Hace unos días, en este diario, el columnista Javier Pérez Royo concluía que la frustrada reforma de la ley mordaza era un ejemplo de cómo lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor era derogar la ley; lo bueno, reformarla.
Me voy a permitir discrepar con la idea, incluso entusiasta del columnista, de que aprobarla hubiera sido un gran paso para la democracia de este país. Voy a contradecir la idea de que liberarnos de una parte de la mordaza es bueno. Y sobre todo, voy a rebatir la idea de que hecha la reforma estaríamos más cerca de eliminar dos prácticas lesivas contra migrantes, como las pelotas de goma y las devoluciones ilegales, gracias a una supuesta y providencial movilización ciudadana. Yo creo que estaríamos más lejos.
Aceptar esta tesis equivaldría a eliminar ahora mismo la impunidad policial salvo para cuando estos afecten a las personas negras que cruzan la frontera, es decir excluyéndolas de la reforma, otra vez postergándolas, por lo menos hasta que los demás decidamos movernos.
Yo les voy a contar qué ocurre cuando la ciudadanía realmente se mueve por los migrantes, como en el caso de la consecución exitosa de las 500 mil firmas para la ILP Regularización: Que todo vuelve a foja cero al llegar al Congreso. No estoy hablando de lo que vota la derecha o la ultraderecha, eso ya lo sabemos. Estoy hablando de lo que aprueban o no aprueban las izquierdas. RegularizaciónYa no salió la primera vez y estamos en peligro de que la historia se repita.
El reformismo se caracteriza precisamente en no poner alto a lo urgente para priorizar lo secundario. Por eso es que el antirracismo ha sostenido que la palabra clave no es reforma sino derogación. Pero es que también lo sostuvo Pedro Sánchez en su nada reformista y ya popular tuit-fake electoral en el que ofrecía la derogación total de la ley mordaza y el rechazo rotundo de las devoluciones ilegales. Pocos años después, sus palabras se caen de falsas. Y también todo lo demás.
En esta ya agónica legislatura los temas más urgentes para la comunidad migrante y que sufre la discriminación racial se han quedado en el tintero: la regularización, la ley antirracista promovida por el Ministerio de Igualdad, la abolición de la ley de extranjería y la justicia para las víctimas de Melilla. Lo grave es que la omisión de estos temas de la agenda política sigue legitimando la violencia contra las poblaciones racializadas.
Esta semana, la Asamblea Antirracista de Madrid señaló las responsabilidades del Ministerio de igualdad, de Irene Montero y Unidas Podemos en la impunidad del caso Melilla, haciéndose eco de algunas de las críticas que a propósito del 8M esgrimía un comunicado anterior de la Red Afro. Ambos comunicados denuncian que el intento (de distinta utilidad) por blindar la ley de 'solo sí es sí' de un lado y el sillón de Marlaska del otro, desencadenó en un voto cruzado que cimenta un pacto PSOE-UP para acallar la masacre. Recordemos que dentro de Igualdad se encuentra la lucha contra la discriminación étnico racial. Ese pacto es, por tanto, una afrenta a los principios de su ministerio y mancha las manos de Montero, que puede tener buenas intenciones pero de esas están construidas las paredes del infierno.
La primera reacción ante este posicionamiento político ha sido acusar a las manifestantes de hacerle el juego a la derecha o de dejarse instrumentalizar. No solo es un derecho sino un deber interpelar libre y conscientemente a quienes dieron sus votos cuando ya quedan pocos meses para las elecciones y no han cambiado las cuestiones de fondo que prometieron revocar. Decir que pones en el centro a la vida y dar un aprobado a quien mata y niega auxilio a las vidas negras, es una burla a la comunidad migrante.
Sangran estas nuevas postergaciones. Porque el aplazamiento significa muerte y no es ético, ni de izquierda, ni antirracista, ni democrático. Nos coloca más lejos del derecho y de la protección de la vida. Ese era el cariz de esa reforma.
¿Por qué no pueden acabar con las prácticas execrables contra migrantes pobres de una vez? Ya lo dijo una diputada de ERC, María Dantas, de poder se puede y en caliente, en el lapso de una semana. Lo que pasa es que el gobierno no quiere.
Las comunidades racializadas se han sumado siempre a apoyar la Ley trans y las políticas públicas contra la violencia de género. ¿Por qué el gobierno feminista no hace más por la ley antirracista, por las mujeres migrantes, por las migrantes trans, por las putas trans migrantes? El PSOE ya regularizó antaño migrantes, ¿por qué no vuelve a hacerlo? La ley de extranjería sigue condenando a miles, ¿por qué no es abolida? ¿Por qué no cae quien tenga que caer?
Sabemos muy bien que extranjería es la piedra de toque de las negociaciones institucionales. El lugar en el que casi no hay diferencia entre la derecha y la izquierda. ¿Qué ejemplo le damos a la sociedad española, campo fértil para la ultraderecha, si seguimos poniendo por delante las reivindicaciones de unos sobre la tragedia de los otros? ¿Cuál es la diferencia entre el fondo de este pensamiento y un eslogan de Vox? Se sigue dejando la justicia social migrante y racializada para el final. Hasta cuando un barco naufraga en los botes salvavidas primero se socorre a las personas más vulnerables. Pero en España no, porque aquí lo peor es amigo de lo bueno.