La resolución del Parlament en la que se reprueba al rey por su discurso del 3 de octubre de hace un año y se aboga por la abolición de la monarquía ha hecho saltar las alarmas de la mayoría de partidos y medios, pese a tratarse de una mera declaración política sin validez jurídica alguna. Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrirá el texto ante el Constitucional situando a este tribunal en la tesitura de tomar una decisión que no le corresponde.
El PSOE comete en este caso el mismo error que el PP cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretendió convertir a los jueces en políticos y trasladarles la responsabilidad de tomar decisiones que no les competen. Las declaraciones políticas son eso, política, aunque cuando se trata de la monarquía cualquier información que la cuestione provoca una intranquilidad mayúscula.
España es un país en el que criticar al rey es un atrevimiento que levanta ampollas, tanto entre los que no ven cuál es el problema de fondo como entre los que intuyen cuál es pero prefieren mirar hacia otro lado. En el primer grupo se situaría parte de la derecha parlamentaria y mediática. En el segundo, el propio PSOE –que cuando llega al Gobierno aparca su alma republicana–, así como parte del progresismo informativo para el que la defensa de la monarquía es un principio editorial.
El problema de fondo (o uno de ellos) es que Felipe VI está más que cuestionado en Catalunya y su gestión ha molestado no solo a los independentistas. En el discurso del 3 de octubre se olvidó de aquellos ciudadanos que rechazan la secesión aunque esperan una solución dialogada al conflicto abierto y otro encaje diferente para Catalunya. No hace falta ser republicano para cuestionar el mensaje que el rey lanzó ese día.
El Centre d'Estudis d'Opinió publicó en el mes de mayo una encuesta realizada durante el periodo de aplicación del 155 que ayuda a entender cuál es la opinión de los catalanes sobre la monarquía. En este sondeo realizado por la Generalitat controlada por el Gobierno central la nota media es de un 1,7. Sirva de comparación que se trata de una puntuación inferior a la que recibió el Ejecutivo de Rajoy, la del Tribunal Constitucional o la banca.
Los electores catalanes del PP son los únicos que aprueban a la monarquía (con un 5,3, lejos del notable de medio año antes), los de Ciudadanos la suspenden (casi un punto menos que en octubre de 2017), mientras que los votantes socialistas también la puntúan solo con un 3,5. En resumen, cuatro de cada cinco catalanes la deja por debajo del aprobado.
No sabemos qué piensan el resto de españoles porque el CIS dejó de preguntárselo hace tres años. La última vez, en abril del 2015, la monarquía obtuvo un 4,34. Es fácil sospechar que no se pregunta porque la respuesta no gustaría ni al Gobierno de turno ni a la Casa del Rey. Si hay que fiarse de otros sondeos no oficiales, los hay a gusto del consumidor. Los fans de Felipe VI se pueden quedar con el que publicó ABC en agosto y según el cual el 66% de los encuestados valoraban positiva o muy positivamente su papel en el conflicto catalán.
Por contra, un estudio de la revista CTXT realizado a partir de casi 3.000 respuestas y publicado en el mes de julio concluye que el apoyo a la monarquía está por debajo del 50%. Catalunya, Euskadi y Baleares son los territorios con menos apego a esta institución. En el otro extremo se sitúan Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla.
Más allá de la sopa de encuestas y los intereses partidistas, la conclusión es que el problema del rey tal vez no es una declaración del Parlament sino la opinión (más o menos silenciada) de muchos españoles, y no solo de la mayoría de los que viven en Catalunya.