Cuenta Juan Luis Cebrián, en una entrevista publicada por el diario El Mundo, escrita por Cayetana Álvarez de Toledo, que tuvo que aceptar el cargo de director de informativos de la televisión franquista porque Jesús de la Serna, su director en el diario Informaciones, le dijo que “no tenía más remedio”. Lo cuenta Cebrián cuando el periodista ya no vive y sirve para decir que no quería pero le obligaron.
Recuerda un poco al relato con el que Felipe González explicó por qué no pudo reparar a las víctimas de la represión franquista como hubieran merecido. En el libro El futuro no es lo que era (2002), una larga conversación entre González y Cebrián, el expresidente del Gobierno aseguraba que antes de llegar a La Moncloa el general Gutiérrez Mellado, el militar con mejor imagen de la transición por su actitud el 23F, le pidió que no removiera nada relacionado con las víctimas de la represión franquista porque “todavía quedan rescoldos encendidos”. Cuando el libro fue impreso el general ya no vivía y no existía posibilidad de ratificar aquella información.
Demos por hecho que Cebrián no era un joven ambicioso, hijo del que fuera director del diario Arriba y secretario general de la prensa del Movimiento, criado en una acomodada familia del régimen, dispuesto a hacer una fulgurante carrera periodística impulsado por su entorno familiar y sus años de educación en el colegio El Pilar, donde el régimen forjó a buena parte de la élite que debía convertir la transición en una enorme puerta giratoria para que la élite del régimen pudiera blanquear su pasado.
Asegura Cebrián en la entrevista que “la Ley de Memoria Histórica no era necesaria. Sí la memoria, pero no la ley”. En esa afirmación se le podría dar la razón, porque la ley, tras casi diez años en vigor, no ha solucionado ninguno de los problemas que planteaba. Hubiera bastado decisión política para reparar las violaciones de derechos humanos de la dictadura, pero no la hubo ni la ha habido ni en la Ley 52/2007 ni en el resto de medidas que hasta ahora han llegado al Boletín Oficial del Estado.
Como alternativa, asegura Cebrián, que “cualquier alcalde de pueblo puede desenterrar los cuerpos de las cunetas y enterrarlos en el campo santo”. Ahí está el “truco”, la reducción de los problemas pendientes con las violaciones de derechos humanos de la dictadura a la actuación de un alcalde en la identificación de los desaparecidos. ¿Dónde queda el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación? ¿Acaso no es un derecho conocer quiénes perpetraron los crímenes, averiguar cuáles son las grandes constructoras que utilizaron esclavos políticos y exigirles una reparación o hacer un inventario de todos los bienes saqueados a punta de pistola o mediante falsos juicios y que hoy no pertenecen a sus legítimos dueños?
Ahí radica la gran operación mediante la que la élite franquista, con Manuel Fraga a la cabeza, planificó la existencia de un periódico “progresista” con un director, explica Cebrián, “aceptable para el franquismo aperturista”. ¿Qué significa “aceptable para el franquismo”?
Se trataba de crear un medio de comunicación que defendiera el proceso de transición pero que en su línea editorial e informativa participara de un punto y aparte. La relación con el pasado de la dictadura debía ser fundamentalmente descriptiva, sin denunciar los abusos, ni sacar a la luz el oscuro pasado de las élites del régimen, que construyeron la transición como una enorme puerta giratoria. Así El País, por acción o por omisión, se convirtió en una gigantesca máquina de blanquear biografías, incluida la del propio Cebrián, jefe de informativos de la televisión franquista, porque su jefe le dijo que no podía rechazarlo.
Lo más trascendente de la entrevista es el intento de asentar el concepto de los franquistas buenos, una especie de predemócratas capaces de sacrificarse haciendo un carrerón dentro del régimen franquista para seguir siendo la élite de la democracia. Realmente quienes tenían que hacer la transición, quienes con esa palabra bautizaron al proceso político de todo un país que lo que realmente estaba haciendo era recuperar la democracia tras la muerte del dictador, fueron aquellos que no creían en ella, ni la esperaban ni la defendieron contra los secuestradores de la soberanía popular.
Durante años la línea editorial del diario El País mantuvo mejores y más intensas relaciones con el exilio republicano de la guerra civil que con el antifranquismo ibérico. La ventaja política, la que beneficiaba al franquismo aperturista y al más puro, era que los exiliados de la guerra no tenían experiencia ni memoria de la dictadura.
Añade Cebrián que “la izquierda actual no entiende sobre el franquismo. Y es que no fue una junta militar, sino la mitad de España”. Con la cantidad de franquismo político, académico, cultural y religioso que pervive en el presente es difícil no entender que su arraigo social fue enorme. Millones de funcionarios a dedo, monopolios empresariales, estancos, gasolineras, administraciones de lotería, con poca competencia, donde los hijos de los rojos no podían opositar, donde los hijos de los rojos tenían que emigrar. Claro que hubo mucha gente que lo apoyó, y mucho miedo por su terrible represión.
Remata la entrevista con una afirmación que reproduce la manida teoría de los dos demonios; todos eran malos, todos eran buenos. Y lo hace cuando asegura que “igual que había muchos corruptos entre los demócratas, había mucha gente honesta, valerosa y admirable entre los franquistas”. Define la Real Academia, a la que pertenece Cebrián, como honesto: decente, razonable, justo. Quien apoya, crea, forma parte o legitima una dictadura no parece merecedor de tales calificativos. Otra cosa es que esté tratando de reivindicar la posibilidad de que se pudiera ser a la vez franquista y demócrata, uno de los mantras de la transición que, con el mayor conocimiento de los horrores de la dictadura, es insostenible.