La institucionalidad patriarcal no quiere mujeres libres

El patriarcado, históricamente, siempre ha tenido como aliados a determinadas instituciones para esa labor de control del orden frente a aquellos sujetos cuyos actos o existencia es calificada como de amenaza al “orden público” y “peligrosidad social”. La medicina (y muy especialmente la psiquiatría), la judicatura, los cuerpos de seguridad (policiales y militares), las religiones (en nuestro país la católica), así como las monarquías y la nobleza se han encargado, desde hace siglos, de velar por ese orden político (el patriarcal) en el que la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos (su sexualidad y capacidad reproductiva) y sus vidas no puede existir sin el control de estas instituciones. Ingenuamente, hemos creído que, en estos más de 40 años de democracia, estas instituciones han depurado los mecanismos y las prácticas que silencian, persiguen y/o castigan a quienes rompen o cuestionan las costuras de un sistema jerarquizado en el que la dominación masculina no puede ser puesta en entredicho ni en el espacio público ni en el privado. Muy especialmente en estas, en las relaciones familiares y las de pareja heterosexual.

En este orden de las cosas, las mujeres deben ser ejemplares, modelo de santidad, como madres, parejas, hijas, hermanas, cuidadoras, compañeras de trabajo, vecinas, amigas, … La “bondad” no como parte de las competencias personales propias de una saludable inteligencia emocional y compromiso con la justicia social, sino como instrumento de sumisión. La bondad como neutralizador de cualquier atisbo de resistencia y rebeldía en las mujeres que las impida cumplir las expectativas socioculturales que recaen sobre ellas. Porque cuando así es, cuando se alejan de esas expectativas, se salen de “ese corsé” patriarcal se las tachas de locas, las malas, las brujas… y, por supuesto, de malas madres.

El régimen franquista, que tanto añoran las filas de la extrema derecha española, está lleno de prácticas y ejemplos, además de normas vergonzosas, del trato diferente que recibían las chavalas y mujeres cuando estas eran afines al régimen y abrazaban su modelo de sociedad y de familia, y cuando no. Prácticas de tratos crueles e inhumanos hacia niños, niñas y adolescentes, como los que se infligieron en “las inclusas” (orfanatos o internados) regentados por órdenes religiosas y en el Patronato de Protección a la Mujer sobre chicas muy jóvenes. Muchas de estas instituciones no se clausuraron hasta avanzada la democracia, y cuando se cerraron sus puertas definitivamente se trataron de ocultar historias de horrores y pesadillas que podrían contar muchas de las personas que pasaron por esos lugares siniestros. Sin embargo, sus voces no se escuchan, apenas se escuchan, y tampoco logran alzarse como colectividad porque los traumas y el dolor vivido es demasiado para revivirlo sin apoyo, sin justicia y sin reparación.

Aquellas instituciones (políticas, médicas, religiosas, judiciales, policiales...) aliadas del patriarcado, brazos ejecutores de un régimen fascista como el franquista, sobrevivieron a la purga de responsabilidades a la que debían haber sido sometidas, responsabilidades penales, civiles y sociales. Han logrado llegar al siglo XXI con aire renovado de modernidad mientras en su seno se siguen dando situaciones que reproducen con impunidad el mandato patriarcal de que determinados sujetos no pueden perder sus privilegios y los responsables de estas hagan nada por evitar o reparar esas gravísimas prácticas. 

Fue una clínica privada psiquiátrica de Madrid la que dio trabajo al hombre (médico) que asesinó y violó a Nagore Laffage en 2008 cuando este obtuvo la libertad condicional gracias a esa oferta de trabajo. Ha sido la Iglesia Católica la que ha estado ocultando durante décadas las agresiones sexuales de sus miembros a personas menores de edad, la última de las miles de pruebas las memorias secretas de un sacerdote pederasta que han salido a la luz. Es el Consejo General del Poder Judicial el que parece haber congelado el expediente disciplinario que abrió al juez Piñar (que condenó a Juana Rivas) por mensajes irreproducibles y que publicó en sus redes sociales. Fue el colegio mayor universitario Elías Ahúja el que no vio problema en los ritos iniciáticos de sus alumnos con cánticos extremadamente machistas, anti-educativos y desfasados hasta que salió en primera plana de los telediarios. Y es la Policía Judicial de Plaza de Castilla la que envió de oficio, a diferentes juzgados civiles de toda España, informes que son cuestionados desde el punto de vista legal como por su contenido y que vertían gravísimas acusaciones sobre las madres que estaban incursas en procesos de separación y luchando por la custodia de sus hijas e hijos. 

Mientras las propias instituciones en una democracia no hagan memoria ni reparen a sus víctimas, mientras no revisen sus certezas, si no se miran en el espejo de las instituciones cómplices de la violencia que han sido no solo no podrán depurar las formas de dominación y corrupción machista sobre las mujeres y las disidencias sexuales, sino que serán cómplices necesarios. Pero no harán ese ejercicio porque se sienten cómodas en ese orden patriarcal donde se decide qué vidas valen y cuáles no, donde las vidas de sus élites siempre son valiosas y loadas, mientras que las de mujeres a las que les arrancan a sus hijos con informes dudosos e informaciones cuestionadas son tachadas de locas y de malas madres. Los mismos argumentos de siempre contra las mujeres libres que defienden y protegen la vida, la suya y la de sus hijas e hijos.