La fiscal general del Estado, María José Segarra, tenía un trabajo principal durante esta legislatura. Devolver la racionalidad jurídica, la tipicidad penal y la proporcionalidad punitiva al llamado juicio al ‘procés’. Para seguir al frente de la jauría política, mediática y jurídica que persigue a los presos, al Gobierno, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez al grito de “golpistas” y “cómplices” ya teníamos a los fiscales del Supremo y al anterior fiscal general, Sánchez Melgar. Cumplir esa misión es la única causa que puede justificar tanto su nombramiento como el relevo de su antecesor. Alguien debió explicárselo cuando fue designada y alguien debió advertirle que iba a exigirle enormes dosis de coraje jurídico y cívico. Si no se lo explicaron, ella debería saberlo. No tiene excusa.
La función del escrito de acusación no consiste en demostrar su independencia frente al gobierno de turno, ante un jurado popular formado por tertulianos y lideres de la oposición que calificaran de traición todo cuanto no sea darles la razón. Su función principal reside en cumplir con la misión de “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley…(articulo 1. Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). El trabajo de la fiscalía no es construir una acusación, es defender la ley.
El momento para hacerlo era ahora. En el escrito provisional de acusación se hallaba la oportunidad para presentar una acusación razonada y razonable por desordenes y desobediencia, lejos de esta hipérbole penal de la rebelión o la sedición. La fiscal general no solo no ha cumplido con su tarea, sino que, exhibiendo dosis asombrosas de cobardía jurídica y cívica, ha firmado un escrito que convierte el juicio al ‘procés’ en una pesadilla jurídica que se llevará por delante la credibilidad del Tribunal Supremo y la imagen internacional de España.
Cuando, ante el tribunal, los fiscales presenten argumentos tan concluyentes como que “Pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, apeló también (Jordi Cuxart) a la determinación mostrada en la Guerra Civil (empleando la expresión ”¡No Pasarán!“) y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum…” el bochorno se volverá insoportable. Cuando, ante el tribunal, los fiscales presenten como prueba del alcance de la rebelión el discurso del Rey el 3-O, no sabremos si reír o llorar. Cuando, ante el tribunal, los fiscales pretendan demostrar la concurrencia de violencia sin citar como testigo ni a uno solo de los ciudadanos apaleados el 1-O y descalificando todos sus testimonios en el escrito sin una sola prueba, el asombro recorrerá Europa. Cuando, ante el tribunal, los fiscales pretendan probar el uso de los Mossos como fuerza armada en apoyo del supuesto golpe con el testimonio protegido de un único mosso, entre más de 17.000, el esperpento de tratar a un cuerpo policial como una mafia criminal habrá llegado a su apoteosis.
Son solo algunos ejemplos delirantes de un escrito de acusación donde, desatendiendo sus obligaciones como acusación pública, todo aquel testimonio o prueba que contradice el relato de los fiscales ha sido ocultado, silenciado o tergiversado. Si tan claro es que las denuncias de violencia policial son falsas ¿por qué no se llama a las supuestas victimas para demostrar la simulación de sus heridas? Si tan valido es el discurso real para probar la gravedad de la rebelión ¿por qué los fiscales no citan ni una sola de las múltiples declaraciones públicas del presidente Rajoy y sus ministros, afirmando que la situación estaba bajo control y ni se había celebrado referéndum alguno? Es más, ¿cómo se pretende probar una acusación de rebelión sin que la ratifique con su testimonio ni un solo miembro del gobierno que, en teoría, debió hacerle frente? Antes que probar su independencia ante el poder político, a la fiscalía y a la fiscal debería haberles preocupado bastante más demostrar su absoluta dependencia de la ley y su compromiso con la verdad. Ese y no otro es su trabajo.