El nuevo Gobierno de coalición se estrena con un Real Decreto de medidas anticrisis que, en esencia, es mimético al que ya existía, pero que elimina algunas bonificaciones y revierte gran parte de las modificaciones fiscales que se impusieron tras el inicio de la guerra de Ucrania.
La valoración global no es positiva, especialmente en estos momentos, ya que deja sin paraguas el instrumento que mejor ha funcionado para controlar la inflación: las rebajas de impuestos en el sector de la energía y la excepción ibérica en el campo del gas. Esto ha permitido mitigar el impacto de la inflación de productos energéticos, aliviando la factura de la luz, especialmente para las rentas medias y bajas, aunque los grandes beneficiados en términos relativos hayan sido las rentas más altas. El análisis empírico de la descomposición de las variables que más han influido en la moderación de la inflación nos dice que han sido las medidas en el sector de la energía las que lideran esta mejoría. Casi un 60% del total se deben a este tipo de medidas.
Es por ello por lo que el impacto que va a tener en la inflación este Real Decreto es notable, posiblemente más del 15%, lo cual, teniendo en cuenta la ponderación, podría añadir 6 o 7 décimas. Adicionalmente, el fin de la excepción ibérica en el gas generará también un alza notable, lo que añadirá un mayor impacto sobre las familias más vulnerables, incluso aunque se espere a que finalice el frio, algo que el Gobierno es incapaz de prever por decreto, máxime si tenemos en cuenta el cambio climático. Cuesta entender que, por un prurito recaudatorio, se vuelva a una situación de elevada inflación y mayor vulnerabilidad para hogares con menor renta.
En el otro campo, la alimentación, el impacto de la rebaja fiscal ha sido muchísimo menos positivo, no solo en cuantía, sino también en tiempo. Aquí, la reciente moderación se explica en un 45% por la reducción de la demanda en muchos artículos, y mucho menos por el alivio fiscal. Un ejemplo claro ha sido el aceite, cuyos precios no se han visto alterados a pesar de la reducción de impuestos, lo que sin duda corrobora la impresión, y algún análisis empírico ya realizado, de que es la propia estructura oligopolística del mercado de la distribución y los márgenes lo que realmente está evitando la moderación de la inflación en este sector. De hecho, el propio Banco de España ha evaluado que, si se hubiera mantenido el paquete entero sin modificaciones, la inflación se moderaría hasta el 2,3%, frente al 3,2% actual. Con la nueva redacción, la inflación podría alcanzar en los próximos meses el 3,8%, siempre que no haya un repunte de los precios internacionales de la energía, lo cual podría empeorar la rúbrica de energía.
El principal problema de todo esto es que queda impune el poder de estos grandes mercados, alimentación y energía, es decir, siguen sin ser realmente competitivos y por ende hay extracción de rentas por parte de estas empresas que ahora volverán a aumentar de forma notable, especialmente de las rentas medias y bajas. La falta de valentía política para revertir el dominio oligopolístico, que tiene carácter histórico, cobra una importancia aun mayor en épocas como el actual.
A partir de aquí, el resto de las medidas que se aprueban sí tienen su lógica económica y social. La bonificación al transporte público por ferrocarril e interurbano y la misma para el gasóleo profesional se explican por el éxito que han tenido, aunque en las grandes ciudades apenas hayan restado trayectos al vehículo privado. Sin embargo, sí ha aliviado la renta disponible para rentas medias y bajas en un contexto de pérdida de poder adquisitivo muy segmentado y acentuado en los percentiles más bajos de renta.
La imposición extraordinaria sobre los beneficios de bancos y energéticas también tiene su sentido, más allá del recaudatorio, porque se mantienen las causas que lo motivaron, y es una buena notica que se esté estudiando que se incorporen al mix fiscal de forma permanente. Si los incentivos a la inversión en descarbonización son efectivos, habremos tenido un resultado óptimo para el bien común, aunque en términos recaudatorios pudiera ser neutro, ya que estas inversiones serían deducibles en el impuesto de sociedades.
En resumen, el paquete completo generará algo más de inflación, mayor vulnerabilidad, y los posibles efectos positivos en materia de contaminación y descarbonización se verán a largo plazo. Al menos, los mayores y las personas con disapacidad no pagarán comisiones por disponer de su dinero en ventanilla, algo que se debería extender al resto de los mortales, aunque la banca por ahí no pasará. Lo peor es que después de este episodio de elevada inflación, el poder de mercado de banca, eléctricas, petroleras y distribución alimentaria sigue intacto, lo cual es el verdadero objetivo de los lobbies de estos sectores. El resto del coste lo pagamos entre todos, y especialmente entre las rentas medias y bajas.