El Grup Pròleg está formado por Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats, Josep M. Vallès.
Decía Joan Tardà en una entrevista reciente que el independentismo debe reconocer que el referéndum nunca podrá ser entre “independencia sí, independencia no”. Añadía que, a su vez, los no independentistas tendrán que aceptar que el único referéndum pactable será el que plantee escoger “entre la oferta que ellos hagan y la independencia”. Aunque el objetivo siga siendo el referéndum, produce un cierto alivio comprobar un leve acercamiento de posturas hasta ahora inencontrables.
Las manifestaciones de Tardà muestran una apertura hacia una negociación posible, no cerrada de antemano a cualquier otra opción que no contemple de antemano un referendum sobre la secesión. Es evidente que cualquiera que sea la oferta del Gobierno español se enmarcará en el ámbito del autogobierno. Así pues, independencia o más autogobierno podrían ser los términos de un pacto negociable con vistas a una futura consulta, por otra parte inexcusable si la propuesta no independentista incluye una reforma constitucional que modifique el marco de la organización territorial existente.
Habría que añadir un aspecto más, derivable de las muchas lecciones que hay que aprender del procés que, como muchos han señalado, ha errado no tanto en el fin como en los medios, uno de los cuales era el referendum como punto de partida y de ruptura para emprender la desconexión. Ante un conflicto de las dimensiones del que nos ocupa, el diálogo sobre los fines es una empresa estéril. Los fines se nutren de convicciones, actos de fe, en muchos casos, sobre los que no cabe discutir puesto que no se basan en razones ni en hechos, sino en creencias. La secesión es un proyecto político aceptable siempre que se desenvuelva sin quebrar los procedimientos jurídicos que la Constitución tiene previstos. Pero es un proyecto que se funda en una creencia abstracta, en una ilusión indeterminada, ya que nadie sabe ni puede saber a ciencia cierta cómo sería una Cataluña independiente. Es precisamente ahí, en las consecuencias previsibles de la independencia, donde debería estar el meollo de la cuestión y el ámbito de lo negociable. La lección fundamental que hay que aprender de lo ocurrido hasta ahora, aquí y fuera de aquí, como se está viendo en el devenir del Brexit, es que negociar las consecuencias es imprescindible antes de emprender la aventura de romper con el pasado.
Una explicación, por parte de los independentistas, del proyecto político que tienen entre manos, una explicación más explícita y realista que las meras declaraciones de principios que se han venido sucediendo hasta ahora, debería poder contrastarse con una oferta de la otra parte que modifique sustancialmente los términos del encaje territorial entre Cataluña y España. Tampoco ahí es legítimo ampararse en la abstracción de una posible reforma constitucional o, más abstracto aún, una evolución hacia un modelo más federal, sin más detalles. Existen multitud de propuestas inteligentes y ponderadas a favor de reformas en el autogobierno que podrían satisfacer tanto a los no independentistas como seguramente a bastantes de los independentistas que, a estas alturas, anhelan más que nada la estabilidad política y social que se perdió hace años. Sólo hace falta que los grupos políticos no secesionistas se unan en el coraje de proponer la oferta de reforma que los independentistas dicen estar esperando. Y que el Gobierno español muestre también con valentía que tiene algo concreto que proponer.
Antoni Bayona, en el imprescindible libro que acaba de publicar, No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés, explica muy bien que la hoy tan criticada Constitución Española no tiene una lectura única, sino que el modelo de organización territorial que contempla es muy abierto. El aspecto heterogéneo de su espíritu –dice- no ha sido explotado, y sería el momento de intentarlo. Es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut desmiente esa premisa. Aún así, la Constitución tiene otras lecturas posibles, las que le corresponde hacer, sobre todo, a la parte catalana no independentista, que espera y desea que empiece a desvanecerse el clima enrarecido y desestabilizador a todos los niveles en que estamos asentados.
Seguiremos encallados si la inevitable negociación queda bloqueada de entrada por la aún propuesta independentista pública de “referéndum, sí o sí”. Así planteado, estamos ante una nueva abstracción. Lo que, de entrada, hay que discutir es el modelo de organización territorial que tienen unos y otros y hacerlo con la máxima concreción y sentido de la realidad posible. Max Weber ya advirtió hace tiempo que los políticos no sólo deben defender principios, sino las consecuencias de llevarlos a la práctica. Mientras no estén claros tanto los términos de la oferta de un mejor autogobierno, por una parte, como, por la otra, las consecuencias previsibles de una independencia negociada, olvidémonos del referéndum.
El Parlamento británico está en el desconcierto en que está porque preguntaron al pueblo antes de tiempo. Los británicos votaron sin saber qué votaban. Eso es lo que no debe repetirse entre nosotros. Es irresponsable someter a votación popular una propuesta que no es nada más que una idea nebulosa y poco estudiada. Que ni siquiera entró a considerar las complicaciones que podría tener una Cataluña independiente para formar parte de la unión europea. Se suele aducir que uno de los problemas de la democracia es la ignorancia de la ciudadanía para tomar decisiones importantes. Una ignorancia hasta cierto punto invencible, lo que no impide que sea un deber político intentar paliarla con toda la información a mano.