Solo investigada, e inocente

Algunos políticos y periodistas conservadores emulan estos días al capitán Renault de la mítica 'Casablanca'. ¡Qué escándalo, Begoña Gómez tiene la condición de investigada desde hace un mes! Se trata de una más de una serie de manipulaciones destinadas a sembrar dudas sobre la honestidad de la mujer del presidente del Gobierno sin la mínima base fáctica. El juez de instrucción está investigando si existen indicios de que la señora Gómez haya cometido un delito. Eso es lo que sabemos desde hace un mes. Y nada ha cambiado al respecto por mucho que los partidos y medios de comunicación de la oposición se empeñen en sacarle punta a cada filtración intentando mantener vivo un asunto donde realmente no parece que haya nada. Desde el punto de vista estrictamente jurídico lo único evidente por ahora son dos realidades: que la señora Gómez debe ser considerada inocente y que las diligencias abiertas son irregulares, como mínimo en lo que hace a la extravagante declaración de secreto. 

La falsa noticia de que el juez hubiera declarado imputada a Begoña Gómez ha servido para que los habituales comentaristas conservadores se escandalicen desde sus púlpitos y los políticos populares les hagan de comparsa en el parlamento. Sin embargo, es un bluf. Cuando se ponen en marcha unas diligencias previas para dar curso a una denuncia o querella contra alguien, esa persona, sujeto pasivo de la indagación judicial, pasa a considerarse automáticamente como investigada. Esa palabra no significa nada en términos de posible culpabilidad.

Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, no existe técnicamente la categoría de imputado. Se eliminó precisamente porque daba a entender que por el hecho de que alguien te denuncie, aunque no haya indicios contra ti, ya estás acusado, cosa que no es verdad. Si te denuncian y la denuncia parece verosímil, el juez la investiga. Una vez que terminen las investigaciones, si el magistrado a cargo encuentra lo que se conoce como “indicios racionales de criminalidad”, podrá dictar un auto de procesamiento declarando a la persona encausada. Solo en ese momento podremos decir que el juez instructor ha encontrado indicios de que pueda haber cometido un delito... sin que eso signifique tampoco que sea culpable, sino tan solo que, dicho en términos coloquiales, tendrá que ir a juicio.

En este caso, el juez decidió que las acusaciones contra Begoña Gómez publicadas en varios medios de comunicación de derechas merecían ser investigadas en vez de desecharlas sin más. La mujer del presidente del Gobierno es, desde ese día, investigada. Para saber eso no hacía falta leer los autos del asunto. Es algo de pura lógica.

Lo que se ha sabido ahora es que, desde ese comienzo, el juez instructor hizo lo que tenía que hacer para respetar el derecho de defensa de Gómez: informarla y ofrecerle que nombrase un abogado. Es la manera correcta de proteger sus derechos procesales. Lo contrario, e irregular, sería que la investigada se hubiera enterado de que se están realizando diligencias sobre ella a través de los medios de comunicación y sin poder acceder a las mismas.

Es posible, y a mí entender razonable, discrepar de algunas de las otras decisiones del juez instructor. Pero no de que en su momento informara a la investigada y evitara causarle desprotección. Más allá, simplemente no hay noticia. La habría si el instructor terminara por encausar a la investigada. No sabemos si eso sucederá. E incluso si llegara a ocurrir, no significaría más que el asunto pasa a otros jueces que serían los encargados de decidir sobre la culpabilidad o no. Pero al menos sería noticia. 

Afortunadamente nuestra Constitución se sustenta en que todos somos inocentes y que es necesario que un juez diga lo contrario, a partir de pruebas sólidas, para dejar de serlo. Técnicamente, pues, la situación actual es que en este momento sólo cabe afirmar con seguridad que por ahora Gómez (igual que el novio de alguna política del signo contrario) es inocente. Decir o sumir en el discurso público lo contrario sólo sirve para incentivar el uso espurio de la justicia como un mecanismo de lucha política.

