Sin política de vivienda, el Gobierno tiene los días contados

En el fútbol hay dos formas de perder un encuentro, bien porque recibes más goles que el adversario o bien porque no te presentas y la victoria se concede automáticamente al rival. En política sucede algo parecido, pues a veces pierdes porque otros lo hacen mejor y otras veces pierdes porque sencillamente no has comparecido. Esto segundo es lo que puede ocurrirle al Gobierno de coalición si no aborda de manera urgente y decidida el problema de la vivienda en España.

Durante la campaña electoral de las últimas elecciones generales se discutió mucho acerca de cómo era posible que los indicadores macroeconómicos mostraran tanta fortaleza y, sin embargo, el Gobierno estuviera según todas las encuestas al borde de perder la posibilidad de revalidar mandato. Entonces se recordó, con razón, que una mala gestión de la economía prácticamente te garantiza perder unas elecciones, pero que una buena gestión de la economía no te concede la victoria automáticamente. Habría mucho que discutir sobre qué es una “buena gestión económica”, pero lo que está claro es que si los grandes indicadores macroeconómicos (PIB, inflación, balanza de pagos, deuda pública, etc.) no tienen una traslación directa y clara en la mejora de vida de la ciudadanía, ningún economista podrá convencer a la sociedad de que todo va mejor. 

La vivienda es uno de esos puntos de condensación de las contradicciones del sistema capitalista. Por un lado, nuestra constitución recoge que es un derecho que el poder público debe proteger. Pero, por otro lado, la búsqueda de una ganancia rápida para el capital ha hecho del mercado inmobiliario uno de los más especulativos de la economía española. El problema es que no es posible soplar y sorber al mismo tiempo, de manera que si inclinas la balanza de la política pública hacia una perspectiva es inevitable que la otra perspectiva salga perjudicada. Y la situación española apunta a que el desequilibrio es total en beneficio de la vivienda concebida como un bien de mercado que “genera actividad económica y busca seguridad jurídica desde las inversiones” (expresión literal del anterior ministro de Vivienda). 

El sector inmobiliario ha sido durante mucho tiempo un lugar para una inversión relativamente fácil, que ha empujado varias burbujas inmobiliarias en la historia del capitalismo español. Cualquiera que lea la prensa económica verá que las grandes fortunas encuentran en el sector inmobiliario su inversión preferente, y que, desde Amancio Ortega hasta Rosalía y pasando por deportistas de élite y directivos de multinacionales, optan por multiplicar sus ganancias especulando con la vivienda.  Por si fuera poco, también parte del centro de Madrid se ha convertido en Little Caracas en la medida en que las ricas familias venezolanas –de la oposición al chavismo– han estado invirtiendo sus ingentes recursos en la compra de viviendas. Esos capitales se reciclan y circulan también como financiación para medios de comunicación de inclinación ultraderechista que forman parte del bloque reaccionario, formando así parte de una red que tiene como objetivo principal neutralizar las políticas progresistas y hacer caer al actual gobierno de coalición. 

La consecuencia social más evidente es lo inaccesible que se ha convertido el precio de la vivienda para el común de los mortales. En el último trimestre de 2023 el precio de compraventa creció en promedio nacional un 4,2%, aunque en Andalucía, por ejemplo, la subida fue del 5,3%. El caso de Andalucía es representativo porque se trata de una comunidad cuya economía depende mucho del turismo, que es ahora uno de los vectores que más empuja el fuerte crecimiento de los precios de alquiler en todo el país. Los precios de alquiler se han disparado porque las viviendas tienden a destinarse a alquiler vacacional (mucho más rentable) y dejan prácticamente sin oferta el alquiler de larga duración. De hecho, según la Consejería de Turismo en un año las viviendas turísticas se han incrementado en la comunidad andaluza un 22%. Los datos más recientes apuntan a que en Málaga hay 11 viviendas de alquiler turístico por cada vivienda de alquiler tradicional, con números similares en el resto de las provincias andaluzas. Es, por lo tanto, totalmente comprensible que crezca un sentimiento de turismofobia entre la población residente. Las históricas manifestaciones en Canarias son muy probablemente el comienzo de la expresión de una tensión social latente e insostenible.

Ante esta situación, sabemos qué quiere la derecha. Su modelo de desarrollo de país es básicamente uno caracterizado por el rentismo y la especialización en sectores de bajo valor añadido, lo que conlleva una fuerte desigualdad social y una congelación continua de salarios. Por eso es natural la alianza entre la derecha política y los agentes económicos del sector inmobiliario, todos los cuales quieren seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro a costa de un derecho humano básico. 

Lo que no sabemos bien es qué quiere el Gobierno. El partido principal de la coalición, el PSOE, no ha dado ninguna muestra de querer intervenir en este problema de una manera que no sea meramente estética. No creo que piensen en que esto se resolverá por arte de magia, pero desde hace años se niegan en redondo incluso a explorar prácticas que están poniendo en marcha otros países europeos. Estar en tierra de nadie es completamente suicida. Intervenir de manera radical, esto es, yendo a la raíz del problema, supondría mejorar de manera directa la vida de los españoles al tiempo que se neutraliza uno de los puntales del bloque reaccionario y se liberan recursos económicos para otros sectores económicos mucho más productivos y sostenibles. No hay nada que invite a pensar que quedarse parado vaya a ser de alguna utilidad para el Gobierno.

Muy al contrario, no intervenir será no comparecer políticamente. Y esa situación empujará a miles de personas progresistas a perder la fe en esta experiencia progresista, cuando no directamente en la política. Y no importará cuán agresiva sea la derecha política de este país que ese sentimiento será probablemente uno de los que expliquen por qué, a pesar de un PIB creciente –pero mal distribuido– los progresistas cedieron finalmente el gobierno a los reaccionarios.