos, pone fin a la austeridad. Luis Garicano se refiere al acuerdo como el hito que hará posible que el crecimiento llegue a todo el mundo. Loables propósitos, que parecen ignorar interesadamente que el PP había anunciado ya antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que iba a incrementar el gasto social en (precisamente) 2.000 millones. Lo terminaron llamando la Ruta Social.
En el relato que realizan los representantes de Ciudadanos aparecen algunas lagunas y muchos puntos oscuros. El primero y fundamental es qué ha ocurrido con el Pacto firmado con el PP hace solo siete meses, los llamados 150 compromisos para mejorar España. En ese Pacto aparecía una clarificadora tabla en el Anexo, donde se desgranaban con detalle dotaciones presupuestarias para distintos programas de gasto, acompañadas de los ingresos que permitirían financiarlas. Se trataba de un ejercicio de transparencia encomiable, que facilita la rendición de cuentas.
Y la rendición de cuentas en el proyecto de presupuesto de 2017 arroja un resultado que, en el terreno social, resulta devastador. La partida que se acerca más a la anunciada en agosto es la que corresponde a los recursos destinados a políticas de activación. En el acuerdo de investidura se anunciaba un Programa de Activación para el Empleo (PAE PLUS) de 500 millones, y en los presupuestos hay un incremento de 284 millones dedicados a Fomento de Empleo. De este incremento, buena parte se va a convertir en reducción de cotizaciones a bonificaciones a la contratación (a pesar de la evidencia, muy abundante, de que sirven de bien poco). Las partidas de créditos destinados a orientación profesional y agencias de colocación experimentan un incremento de 65 millones para potenciar la atención personalizada a desempleados de larga duración. También, 66 millones adicionales van destinados a créditos para actuaciones de carácter formativo.
Hasta ahí existe alguna correspondencia entre lo suscrito en agosto y las dotaciones presupuestarias, y empiezan grandes desajustes. El Complemento Salarial Garantizado, al que asignaron 1.300 millones en agosto –7.000 originariamente en el programa electoral de Ciudadanos–, se queda en 500 millones.
Más demoledora si cabe es la rebaja sustancial de las partidas dedicadas a infancia respecto a los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura. Todos los capítulos (y son varios) que en el acuerdo comprometían gasto adicional para niños o familias con niños experimentan recortes mayúsculos. La partida extra destinada a luchar contra la pobreza infantil (lo que en el acuerdo se llamaba Plan Infancia) pasa de 1.000 a 340 millones, una rebaja del 65%. En esos 340 millones ahora comprometidos se incluye un programa de “ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil” de 102 millones (programa FEAD) y 140 millones para un programa de reasentamiento y reubicación de refugiados.
Como denuncia Save the Children, solo 100 millones están destinados explícitamente a la lucha contra la pobreza infantil. Esos 100 millones sólo suponen un aumento de 25 millones dirigidos a la pobreza infantil respecto a la prórroga de los PGE 2016.
La nueva partida asignada a permisos parentales pasa de 400 a 230 (lo que supone un descenso del 44% respecto a lo anunciado). El gasto en libros de texto gratuitos anunciado en agosto en 350 millones de euros se queda en 50 millones (-85%), de los que 25 son adicionales a los existentes. El plan de refuerzo educativo (Plan Prefe en agosto) tiene asignados 30 millones, en lugar de los 60 comprometidos en el acuerdo de investidura (-50%). En el nuevo acuerdo ya no se menciona la inversión en Educación de 0-3 años, que en agosto se cifraba en 300 millones, y constituía una de las iniciativas estrella del programa educativo de Ciudadanos.
En total, el proyecto de presupuestos destina a familias/niños –siendo generosos y admitiendo que en este capítulo caben las partidas que van a refugiados o programas alimentarios– 1.400 millones menos que los que se firmaron hace apenas siete meses. Nada invita a pensar que las necesidades que detectaron entonces y motivaron las propuestas (altas tasas de pobreza infantil, niveles bajos de escolarización 0-3 en familias desfavorecidas, infradotación de programas de refuerzo educativo que habían acreditado impactos positivos, permisos parentales demasiado cortos) hayan remitido, y las partidas ya resulten superfluas.
Es de lamentar, pues, el reajuste de las prioridades presupuestarias de Ciudadanos, e irritante el triunfalismo con que se anuncian. Ciudadanos contaba con un buen programa en lo que se refiere a atención a infancia, y en diversas declaraciones públicas sus dirigentes parecían haber comprendido la importancia de los compromisos en este campo. Así lo evidenciaron suscribiendo un acuerdo en febrero de 2016 con el PSOE de Pedro Sánchez en que unos y otros parecían coincidir en otorgar un peso relativo elevado a la inversión en familia e infancia (a través del Ingreso Mínimo Vital, la extensión de los permisos parentales o la expansión de la escuela infantil).
Los negociadores de Ciudadanos continuaron apostando por la infancia en el acuerdo de investidura con el PP de agosto de 2016, aunque rebajaran sustancialmente las ambiciones. Su débil posición negociadora podía justificar en parte esa escasa determinación a defender sus postulados programáticos originales. De ahí, el jarro de agua fría que supone el acuerdo presupuestario firmado ahora.
Mucho se ha dicho sobre la importancia de la inversión en familia e infancia. Quizás es innecesario abundar en ello. Sobran argumentos, sobran evidencias a favor, sobran declaraciones solemnes y compromisos programáticos. En lo que parece necesario poner el foco es en la vulnerabilidad de las demandas a favor de la infancia. Cuando entran a competir con otras demandas y reivindicaciones para obtener asignaciones presupuestarias, tienen todas las de perder. Los políticos parecen convencidos de que basta exhibir preocupación y sensibilidad por el tema (bueno, el PP generalmente ni siquiera eso). Consideran que, o bien no es gasto tan prioritario, o bien sus bases de apoyo no les van a recompensar por este tipo de compromisos ni castigar si no cumplen sus promesas.
El reto que tenemos quienes creemos que la infancia no debe ser el eslabón débil de cualquier proceso de negociación presupuestaria es, pues, doble. Debemos insistir en la importancia de la inversión en infancia, brindando de la manera más efectiva argumentos y evidencias. Pero es necesario ir más allá. Hay que construir coaliciones de apoyo amplias hacia esas políticas, que se muestren dispuestas a reprobar y castigar a políticos que se sientan tentados a relegar las políticas de infancia en sus compromisos presupuestarios.
Al mismo vagón pueden subirse izquierdistas y progresistas de todo pelaje preocupados por la justicia social y la cohesión, liberales contrarios al privilegio y partidarios de la igualdad real de oportunidades, feministas comprometidas en hacer real la conciliación de vida laboral, familiar y personal, incluso conservadores que ven amenazada la estabilidad social a causa de la generalización de problemas sociales que germinan en la infancia y la adolescencia. La causa lo merece, y lo necesita.