Este jueves nos despertamos con la aprobacioÌn de la Ley del Sector EleÌctrico y la noticia de que la subasta trimestral de la electricidad alcanzaba maÌximos histoÌricos, en un momento de crisis en el que, precisamente, la demanda ha bajado. Se va a subir la luz, y nadie entiende muy bien por queÌ.
Y como a riÌo revuelto, ganancia de pescadores: Gobierno y grandes eleÌctricas aprovechan para decir que la culpa es de las energiÌas renovables. Total, ante tanto liÌo, ¿quieÌn conoce la realidad para desmentirlo?
No es difiÌcil perderse, pues estamos viviendo unos diÌas de auteÌntico veÌrtigo: “tarifazo” (+29,5%) en la subasta CESUR en la que especulan las grandes eleÌctricas y las sociedades financieras como si se tratase de un “derivado” financiero maÌs y la anulacioÌn posterior de la subasta por parte del Gobierno por primera vez en su historia; subida de peajes por parte del Ejecutivo porque decide que los fondos que iban a destinarse a disminuir el deÌficit eleÌctrico de este año van a otros fines; constantes cambios en un extenso paquete normativo sobre el Sector EleÌctrico que rompe la seguridad juriÌdica, instalan el ineÌdito principio juriÌdico de desconfianza del regulado sobre el regulador y cercena la libre competencia y las libertades individuales con medidas como el “impuesto al sol” contra el autoconsumo…
Es complicado entender lo que sucede, pero no imposible.
De dónde viene el déficit de tarifa y cómo podría reducirse el precio de la luz
¿Son las renovables las culpables del deÌficit de tarifa y de la escalada de precios de la energiÌa? Nada maÌs lejos de la realidad.
SeguÌn los informes de la CNE, el 41% del deÌficit de tarifa proviene del llamado deÌficit ex ante, es decir, el deÌficit en el que ya se sabe que se va a incurrir a principios de año pero que los gobiernos deciden no corregir para no sufrir desgaste poliÌtico. El 31% proviene de la desviacioÌn de precios del mercado eleÌctrico (lo que el Gobierno calcula que costaraÌ la luz y la diferencia con el precio final), el 5% de la desviacioÌn de costes extrapeninsulares y el 22% del reÌgimen especial, incluida la cogeneracioÌn, que no se considera energiÌa renovable.
Es decir, del deÌficit de tarifa acumulado, las energiÌas renovables no representan ni una cuarta parte. Sirva como ejemplo el sector fotovoltaico: en 2008, el deÌficit de tarifa acumulado ascendiÌa ya a 16.000 millones de euros (un 60% del actual), cuando en España la industria solar era praÌcticamente inexistente.
La afirmacioÌn de que las energiÌas renovables son las culpables del deÌficit de tarifa cuando todas en su conjunto no suman ni una cuarta parte del mismo es cuando menos tendenciosa. Igualmente lo es el buscar una correlacioÌn directa entre el coste de las energiÌas renovables y “subida de la luz” de una subasta CESUR en la que no participan.
EstaÌ claro que el modelo de asignacioÌn de precios ha hecho aguas y que es necesaria una reformulacioÌn del mismo que vaya maÌs allaÌ de la presente contrarreforma , basada en un modelo de recorte de gastos sin visioÌn estrateÌgica de futuro. Una contrarreforma que rompe la seguridad juriÌdica constantemente con normas retroactivas y que va a acabar, sin razones para ello, con un sector tecnoloÌgico, el de las energiÌas renovables, en el que España ha sido liÌder mundial y ejemplo de I+D+i. Una poliÌtica anti-renovable que cercena las libertades individuales de cada ciudadano impidiendo el autoconsumo energeÌtico y lleva al concurso de acreedores a todo un sector, el de las 55.000 familias que invirtieron en instalaciones fotovoltaicas confiando en las condiciones econoÌmicas que marcaba el BOE, y en que estaba en un paiÌs juriÌdicamente respetable.
El sistema no necesita acabar con las tecnologiÌas limpias y de futuro, sino revisar sus propios fallos. Acabar, por ejemplo, con un sistema como el de las subastas CESUR que solo han favorecido la especulacioÌn financiera, o reformar el sistema marginalista de fijacioÌn de precios por el que se estaÌ pagando la energiÌa maÌs barata al precio de la energiÌa maÌs cara.
TambieÌn se podriÌa clarificar por queÌ costes como el de la interrumpibilidad (750 millones al año) o el de la extrapeninsularidad (1.850 millones al año), tienen que ser sufragados por el consumidor. Algo que en la situacioÌn actual tiene maÌs que ver con la poliÌtica industrial o territorial que con la energeÌtica.
La interrumpibilidad es la disponibilidad de ciertas compañiÌas para parar su actividad si hay problemas de suministro eleÌctrico. Esta posibilidad no se utiliza desde hace maÌs de doce años y sin embargo, y a pesar de que el sistema tiene una notable sobrecapacidad, el pago por interrumpibilidad ha sido aumentado por el Gobierno un 117% entre 2008 y 2011. SoÌlo el año pasado, se aumentoÌ un 50%.
La partida de la extrapeninsularidad se ha incrementado en un 980% desde el año 2002 y podriÌa ser reducid,a entre otros meÌtodos, favoreciendo la introduccioÌn de las energiÌas renovables en un entorno en el cual pueden producir energiÌa eleÌctrica a la mitad del precio del sistema.
El autoconsumo con balance neto podriÌa ser otra forma de ayudar al consumidor tanto domeÌstico como industrial a reducir su factura energeÌtica y a incrementar la competitividad en el sector. Sin embargo, el Gobierno lo ha hecho inviable, con un “impuesto al sol” que implica que aquellos que autoconsuman paguen entre un 5 y un 9% maÌs de peajes que los que no. Se cercenan asiÌ los derechos individuales de cada ciudadano, la viÌa de desarrollo natural de la industria fotovoltaica española y un avance tecnoloÌgico en eficiencia energeÌtica que envidiaremos y exportaremos de nuestros paiÌses vecinos en el futuro, teniendo actualmente en España una industria fotovoltaica que es el modelo de todo el mundo en el sector.
Hay alternativas, lo que se necesita es voluntad poliÌtica y visioÌn de futuro para poder implementarlas.