El mejor método para cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás
La Justicia no es un partido de fútbol y esta columna no es para ninguna barra, sino para personas que quieran asomarse a la realidad. Mónica Oltra ha sido llamada a declarar como imputada y yo se lo anuncié en esta misma columna –Oltra en la habitación–. No se trataba de videncia, como nunca en mis escritos, sino de análisis. Con la exposición razonada del instructor, muy buena y muy razonada, no cabía otra que la imputación, lo contrario hubiera sido prevaricar. Es una valoración realizada con el mismo conocimiento de la justicia y la misma ponderación que cuando les dije que la exposición razonada realizada contra Pablo Iglesias por García-Castellón era una basura que no iría a parte alguna –Los mamporreros de la Nacional– o cuando les dije que era una trapacería de Batet arrebatarle el escaño a Alberto Rodríguez –Nosotros, el pueblo–, como se verá cuando en breve el TC conceda las cautelares y se lo devuelva. O cuando con mucha polémica les dije que no se podía jalear a Juana Rivas porque acabaría condenada por secuestro –Juana no está en mi casa–. Puedo seguir hasta cansarme porque nunca ha habido en mis análisis periodísticos sobre temas jurídicos nada que no se contenga en esas palabras: análisis, jurídico y periodístico.
Es preciso primero entender qué significa llamar a Oltra como imputada y por qué no quedaba otro remedio, y también qué es lo que la Justicia busca saber en este caso en el que hay 13 personas imputadas por prevaricación, abandono de menores y omisión de la persecución de delitos. Sucede que una vez iniciado el procedimiento judicial por abusos sexuales contra el aún marido de Oltra se inició un expediente administrativo paralelo que, una vez diseccionado por el juez instructor durante meses, más de un año, ha resultado un expediente dirigido a “desacreditar a una menor víctima de abusos sexuales” –por los que recayó condena de más de 5 años al ex marido de Oltra, sin que ninguna instancia judicial dudara de la credibilidad de la niña– y a “interferir en un proceso penal”.
Resulta entonces que 13 funcionarios especializados en menores y en su tratamiento llevaron a cabo acciones administrativas que podrían encuadrarse en esos delitos. Llegados a este punto de la instrucción solo caben dos inferencias lógicas: o lo hicieron motu proprio para beneficiar a su jefa, sin que ella lo supiera, –un poco como las profesoras del máster de Cifuentes, ironía on– o lo hicieron por indicación de su jefa, Mónica Oltra, para encubrir al abusador o para proteger la carrera política de esta última. No queda más remedio que preguntarle a ella judicialmente y la única forma que puede haber para proteger sus derechos, puesto que podría comprometerse y no puede declarar como testigo obligada a decir verdad, es imputarla. Quien pretenda que no había que imputar a Oltra pretende que no nos importe saber por qué no solo no se protegió ni se preguntó ni se ayudó a una niña que había sido abusada en un centro en el que se la debía proteger, sino también por qué se contribuyó a desprestigiarla, desacreditarla y convertir a la víctima casi en una delincuente. Yo sí te creo, hermana. Seamos consecuentes. En el centro de acogida lo fueron tan poco que permitieron que Teresa fuera llevada a declarar como testigo-víctima de abuso sexual esposada, como si fuera una criminal. Un escándalo apoteósico.
Hasta ahí el análisis objetivo de las circunstancias judiciales en las que se encuentra Oltra. La cuestión es que se encuentra en muy mala posición jurídica y política y en buena parte se la ha buscado ella misma.
“El expediente lo encargué yo”, dijo airada en Les Corts, no en una entrevista ni en Twitter, sino en sede parlamentaria. A los 20 días se desdijo, supongo que con asesoramiento de un letrado, porque si el expediente anómalo lo encargó ella, ella está a la cabeza de las acciones que se han calificado de delictivas.
