Habremos de establecer una máxima para el tiempo que Pablo Casado se mantenga en el cargo de presidente del PP: cuanto más desaforadamente grita e invoca los más altos valores éticos y legales, mayor ha sido la pifia que intenta encubrir. Y este jueves en el Congreso, el Partido Popular, secundado por Vox, llegó a la cima de lo admisible. Lo ocurrido es un auténtico espantajo pero haríamos mal en hacerlo pasar por una frivolidad: son unos hechos de enorme gravedad que no pueden quedar impunes... una vez más. Los populares no son los únicos que han derrapado en su conducta política. De ahí que sea imprescindible poner un punto final a esta deriva antidemocrática. Es inaguantable, incompatible con una convivencia sosegada.
Se abordaba la convalidación de la Reforma laboral del gobierno pero el objetivo real era agrietar la coalición y en un sentido amplio y compartido devaluar a la política más valorada: la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero el esperpento nacional se impuso para demostrarnos el terrible momento que vivimos. La derecha nacional, trufada de trumpismo, está desplegando una potente escalada en la agresión a la democracia, confirmando hasta dónde puede conducirnos la impunidad de la que goza para sus tropelías.
Todo confluye: errores propios y ajenos, ambiciones indisimuladas, la degradación de las instituciones que todo trumpismo o golpismo busca para desestabilizar el orden constitucional. Es la guerra y hay manga ancha para desarrollarla, las piezas están colocadas y las tribus cegadas se apuntan a la batalla. Desde flancos diversos que sirven solo a su propio interés.
Hoy deberíamos estar hablando de una Reforma Laboral que devuelve derechos a los trabajadores. De entrada, buena parte de los que la ley del PP les quitó. La reforma de Rajoy en 2012 era una auténtica vergüenza. La sacó adelante la ministra de trabajo Fátima Bañez con la ayuda de la Virgen del Rocío y fue un cambio de paradigma, y eso que se partía ya de derechos mermados por otros recortes y de algunos nunca conseguidos.
La aprobada por el gobierno de coalición, sin derogarla, contiene mejoras clave para los trabajadores: desde restringir el trabajo temporal a la subida de salarios, en algunos casos de notable cuantía. Pueden verlo en el trabajo previo de Laura Olías. Pero existe un juego de intereses que no se mueven por el bien de la mayoría. Ignacio Escolar lo explicaba con acierto: seguir con la ley del PP tal cual estaba era una grave irresponsabilidad. Pero por diferentes razones cada cual andaba jugando sus cartas.
Yolanda Díaz, en nombre del gobierno, había logrado el acuerdo impensable entre empresarios y agentes sociales, faltaba la política y allí tocaba barrer cada uno para su casa y la faena se desmandó al límite. Los socios de investidura, ERC en particular, confiados en que la ley saldría adelante, buscaban obligar al gobierno de Sánchez a derechizar sus apoyos como lección. El PP iba a por todas, con Vox, y el PSOE ajustó en demasía los votos con los que contaba.
Los dos diputados de UPN engañan a todo el mundo y ocultan su no a la reforma hasta el mismo momento de la votación para que nadie reaccione. Se les ha visto, poco antes, reunidos con Cuca Gamarra y Espinosa de los Monteros. El tamayazo está amarrado, les ha salido bien tres veces con anterioridad, la más reciente -aunque no tan desvergonzadamente explícita- en Murcia, la primera y definitiva la que instaló a Esperanza Aguirre y al PP más corrupto en Madrid. Y nunca ha tenido repercusiones. Lo hacen con tal soltura y tales apoyos judiciales y mediáticos que aun se puede leer casi medio siglo después: “presunto transfuguismo”. Igual es que a Tamayo y Sáez les dio un síncope ideológico. La reforma queda rechazada. Y entonces se obra el milagro: un diputado del PP, Alberto Casero, se ha equivocado en el voto telemático. Se equivoca él porque los controles para dar seguridad a la fórmula piden confirmar el voto marcado. Se despistan con frecuencia: en la misma sesión lo hicieron 79 diputados del PP en otro asunto, el mismo Alberto Casero. El reglamento estipula que no se repite la votación. El PP lo sabía. Precisamente su portavoz nacional y alcalde de Madrid, Martínez Almeida se refirió en términos de “justicia divina” a un caso similar. Divina, no poética. Pero el PP plantó batalla desde el primer momento, elevando cada vez más el grito. La sorpresa por el fiasco tiene una imagen de lo más expresivo. Saltaron en sus asientos del hemiciclo en donde saboreaban la victoria.
