Desde antes del 15M y más aún después de este, las redes digitales han dotado a la sociedad civil de espacios abiertos, inclusivos y horizontales que nos han permitido hacer lo que las instituciones nos impiden cada día: debatir, construir colectivamente, tomar partido en los asuntos políticos que nos afectan. Las redes nos han ayudado a poner lo legítimo y lo democrático frente a lo legal, a visibilizar aquellas demandas que la ciudadanía considera justas frente a sus leyes injustas. A entender que parar un desahucio o salir a la calle a expresar el descontento ante los lugares donde supuestamente reside la democracia, su democracia, es legítimo. Es de sentido común. Es el consenso que este tipo de acciones de desobediencia civil han conseguido en la sociedad lo que realmente les da miedo.
Estamos convencidas de que ese consenso se transforma en apoyo mutuo, en afectos y afinidades que son capaces de traspasar lo digital y revertir directamente en lo común. Por eso llevamos más de dos años organizándonos en asambleas abiertas y gestionando las cuentas de @acampadasol en twitter, varios grupos de Facebook o el blog madrid.tomalaplaza.net, canales que sirven para difundir convocatorias y documentar las acciones de movimientos que han surgido desde el 15 de mayo de 2011.
Seguimos a la espera de poder analizar el texto definitivo de la ley y las ya habituales sorpresas que nos traiga su publicación en el BOE, para lo que contamos con el apoyo de nuestras compañeras de Legal Sol y otras muchas juristas que comparten este sentido común. De momento, el anteproyecto ya nos anuncia una ola de “burorepresión”. Por ejemplo, planea multar con 600.000 € a quien acuda o difunda a través de internet las manifestaciones frente a las instituciones del Estado cuando estas no hayan sido comunicadas. La deriva está clara: se trata de poner un mecanismo por delante de los jueces para que no vuelva a haber manifestaciones como las del 25 de septiembre de 2012. Dentro de esta categoría de infracciones “muy graves” también se contempla la difusión de imágenes de agentes de policía para, supuestamente, preservar su intimidad. Lo que quieren preservar es una imagen pública que ya está más que desgastada por los numerosos excesos que se han registrado y difundido en los últimos tiempos. Grabaciones que en algunos casos han servido para rebatir la presunción de veracidad que el cuerpo policial utiliza para salir inmune de los juzgados y que ya está siendo puesta en duda por algunos jueces. “No es que la policía sea ahora peor, es que nuestros móviles son mejores”, decía un tuit.
Diga lo que diga la ley que ahora quiere aprobarse, nosotras seguiremos apoyando, difundiendo y potenciando las movilizaciones populares que vengan de las plazas e invitando a seguir compartiendo en redes sociales todo aquello que este proyecto de ley pretende ocultar. Seguiremos grabando y fotografiando las actuaciones de las fuerzas del orden, porque es nuestro derecho y porque hacerlo garantiza que se pueda comprobar si ha habido excesos. Como hemos venido diciendo desde que se comenzó a hablar de este proyecto de ley, no está en nuestros planes el ocultarnos detrás de una capucha encriptada. Nuestra transparencia es el arma política que, al mismo tiempo que choca directamente contra su corrupción y opacidad, a nosotras nos dignifica. Entendemos esta ley como una invitación a escondernos, un intento de criminalizarnos más fácil y mediáticamente. Que una ley de este calibre salga a la calle supone –en este contexto de austeridad, recortes sociales y pérdida de derechos– el broche final a un sistema que maniata a la sociedad en todos sus sentidos.
La inteligencia colectiva lleva años en las redes y en las calles demostrando que somos más listas que el 1% y que no hay leyes que puedan poner puertas al campo. Que tenemos capacidad de innovar e inventar nuevas formas de contestación para esquivar los intentos represivos. Como espacio que surge de las plazas y mediante las herramientas colectivas que gestionamos, seguiremos trabajando para amplificar el volumen de lo que ocurre en las redes y en las calles. La Ley de Seguridad Ciudadana es un absurdo autoritario que no vamos ni a acatar ni a tolerar, fruto del miedo de los gobernantes a una sociedad civil capaz de tomar la iniciativa y que ya no cree ni en sus leyes ni en sus promesas. Si llega a aprobarse, quedaría el camino de la desobediencia civil. Sabemos que nuestras compañeras de otros muchos colectivos mediactivistas con los que llevamos años tejiendo redes continuarán este camino con nosotras. No nos vamos a esconder. No tenemos miedo.
La asamblea de Difusión en Red Sol puede ser contactada a través de: https://n-1.cc/g/comisiones-de-acampadasol+difusion-en-red