Más allá de eso, también intentó negar que al iniciarse el expediente ella conociera la existencia de un procedimiento penal contra su marido, pero en la documentación judicial figura claro que cuando se emitió citación para él, esta fue recogida por Oltra en la residencia conyugal. “Tuvo conocimiento Mónica Oltra, pero no la vicepresidenta”, ha llegado a afirmar. Esto ni lo comento.
Llegamos entonces a la patética rueda de prensa tras la imputación, que Oltra decidió dar vestida de lila, quiero pensar que por azar y no por reivindicación feminista en este desgraciado asunto. “La frase que define el auto es que no existe prueba directa”. No puede ser una manipulación más vergonzosa. Dice el auto: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada, pero sí que concurren unos indicios plurales, que hacen pensar que fueron orquestados con ese fin, tanto por la persona a la que beneficiarían [Oltra] como por la relación que presentan con el proceso penal que intentaron obstaculizar [el del marido de Oltra]”. Y ahora díganme ustedes: si se han producido delitos al realizar una acción que solo tiene dos posibles beneficiarios y en último término una gran beneficiaria, Mónica Oltra, ¿cómo no va a investigarla la Justicia?
“Esto es cuestión de la extrema derecha que no puede ganar”, afirmó en rueda de prensa. Una frase para uso exclusivo de seguidores muy cafeteros. La extrema derecha, en efecto, presentó una denuncia inicial. No voy a decirles nada sobre la persona que lo hizo, metan su nombre y el mío y verán que poco delicadas injurias me ha dedicado durante años, pero es que ella no es importante para nada en esta historia. Puestos los hechos en conocimiento de la Justicia, tanto el juez instructor como la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert (de la Unión Progresista de Fiscales y feminista de larga trayectoria), tras una instrucción con todas las garantías han visto lo que yo les cuento y coinciden en la necesidad de tomarle declaración. No hay ningún lawfare aquí ni ninguno de los dos son sospechosos de nada. ¿Por qué iba a decirles lo contrario cuando tantas veces he señalado a los jueces que sí han llevado a cabo tropelías procesales incluso contra personas del mismo espectro político que Oltra?
Y, por último, vamos al tema de su solicitada dimisión, en el que también se ha metido ella misma. Yo he defendido durante años que la mera imputación no debería ser causa de exigencia de responsabilidad política –la dimisión o el cese– precisamente para soslayar las imputaciones espurias o aquellas que terminaran en sobreseimiento. Siempre he pensado que técnicamente es el auto de procesamiento –cuando ya ha concluido la instrucción y se va a pasar a los trámites de juicio oral– cuando los datos acumulados son suficientes para exigir ese paso de responsabilidad política, que casi siempre es un paso sin retorno. Fue la izquierda la que se vino arriba cuando al PP le empezó a aflorar la corrupción y así muchos partidos crearon códigos éticos que lo exigían. En ese marco le dijo, también en sede parlamentaria, Oltra a Camps: “El día que me vea como usted, imputada, me iré a casa”. No hay más palabras, señoría, o no debería haberlas si uno es de una pieza.
Todas las demás cuestiones poco tienen que ver. Me produce una profundísima vergüenza ver a sectores de la izquierda capaces de ver la paja y no la viga, que están dispuestos a pedir responsabilidades cuando hay que hacerlo, siempre que sea al adversario y no al propio. Pues, ¿qué quieren que les diga?, la superioridad moral de la izquierda que tanto le molesta a la derecha reside precisamente en lo contrario: en ser igual o hasta más exigente con los propios que con los contrarios.
Lo cierto es que ahora mismo Oltra con sus actitudes pasadas –porque ella se pudo poner públicamente al frente de la protección de la menor abusada– y las presentes está perjudicando a Compromís, al Govern valenciano, a Ximo Puig, a Yolanda Díaz y su proyecto y también al PSOE, que precisa de un resultado determinado de este espectro ideológico para poder aspirar a gobernar una legislatura más.
Mónica Oltra, por ética, por estética y por política, lo que tiene que hacer es dimitir.