“¿Quién ha de creer que haya en el mundo juez tan malo, descompuesto ni desvergonzado que rompa la ley y le doble la vara un monte de oro?”
Mateo Alemán. Vida del pícaro Guzmán de Alfarache
Los informativos han abierto con la petición del juez García-Castellón al Tribunal Supremo para que estudie abrir un procedimiento al vicepresidente del Gobierno. No es casualidad. Abrir informativos y apalancar los esfuerzos de la oposición es el único objetivo que puede tener una exposición razonada de índole casi delirante -por motivos que expondré- que era obvio que el magistrado tenía ganas de hacer hasta reventar.
No hay ninguna prueba que sustente lo que expone. No lo digo yo, se lo dijeron el mes pasado sus superiores de la Sala de lo Penal. “No hay pruebas que sustenten que los hechos se hayan producido conforme a las alternativas señaladas por el Juzgado Central de Instrucción por lo que nos encontramos ante meras hipótesis”, le dijo la Sala. Ahora, sin que haya prueba nueva alguna porque según él mismo dice “la intervención de la Sala ha impedido recabar prueba directa” se lanza. No tiene pruebas, sólo según él indicios e hipótesis que el magistrado con bastante presunción dice proceden de la “inferencia crítica”, cuando lo cierto es que no resisten las más mínimas interrogaciones lógicas. Para más abundamiento, él mismo explica en su exposición razonada que para acudir al Tribunal Supremo hay que tener esos “indicios cualificados” que le dicen que no posee. Coinciden algunos compañeros suyos en considerar que para saltarse a la Sala así hay que sentirse muy protegido.
García Castellón no tiene indicios cualificados sobre el vicepresidente del Gobierno ni prueba ni nada que no sea su peculiar forma poco lógica de explicar las cosas. Afirma muy seguro que “la única explicación posible es …” la que él apunta, pero no hay nada más incierto. Hay una explicación mucho más plausible que la que plantea, y que parece que ni se le pasa por las mientes, porque ha dado por buena la declaración de unos imputados, los periodistas de Interviú, que afirman que ellos fueron los que dieron la tarjeta a Villarejo. Recordemos que toda la fiesta empieza porque el contenido de la susodicha tarjeta aparece en un registro a Villarejo, pero el magistrado nunca ha contemplado la posibilidad de que fuera Villarejo el que filtrara su contenido a periodistas, tanto a los que la publicaron como a los que no lo hicieron y se la entregaron a Pablo Iglesias. Miren que es una hipótesis llena de lógica, pero García Castellón con su proceso deductivo particular le da la vuelta al calcetín, en algunos casos con argumentos rocambolescos, para concluir justo y casualmente lo que le permite intentar imputar a Pablo Iglesias y, con ello, intentar hacer caer al Gobierno. Nada nuevo, pues se lo vengo contando en My precious y Al Capone no lleva coleta y no les pillará de sorpresa.
Las meras hipótesis personalísimas de García-Castellón sólo constituyen parte del cuadro que nos lleva a concluir que todo es bueno en esta guerra togada para tirar al Gobierno. No podemos olvidar que el delito de revelación de secretos del que se pretende acusar a Iglesias sólo es perseguible a instancias de Dina Bousselham y ésta no se ha mostrado por la labor. ¿Cómo salta el juez sobre eso? Pues le dice al Tribunal Supremo que mejor que la llamen ellos por ver si entonces se decide a acusar. Lástima que no se pueda iniciar un procedimiento por ver si alguien denuncia. En los daños informáticos, el escrito salta sobre el hecho cierto de que en la causa nunca se describe la tarjeta como dañada o quemada, que desde la empresa que la analizó en Gales se diga que las raspaduras las pudieron hacer ellos y, además, sobre un informe pericial de la Policía que dice que no encuentran daños externos y que no pueden determinar por qué no se puede acceder.
El otro presunto delito que vislumbra García-Castellón, el de acusación o denuncia falsa requiere para actuar que haya resolución firme de sobreseimiento o de absolución del delito principal y nada de eso se ha producido. No tiene nada el magistrado, pero ha armado una exposición razonada, sin pedir informe sobre ello al Ministerio Fiscal, que va a servir como arma de guerra política durante una buena temporada. ¡Si los del PP ya han salido en jolgorio a pedir la dimisión de alguien que no está ni investigado! ¡Casado, al que Rodríguez-Medel también le elevó una exposición razonada al Supremo!
Será ahora turno del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, para estudiar e informar sobre la pertinencia de aceptar lo que pretende el juez que vino de Italia, como lo llamaba Ignacio González. Permítanme dudar mucho de un informe técnico favorable a imputar y, en general, de que tal pretensión tenga más recorrido que proporcionar munición abundante en la refriega política en un momento en el que es muy necesaria. Aun así quedaría la sala de admisión, formada por Marchena, Ferrer, Martínez Arrieta, De Porres y Palomo, que no puede rebajar el nivel de la Sala a estos lodazales y, por supuesto, la petición de suplicatorio al Congreso.
Toda esta epopeya de García-Castellón se produce el día después de que sepamos que otro instructor de la Audiencia Nacional, De Egea, convirtió en imputada por terrorista y rebelde a una miembro de los CDR que este martes fue finalmente absuelta de incitación a los desórdenes públicos. A ese mismo magistrado se le anuló por la Sala de lo Penal el auto de prisión de otro de los imputados en esa causa. La gran explosión del recién hallado grupo terrorista catalán CDR, ese al que querían hasta meter en la lista europea de organizaciones terroristas, ¿en qué ha quedado? Nada de ello ha tenido consecuencia ninguna para los jueces que yerran tanto en unas apreciaciones que causalmente siempre resultan muy vistosas mediática y políticamente.
No les iba a retrotraer a la instructora Lamela, que retuvo un caso que no era suyo, porque se empeñó en ver terrorismo en el asunto de Alsasua, y que mantuvo a los implicados en prisión preventiva FIES, para que al final el TS le dijera que el terrorismo, ni por el forro. Ella también vio a Trapero autor de sedición y pertenencia a organización criminal y ya verán en unos días en qué queda eso. Les hablo de ella porque ustedes saben que Carmen Lamela, después de tanto tino y tanta justicia, ha sido premiada con la Sala II del Tribunal Supremo.
Ser pícaro y desvergonzado, errar justo cuando conviene, o bien ser necio y poco sabio, no tiene consecuencias y además suele resultar bastante ventajoso.
Este es el piélago en que navegamos.