“Ahora, tras violarte y filmarte, puede que tu agresor te diga: vamos, nena, si lo disfrutaste más que yo” Lo que esconde el agujero. Iglesias y Zein
No era sexo consentido. Esa es la primera constatación que la Justicia ha entronizado de forma clara. Víctoria pírrica, dirán, pero lo cierto es que hemos asistido durante meses al blanqueamiento de una violación de la libertad sexual de una mujer a cargo de abogados −que eso entra dentro de lo lógico− pero también de periodistas, de jueces, de foreros, de machirulos, de ultraderechistas. Sólo un magistrado ha sido capaz de ver una juerga donde había una violación del consentimiento. Fue jaleado, aplaudido, venerado. Es un mal magistrado por no añadir nada más. Ningún otro magistrado o fiscal ha visto lo mismo en los vídeos de la ignominia. Ni uno. Todos los fiscales y cuatro jueces han visto clara la intimidación y la violación (el instructor, el presidente del tribunal de la Audiencia, los dos miembros del TSJN, incluido su presidente, del voto particular) y otros cuatro se han quedado un paso atrás y han visto abuso sexual, al confirmar el prevalimiento y no la intimidación. Eso lo valoramos luego pero todo el movimiento social del neomachismo, los chats, los que revelaron los datos de la víctima, los que nos revolvieron las tripas, todos esos sólo se soportan en un solitario y anómalo juez sobre cuya ideologización habría mucho que hablar.
No fue una orgía, señores, por mucho que los opresores de mujeres, los que no nos respetan, los que quieren volver al patriarcado más virulento y opresor, se hicieran fuerte en su discurso. Fue una mujer agredida, violentada, abusada. La víctima ha sido creída por todos los que han estado en contacto directo con el proceso. Menos por uno. Sólo uno y un abogado, cuya función es precisamente esta. Es el apoyo social a esta postura minoritaria y falaz el que es infame e indigno y debe conmover a todo demócrata.
Es cierto que, sin embargo, la mayoría sigue sin reconocer que se dieron los elementos propios de la violación. Nos dicen en la sentencia que la línea que separa el prevalimiento de la intimidación es demasiado sutil, evanescente, complicada de establecer, difusa. Y ahí es dónde reside el drama y la enseñanza de este desgraciado caso que se ha convertido en un emblema para las mujeres de este país. Si la jurisprudencia, si el desdibujamiento de la línea deja la posibilidad de que sea la ineludible subjetividad de cada juzgador la que establezca si una mujer fue abusada o violada, si el agresor debe pasar 9 o 14 años en prisión, entonces llevamos razón los que afirmamos que tenemos un problema de legislación. No puede suceder en un Estado de derecho que dependa del número de integrantes de cada tribunal que epistemológicamente se hallen a un lado u otro de la difusa línea lo que decante el futuro resarcimiento de la víctima y de la sociedad. Cobra todo el sentido la afirmación de que es absolutamente necesario legislar con mayor precisión y, además, educar a los juzgadores para que comprendan que la mujer no ha de ser Santa María Goretti para dejarles bien claro que hubo intimidación y, por tanto, violación. Que ninguna mujer debe mostrarles sus desgarros, sus llantos, sus patadas o su muerte para que tengan claro de qué lado de la línea están. Que los tiempos son los de ahora. Que las relaciones son las de ahora. Que los hombres y los jóvenes son producto de su era.
Así que no queda otro remedio que acometer esa mejora legislativa que sirva para que no estemos al albur de la conciencia y la forma de ver la vida del montón de jueces que nos caigan al peso. Eso es demasiado expuesto y nadie puede exigirnos a las mujeres que lo aceptemos porque nadie lo aceptaría en el caso de los hombres.
Luego está la cuestión de su puesta en libertad que se vendió como aplicación de la lógica del principio de presunción de inocencia pero que no dejó de ser una respuesta inaudita de un tribunal fraccionado a una tensión latente en un tribunal atípico. Ahora ya no es sólo un tribunal sino que son dos los que condenan a La Manada. Supongo que con toda agilidad el fiscal volverá a pedir al tribunal sentenciador que los ingrese en prisión. Son nueve años −unos cuantos aunque nos sepan a poco− y sería un trato diferente el mantenerlos en libertad a la espera del recurso de casación que interpondrán. Deben volver a prisión. Así sucede siempre en estos caso.
Este caso ha supuesto un terremoto en la sociedad y en la Justicia por muchas cosas. No es una de las menores que se localizara a los autores de la filtración de los datos de la víctima ni la especie de huelga de celo que hicieron los secretarios judiciales porque se responsabilizara a una de ellos de haber entregado la sentencia con los datos que permitían acceder a su identidad. Hay muchas conclusiones y muchas lecciones y mucho que mejorar a partir de este asunto. También para el Poder Judicial que, mayoritariamente, se sigue revolviendo como gato panza arriba cuando se habla de formación en género y de aprender a diferenciar de verdad cómo les cursa a las mujeres el rechazo, la negación, el miedo. Nunca he entendido que nadie se niegue a conocer pero es obvio que sucede. Parte de este rechazo es pura soberbia pero otra parte bebe de ese odio ideológico, que tan bien plasma VOX, a lo que denominan ideología de género y al feminismo en particular.
No vamos a dejar de estar ahí. No vamos a dejar de exigir que se nos haga Justicia real, la que nos es debida, y no vamos a parar de promover las reformas y medidas necesarias para que nuestra libertad y nuestra idiosincrasia tenga el peso que la equidad exige.
No era sexo consentido, degenerados.