La desigualdad se construye con ladrillos. Una vivienda donde residir marca la línea entre el Estado del bienestar y la pobreza, pero las autoridades están más preocupadas por garantizar los rendimientos de la compra de bienes inmobiliarios como inversión que de asegurarse de que las personas que residen en España tengan garantizado que es posible subsistir con un salario. Entre garantizar que la vivienda sea para vivir o para invertir, España ha elegido proteger la cuenta de resultados de los rentistas.
En 2022 se vendieron 650.000 casas, un dato nunca visto en 15 años. A pesar de que la mayoría de las compras, 9 de cada 10, pertenecen a particulares, que también compran como inversión, el resto son viviendas adquiridas por empresas o sociedades para especular. Más de 65.000 viviendas, sobre todo en los centros de las grandes ciudades y núcleos turísticos, son compras destinadas únicamente a la búsqueda de rendimientos que acaban afectando en los mercados de vivienda de quien la necesita para vivir. El mercado inmobiliario es un refugio para inversores extranjeros y nacionales en un momento de inflación alta porque asegura altas rentabilidades. Fondos de inversión, grandes capitales, inversores y ahorradores medios ganando dinero especulando con un derecho básico y haciendo cada vez más difícil a la clase trabajadora vivir con su salario. Un país, en realidad un sistema, el capitalista, en el que el derecho a especular está garantizado y protegido por encima del derecho a tener un techo bajo el que dormir.
Los datos de compra de vivienda del último año, con la inflación disparada por la guerra de Ucrania, son contraintuitivos con la realidad de la gente corriente. Pensamos que cómo es posible que se compre tanta vivienda si no llega para comer o pagar el combustible con los salarios exiguos por un error de percepción asociado a la situación social. La clase trabajadora piensa en la vivienda para vivir, un lugar donde habitar y le cuesta comprender, mirando su propia situación, que en un contexto de crisis energética y alta inflación haya tanta gente comprando una casa. Lo cierto es que las compras se producen en multitud de ocasiones al contado, sin mediar préstamo hipotecario, lo que da buena muestra del poder adquisitivo de quien realiza la compra de viviendas.
El Gobierno de coalición tiene la oportunidad de ganar las elecciones con una sola ley que ponga patas arriba el mercado de la vivienda tratándolo como un derecho en vez de como un bien comercial. La dificultad de legislar de manera valiente cuando muchas de las competencias están transferidas a nivel autonómico o local no puede ser una excusa para no estrujar al máximo las competencias estatales. La nacionalización del ladrillo es una medida imprescindible. Acabar con todo ese capital usado para especular y que no sea posible que haya una sola sociedad o individuo con más de dos viviendas. Poner dos como baremo ya es demasiado generoso cuando se trata de garantizar el acceso a un derecho aún no cumplido como el de la vivienda.
No creo que el PSOE, que calificó la vivienda como un “bien de mercado”, tenga la valentía de tomar medidas ambiciosas en ese sentido y plantear la nacionalización de viviendas de banca, fondos de inversión o sociedades e individuos con grandes bolsas de inmuebles. Por encima de su convicción social está la de proteger el valor de los rentistas porque muchos de sus miembros lo son, a costa de desproteger a los más vulnerables y a la gente corriente que necesita un Gobierno que les garantice la posibilidad de lograr una vivienda donde refugiarse, da igual que sea de alquiler o compra.
La nacionalización es una quimera con este PSOE y la capacidad de Unidas Podemos para atreverse a algo de ese porte como línea roja para permanecer en el Gobierno. Pero hasta esa medida existen otras que se están tomando en ejecutivos mucho menos de izquierdas, al menos con la palabra, pero mucho más atrevidos por la vía de los hechos como el liberal de Justin Trudeau en Canadá o el socialdemócrata de António Costa en Portugal.
El Gobierno de Trudeau ha prohibido a ciudadanos extranjeros no residentes de forma permanente en Canadá la compra de vivienda que es usada para especular. El Gobierno de Portugal, por su parte, ha tomado varias decisiones destinadas a proteger el derecho del acceso a la vivienda de sus ciudadanos que están muy lejos de ser socialistas porque operan en el marco del mercado al ir destinadas a mejorar la oferta, pero esto ya es más de lo que se atreve a hacer el nuestro. António Costa ha eliminado las Golden Visa que facilitaban la nacionalidad a quien comprara vivienda en su país. Además, ha prohibido las nuevas licencias de precios turísticos y ha fijado un techo máximo a los alquileres. La medida más ambiciosa es la del alquiler forzoso de las viviendas desocupadas, una medida que se implementará a través de una agencia gubernamental que gestionará el alquiler entregando al dueño la renta lograda por el alquiler. El Gobierno de coalición tiene la oportunidad de garantizarse el favor de la mayoría social. No serán los que más ruido armen, porque no tienen los recursos para que su voz sea la más representada. La reacción será furibunda, pero somos más quienes queremos tener un país donde vivir y una casa que lo haga posible.