Afirma el filósofo francés Jacques Rancière que vivimos tiempos consensuales. Tiempos en los que se persiguen por doquier acuerdos y pactos que garanticen el mantenimiento de las políticas económicas neoliberales vigentes hoy en Europa. En este marco, la función del afamado consenso tendría un carácter “policial”, consistente en organizar el reparto de poderes y roles entre los actores del sistema, legitimar el statu quo y desacreditar a quienes se opongan a este modelo, haciendoles desaparecer del imaginario colectivo. Una función que Rancière califica de meramente represiva.
Aun sin estar pensada para el caso español, esta descripción se ajusta perfectamente a él. Los acuerdos entre los dos partidos mayoritarios --además de beneficiar al que ostenta el poder, es decir, al PP-- contribuyen a una progresiva despolitización de la sociedad en un doble sentido. Por un lado, legitiman las decisiones adoptadas en lugares donde el principio democrático brilla por su ausencia (léase BCE, FMI o la famosa troika); por otro, entierran la esperanza de que haya otra forma de hacer política, tal y como se viene reclamando en calles y plazas. more
Pero, ¿cabe plantear acuerdos y consensos de diferente signo? Espoleados por el impulso del 15M, las políticas que poco a poco empieza a implementar Hollande en Francia, la subida electoral de Syriza en Grecia o los malos resultados que auguran las encuestas de seguir por este camino, surgen voces que reclaman una gran coalición entre PSOE e IU a los efectos de terminar con la deriva a la que conduce este Gobierno del PP. ¿Es posible? En su caso, ¿bajo qué coordenadas?
Todo pacto debe empezar por definir sus objetivos. Para qué pactar condicionará no sólo el contenido, sino también su propia metodología. En este caso, el acuerdo debería buscar algo más que un cambio de Gobierno. No se trata de pactar para sacar a Rajoy de la Moncloa e instalar allí a un gobernante socialista. Bastantes ejemplos nos ha mostrado la historia reciente de que ello no es suficiente para transformar la realidad. Y menos, en una situación como la actual donde se requiere un giro radical de rumbo para superar la crisis.
Así pues, el pacto debería ser de calado, diseñando no solo un objetivo político compartido, sino también el camino para alcanzarlo. Para empezar, habría de contener el compromiso de consultar a la ciudadanía sobre todo eso que se conoce como los recortes, nombre bajo el que se aglutina hoy toda la política económica. Cualquier modificación sustancial del Estado social debe pasar por la ratificación en las urnas mediante referéndum. No debe repetirse la experiencia de la pasada legislatura, cuando se modificó la Constitución en diez días de verano, sin consulta ciudadana y por un Parlamento cesante y carente de legitimidad política.
Ya que hablamos de la Constitución de 1978, este pacto debería recoger una realidad que a nadie escapa: que el texto constitucional se ha revelado incapaz de garantizar incluso su propio articulado. Hoy, cuando arrecian los ataques al principio democrático, a la separación de poderes o a derechos como la educación pública, la Constitución ni está ni se le espera. Urge abrir un nuevo proceso constituyente que, entre otros aspectos, genere instrumentos para defender los derechos sociales y que profundice en garantías ciudadanas como la democracia participativa, la transparencia o la rendición de cuentas de todos los agentes públicos.
La crisis es la perfecta excusa para evitar la discusión sobre aquellos aspectos incómodos que se quieren sacar del terreno de juego. Así, se vende como crisis económica algo que es mucho más: una crisis sistémica e institucional en toda regla. Buen ejemplo de ello es el clima de impunidad instalado desde hace ya unos cuantos años en España y que ha favorecido las operaciones financieras y especulativas cuyos resultados soporta toda la ciudadanía.
Sabido es que sin las conexiones institucionales entre buena parte de la clase empresarial y la política --tantas veces silenciadas por las cúpulas de los partidos--, habríamos contado con mayores posibilidades de atajar prácticas que se han revelado como directamente causantes de la situación que sufrimos. El caso Bankia es tan solo un ejemplo de ello.
El pacto debería poner este hecho encima de la mesa e incluir como una cláusula central la lucha contra la impunidad. Ello supone no solo mejorar y perfeccionar los instrumentos penales anticorrupción, sino sobre todo generar una cultura de compromiso con la legalidad que incluya la denuncia y el reproche social de prácticas corruptas y contrarias a lo público y al interés general. En suma, reconstruir la cultura de la izquierda abandonada y despreciada durante las últimas décadas. Que no se hiciera en el pasado no es óbice para que no se haga de cara al futuro.
La gravedad de la situación exige amplitud de miras. De ahí que el pacto no deba ser solo entre PSOE e IU. A su conformación debería convocarse a todas las personas y entidades que tengan algo que aportar en una salida de izquierdas a la crisis y en la búsqueda de una sociedad más libre, igualitaria y, por tanto, democrática. Partidos políticos, sindicatos, asociaciones, plataformas ciudadanas y así hasta un largo etcétera, sin exclusiones ni apriorismos.
Y es, finalmente, el principio de igualdad entre todas ellas el que ha de presidir su trabajo. Con pleno respeto a sus diferencias, por supuesto, pero primando en todo momento el acuerdo sobre lo que las une y convoca. En consecuencia, debería abandonarse la clásica lógica de mayorías y minorías que suele presidir la práctica de los partidos. Repetir las tácticas cortoplacistas propias del pasado, dirigidas a obtener una mejor posición de poder, conducirá al estrepitoso fracaso del pacto. Porque --recuérdese-- no se trata tan solo de ganar unas elecciones sino de sentar las bases para, una vez ganadas estas, lograr hegemonía tanto política como social y cultural.
Sobre la base de estas premisas, por favor, siéntense a negociar antes de que sea demasiado tarde.