Y aquí emergen los lodos largamente acumulados. En el Congreso falta el escaño de Alberto Rodríguez de Unidas Podemos. Por decisión de la presidenta, del PSOE, Meritxel Batet, que ha quedado con aquella decisión en entredicho. Es fácil para el PP agarrarse a esa debilidad en este caso en el que no llevan ninguna razón. Ninguna.
El PP dice que recurrirá al Tribunal Constitucional. Ese órgano que se renovó al gusto de su partido -apoyado por los votos del gobierno-, metiendo un par de piezas de su factoría. En otros tribunales ya vemos que Aguirre es una y otra vez liberada de responsabilidades por sus acciones de gobierno que han causado daños. A su pupila, Díaz Ayuso, nadie la toca tampoco a pesar de los protocolos de la vergüenza en los geriátricos.
El asalto al pleno municipal de Lorca, Murcia, con un relato construido con bulos por el PP e instigado por Vox, no se está saldando con la contundencia que exige semejante ataque a las instituciones del Estado de Derecho. Y, a ver, si uno tiene el cuerpo golpista -por poner un caso- y nadie le pone un pero ¿qué va a hacer?
España funciona así. Y falta la otra pata: la prensa. Un remedo de ella, en realidad, sale de avanzadilla cada mañana en apoyo de los desmanes del PP. Hoy, en La Razón, tocaba decir que “La reforma laboral se convalida vulnerando derechos fundamentales”. ¡Derechos fundamentales! ¿Cuáles? ¿El derecho a los tamayazos políticos? ¿A mentir sin medida ni pausa? ¿A corromper la democracia? ¿A qué más tiene derecho la derecha española?
La bala en la letra ya escribe también que el No de los nacionalistas marca el futuro político de Yolanda Díaz. Y a lo mejor el haber metido un caballo de Troya con Ciudadanos a cambio de alguna contrapartida y sin duda su derecho a insultar a la izquierda de la que abominan. La mayoría de investidura sí ha quedado resentida. Y el temor a Yolanda Díaz, artífice principal de esta reforma y otros logros importantes, está en el fondo de los votos negativos aunque no como única razón.
En Castilla y León se preparan para votar en una semana. Lo mismo o no. Con muchos de los mismos, sí. Con todos sus vicios también. Vista la suciedad desplegada por el PP y sus socios de ideología y trampa nos quedan muchos desafueros a los que asistir. Es su forma de hacer campaña por el poder. El que ya tienen fuera de los cauces es aplastante, demoledor. No es política sino perversión de la política. Una condena que arrastramos sin que nadie con capacidad de hacerlo mueva un dedo en su solución.
¿De verdad se va a tolerar un tamayazo para tumbar una ley aunque haya fracasado? ¿Que se enmascare vertiendo malintencionadas sospechas sobre un error que solo el diputado del PP cometió al ejercer su voto telemático? ¿Que todo siga igual después de haber incitado también al asalto al pleno municipal de Lorca? ¿Que se ataque a Yolanda Díaz porque lo hace bien y desnuda con ello sus vergüenzas? ¿Tan difícil es colaborar como ella misma propicia? De todos los barros anteriores, se ha formado este cenagal ¿qué más esperan para moverse? ¿Qué más tiene que pasar?