El pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Otro año más desde que, hace ya tres décadas, así se fijara en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la Unesco.
Una celebración muy relevante y muy necesaria para garantizar el derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la libre opinión y expresión y a investigar y recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Términos similares recogidos también en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que se añade que este derecho lo es “sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas”. Sin olvidar el artículo 20 de la Constitución española que, en esencia, reconoce y protege los derechos de libre opinión y expresión y de información, esto es, a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión, sin ningún tipo de censura previa.
Un derecho cuyos titulares no son solamente las personas profesionales de la información, sino todas las personas, pues sin libertad de prensa no existe verdadera libertad ni, por tanto, efectividad de los demás derechos. Sin perjuicio, claro está, del concreto y específico contenido de este derecho para los profesionales del sector.
Derecho en torno al cual hay muchos distintos debates, como el de si existe o no, y con qué contenido y límites en su caso, un derecho de acceso a información pública, y su conexión con los derechos a la intimidad y a la privacidad y con el derecho a un proceso judicial justo y público, o el debate sobre los propios límites del derecho a la libre expresión.
Derecho que ha experimentado un indudable avance con la expansión de las tecnologías digitales –con independencia de la consideración que de ellas se tenga– al mismo tiempo que sigue sufriendo ataques muy importantes, con consecuencias graves para la democracia y la libertad.
Pues bien, con ocasión de la celebración de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha dado a conocer sus informes para todos los continentes y también, en lo que ahora me interesa particularmente, para España. Según tales estudios, en 2023 el estado de la libertad de prensa en el mundo solamente es “buena” en ocho países (el 4.4%), “más bien buena” en 24 países (24,4%), “problemática” en 55 países (30,6%), “difícil” en 42 países (23,3%) y “muy grave” en 31 países (17,2%). Datos verdaderamente preocupantes, pues revelan que solo en tres de cada 10 países el ejercicio de esta libertad de prensa se realiza en condiciones satisfactorias, en tanto que en siete de cada 10 las condiciones son negativas, desfavorables e, incluso, hostiles.
Una de las claves de esta situación es lo que llaman “la industria del engaño”, esto es, la irrupción de actores políticos en campañas de desinformación masiva o de propaganda, poniendo en grave peligro el derecho a la información al tratar de borrar la diferencia entre lo verdadero y lo falso y al manipular realidades e informaciones. Se trata, sin duda, de una realidad altamente preocupante y con unos efectos potencialmente devastadores para la libertad de cada ciudadano y del conjunto de una sociedad.
Esta realidad afecta también, sin duda, a nuestro entorno, en el que es imposible o, cuando menos, muy difícil, zafarse de manera efectiva de tales peligros. Y, si a ello se suman otras dificultades, todo esto explica, como lo hace el Informe de RSF, que España haya caído del puesto 32 al puesto 36 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2023. No es, entiendo, una situación alarmante, pues, como dicho Informe refiere, se goza aquí de un clima favorable al libre ejercicio del periodismo y se mantiene dentro del 30% de los países con una situación “buena o bastante buena” para la libertad de información. Pese a ello, existen serios problemas, como la precariedad cronificada de estos profesionales, el empeoramiento del indicador legal y jurídico y la politización mediática.
En cuanto al contexto legislativo en que esta profesión se desenvuelve, el informe argumenta que el descenso de España en el ranking obedece a las expectativas desfavorables sobre la derogación de los artículos más perjudiciales de la conocida como “Ley Mordaza”, lo que sería un incumplimiento de una promesa del Gobierno y la mayoría que lo sustenta.
Cierto, pero recordemos que la 'promesa' iba incluso más allá. En el punto 5.6 del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de coalición, referido a 'Derechos y libertades civiles', el compromiso era el de aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituyera a la 'Ley mordaza' para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Se apelaba a una “nueva legislación”, que vería la luz a la mayor brevedad y priorizaría la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía. Una nueva Ley – o, en su caso, una modificación de la vigente - que, huelga decirlo, no parece que vaya a aprobarse en esta legislatura. Y es que el intento de reforma parcial de la Ley del pasado mes de marzo –iniciativa poco ambiciosa, en mi opinión- no prosperó, por el voto en contra del Dictamen de prácticamente toda la oposición, incluyendo ERC y EHBildu. Lo que, con independencia del reparto de responsabilidades que pudiera hacerse –algo que ni el Grupo parlamentario de UP ha sido capaz de identificar con claridad y de manera unívoca-, nos vuelve a dar como resultado el mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Informe de RSJ sitúa como una de las causas más importantes para el descenso de España en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
Cuestión que debiera preocupar al Gobierno y la mayoría que lo sostiene y hacerles reflexionar sobre la real necesidad de abordar el cumplimiento de su programa en este punto. Algo que contribuiría a mejorar la situación de la libertad de información y, por supuesto, la de nuestra libertad ciudadana.
Y, desde luego, en este contexto no puedo olvidar al periodista Pablo González Yagüe, que lleva encarcelado en Polonia desde el 28 de febrero de 2022 y a quien se ha prorrogado la detención preventiva hasta el 24 de mayo próximo, sin que haya expectativas de una liberación cercana o, al menos, de un juicio inminente y justo. Una detención sorprendente en el seno de la UE y acerca de la cual se han ofrecido pocos datos y exigido pocas explicaciones políticas, al menos públicamente.
En definitiva, la libertad de información se halla una situación manifiestamente mejorable, aunque aquí sea mucho más respetada que en otros países, claro está. Pero, si hay margen para mejorar, hay obligación de intentarlo, por tierra, mar y aire, con acuerdos políticos para las reformas legales oportunas, con formación ciudadana y atención a todos los fenómenos de desinformación y manipulación que se están produciendo. Nos va, en este caso, nuestra libertad.