Después de cuatro meses de juicio, 52 sesiones, y tras escuchar a más de 500 testigos, el juicio del procés ha quedado visto para sentencia. El fallo que dicte el Tribunal Supremo puede ser un escarmiento o allanar la vía política, la única que puede resolver este conflicto. El mal llamado problema catalán es un problema español que va más allá de la aritmética de una investidura.
Para algunos serán pocos, para otros serán muchos. Habrá quien quiera hacer ver que no existen y otros que seguirán calculando mal y pensando que son más de los que son. Se interprete como se interprete, el único dato incuestionable es que hay dos millones de catalanes que elección tras elección insisten en votar a formaciones que reivindican una separación del resto de España.
Aunque gane elecciones y siga manteniendo la mayoría parlamentaria, el secesionismo sufre una evidente crisis de liderazgo. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se hablan lo justo y a través de emisarios mientras en el Palau de la Generalitat la política ni está ni se la espera. Pero el independentismo tiene un referente moral, un ideólogo que supera las fronteras partidistas y que seguramente por ello puede ser un guía casi espiritual que reconforte a este movimiento en un momento de desorientación. Este referente es Jordi Cuixart.
El presidente de Òmnium Cultural, que a pesar de las propuestas que ha recibido nunca ha querido entrar en una lista electoral, se ha convertido en la voz que mejor empatiza con los diferentes sectores del independentismo, enfrascados en luchas cainitas cuyo único propósito es acaparar poder y en su alegato final ante el tribunal que lo juzga lo ha vuelto a demostrar.
Cuixart reivindica la desobediencia civil, que no es la misma que la institucional, como instrumento de protesta. El presidente de Òmnium ni ocupaba ni ocupa ningún cargo político. Ni tenía en sus manos aprobar leyes ni tampoco convocar elecciones. Es evidente que no era un simple espectador de las decisiones que tomó el Gobierno de Puigdemont, pero si durante estos meses de juicio del procés ha habido un activista sentado en el banquillo de los acusados, ha sido él. No pudo malversar porque no manejaba presupuestos públicos y se le puede acusar de haber participado en la organización de decenas de protestas; pero de ahí a la petición por rebelión y a la condena de 17 años de cárcel que le pide la Fiscalía hay un trecho que no puede considerarse admisible.
“No vamos a dejar de protestar”, proclamó Cuixart este miércoles. El presidente de Òmnium respeta y se hace respetar, es coherente hasta las últimas consecuencias -que pueden no ser pocas-, y es alguien que remueve la conciencia de quienes creen que los jueces pueden hacerle el trabajo sucio a la política.
El independentismo se ha equivocado y volverá a hacerlo si no es capaz de ver que Catalunya es un todo muy plural y no sólo su mitad electoral, si no entiende que debe reconocer a quienes no quieren separarse del resto de España, y que ni en derecho ni en política todo vale. Las togas no lo deberían poder todo. Del mismo modo, las mayorías parlamentarias no están legitimadas para hacer lo que les venga en gana.
La mejor crónica de lo que pasó entre la primavera y octubre del 2017 la hizo el abogado Xavier Melero en su intervención final al relatar con precisión jurídica y agudeza política cómo el procés tuvo más de tomadura de pelo que de épica. Pero quien crea que una sentencia ejemplarizante rubricará el fin del independentismo es que sigue sin entender qué pasa en Catalunya.