La otra constatación tiene que ver con las irregularidades de esta instrucción judicial. A la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es muy discutible que las denuncias presentadas aportaran indicios suficientes incluso para iniciar una investigación. La doctrina del Tribunal Supremo es que no cabe abrir diligencias de este tipo a partir exclusivamente de elucubraciones publicadas en un medio que no hacen referencia a documentos específicos y relevantes. El juez instructor se ha saltado esta doctrina al abrir investigaciones solo porque un periodista, partiendo de datos conocidos, elucubra que a lo mejor el Gobierno inyectó millones de euros en una línea aérea porque la mujer del presidente cobraba un sueldo discreto de una fundación financiada parcialmente por esa línea aérea. Es un sinsentido, muy discutible. También lo es el calendario de  declaraciones testificales coincidiendo con al campaña electoral y que pudieran influir en los resultados, por la vía de sembrar dudas sobre la inocencia de quien constitucionalmente lo es. Sin embargo, lo que realmente vuelve disparatada esta investigación es –y ya lo hemos dicho en artículos anteriores– la extravagante  declaración de secreto de las actuaciones. Solo pueden ser secretas las actuaciones que de conocerse comprometan gravemente los resultados de la investigación. En el caso de Begoña Gómez el juez instructor ha sido incapaz de argumentar ningún riesgo de este tipo. Vista la trascendencia del asunto, la ciudadanía puede legítimamente preguntarse si la finalidad no es política.

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de declarar –precisamente–que considera que no procedía esta declaración de secreto. Luego lo que era una opinión parece convertirse ya en certeza. Es imposible determinar si se trata de un error, de una deficiente interpretación de la ley o de una discrepancia del juez. Pero es evidente que no debió ser secreto y así ha quedado constatado.

Fuera de estas dos certezas jurídicas, el tratamiento mediático y político del caso parece dar pistas de cómo se articulan los mecanismos de guerra judicial. La importancia política del asunto es innegable. Tiene enorme trascendencia se mire por donde se mire. Tanto por parte de quienes lo consideran un ejemplo de guerra judicial contra el presidente del Gobierno, como de quienes creen que podemos estar ante un ejemplo real de corrupción. Precisamente esa importancia política debería llevar a los medios a extremar sus precauciones.

Nadie espera que los periodistas utilicen de manera exquisita las categorías jurídicas. No son necesariamente licenciados en derecho. Además, la jerga judicial no contribuye precisamente a la claridad que necesita el público que recibe una información. En este sentido, no cabe indignarse porque algún medio de comunicación diga que Begoña Gómez (o el novio de alguna política relevante) está imputada. Esa denominación no existe ya en la ley, pero se mantiene en el lenguaje cotidiano así que es comprensible que se use. Pero no que se haga para manipular.

Porque uno diría que se está intentando confundir a la ciudadanía aprovechando lo difuso de estas categorías técnicas. El “descubrimiento” de que el juez informó a la esposa del presidente del Gobierno de que la iba a investigar no aporta nada nuevo al asunto. Mucho menos implica que las sospechas contra ella sean más intensas de lo que ya se sabía, ni que haya más posibilidades de que finalmente resulte encausada. Insinuar lo contrario, ya sea en la prensa, ya en sede parlamentaria, es simplemente mentir.

Sería de agradecer que la activa comunidad de jueces tuiteros que tanto clama en las redes sociales contra el gobierno alguna vez saliera también a explicar los conceptos propios de su profesión y a exigir rigor… Incluso cuando ello no beneficie a la oposición de derechas. Quizás sea mucho pedir, porque supone partir de que se preocupan por la justicia tanto como por la política. Pero uno intenta seguir creyendo en el sistema. Si los medios tergiversan las actuaciones judiciales y los políticos se aprovechan de esa tergiversación para atacar al Gobierno legítimamente salido de las urnas, no sería disparatado esperar que los jueces ayudaran a evitar este tipo de manipulación de su trabajo. Así sucedería en cualquier Estado inequívocamente democrático.