¿Quién y qué medidas para cumplir la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel?

El pasado viernes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comunicó su decisión en relación con la denuncia de genocidio que Sudáfrica formuló contra Israel. Una decisión todavía cautelar, que adopta medidas provisionales urgentes en aras a proteger a la población civil de Gaza.

Desde que se interpuso la denuncia ya sabíamos que una decisión sobre el fondo tardaría años en dictarse, pero que podrían estimarse las medidas provisionales solicitadas a fin de evitar, como ocurre con toda medida cautelar, que la demora en la resolución del litigio impida o perjudique el cumplimiento de lo que definitivamente se decida; esto es, en este caso, que para cuando la CIJ tome su decisión final ya no quede en Gaza nadie a quien proteger. En palabras de la propia Corte, se considera que “la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que el tribunal dicte su sentencia definitiva”.

Y no se olvide que el Tribunal también ha manifestado su grave preocupación por la suerte de los rehenes retenidos por Hamás y pedido su liberación inmediata.

Mucho se ha hablado ya sobre esta decisión. De un lado, se ha puesto de manifiesto que no estima, por el momento, que concurra en la actualidad genocidio en la actuación de Israel en Gaza ni exige un alto el fuego o la detención de las acciones militares. Pero, de otro lado, también se ha apreciado y subrayado que esta respuesta de la CIJ es un avance, un paso relevante para socorrer a la población palestina de Gaza y evitar un –si cabe– mayor daño y destrucción.

En sentido positivo, en primer lugar, es de destacar que la CIJ ha considerado que tiene jurisdicción para seguir adelante con el caso, manifestando que es “muy consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, en palabras de su presidenta, Joan E. Donaghue, al presentar la decisión tomada por el Tribunal, formado por 17 magistradas y magistrados.

También en esa línea positiva han de destacarse, desde luego, las concretas medidas adoptadas con el dicho carácter provisional, imponiendo a Israel lo siguiente: tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida; garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida; prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza; garantizar el acceso humanitario; impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en un caso de genocidio; presentar un informe al tribunal en el plazo de un mes desde que se dicte esta orden.

Muchas han sido las reacciones a esta decisión, ninguna de ellas sorprendente.

Así, Israel, que había ya negado la acusación de Sudáfrica, calificándola de “infundada”, ha rechazado esta decisión, aunque también se ha visto aliviado, y ha asegurado que seguirá defendiendo a su país y sus ciudadanos respetando el derecho internacional.

Hamás, por su parte, ha recibido el fallo con satisfacción y manifestado que se trata de un “acontecimiento importante que contribuye a aislar a Israel y a exponer sus crímenes en Gaza”. En la misma línea se ha pronunciado la Autoridad Nacional Palestina.

Los EEUU han acogido positivamente esta decisión, insistiendo en que es infundada la acusación de genocidio contra Israel. A su vez, la UE ha pedido la aplicación efectiva e inmediata de esta Resolución recordando que las decisiones de la CIJ son vinculantes.

Pues bien, ciertamente, son “vinculantes” las decisiones de la CIJ, como determina el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas al señalar que “cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de justicia en todo litigio en que sea parte”. Y como también dicho precepto prevé, en el sentido de que, si una parte dejara de cumplir las obligaciones impuestas por la Corte, “la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”.

Me temo que en estas estamos y que la cuestión ahora, dado que Israel no cumplirá previsiblemente con las medidas que se le han impuesto, es decidir qué otras medidas se podrían dictar, en su caso, por el Consejo de Seguridad para cumplir aquellas. Y, cómo no, qué medidas tomará cada Estado Miembro de las Naciones Unidad en relación a ello.

¿Qué hará, por ejemplo, la UE, además de hablar? Y no me refiero a otros Estados u organizaciones internacionales por carecer del suficiente conocimiento en muchos casos o por tener demasiada experiencia en otros –léase, EEUU–.

Doy por hecho que esta decisión de la CIJ quedará en papel mojado, incluso si se acude al Consejo de Seguridad, como ha ocurrido desde el reconocimiento del Estado de Israel.

Y es que pocas o ninguna medidas efectivas se han adoptado contra Israel en estos meses de ataques devastadores contra Gaza, al margen de palabras más o menos efectistas. No hemos asistido a decisiones de la UE en este sentido –incluso se ha puesto de manifiesto la dificultad de alcanzar un acuerdo interno–, a diferencia de lo que ocurrió –justa y merecidamente, desde luego– frente a Rusia tras la invasión de Ucrania.

Porque, ¿qué quieren que les diga? Lo ocurrido en estos últimos 70 años es bien revelador: Israel ha vulnerado casi todas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la propia ONU y ha aumentado sus asentamientos en territorio palestino, con las consiguientes oleadas de violencia, con datos espeluznantes de víctimas, particularmente palestinas. Lo que es, en sí mismo, una inmensa paradoja y revela una gran hipocresía política, pues Israel no ha dejado en ningún momento de ir contra la propia base jurídica internacional que le reconoció como Estado, con la pasividad del resto. Y así hemos llegado a este momento.

No espero, por tanto, ahora nada nuevo ni distinto. Lo que es desolador personal, social y políticamente.