Pasan los días, los meses y los años pero hay amores que, a pesar de la huella que deja el paso del tiempo y de los disgustos que va dando la vida, sobreviven a todo y permanecen para siempre. Amores, al margen de las apariencias, como el que siguen viviendo el Partido Popular y su extesorero Luis Bárcenas. A pesar de las distancias calculadas y de aquel ya lejano verano de 2013 en el que el exdirigente, ahora encarcelado, se lió la manta a la cabeza hablando más de la cuenta sobre la caja B y sus jefes en Génova supuestamente encargaron a los bajos fondos del Ministerio del Interior un dispositivo para arrebatarle los papeles que demostraban dos décadas de delitos.
El último gesto de la alianza que nunca se rompe ha llegado en la causa en la que precisamente se investigan los papeles de Bárcenas, pendiente del juicio que se celebrará en 2019, en la que los dos, de nuevo juntos, han recusado al magistrado Fernando Andreu para evitar que forme parte del tribunal y que escriba la sentencia que podría confirmar lo que ya avanzó el tribunal de la Gürtel: que el PP contó con “una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989”.
En su escrito de recusación, más consistente que el del PP, la defensa de Bárcenas argumenta que Andreu participó en 16 decisiones durante la fase de instrucción como juez sustituto del titular del Juzgado Central número 5. La formación de Pablo Casado, por su parte, pone el énfasis en la “más que evidente relación y cercanía” del magistrado con el PSOE, que sustenta en su amistad con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el hecho de que, tras su nombramiento, el nombre de Andreu sonara como posible secretario de Estado de Justicia y finalmente fuera propuesto como vocal en el CGPJ a propuesta de los socialistas. Una recusación que recuerda mucho a la que, en junio pasado, presentó sin éxito el propio Bárcenas contra el magistrado José Ricardo de Prada, del que destacó su “animadversión manifiesta pública y notoria” con el extesorero y “todo lo que tenga que ver con el PP”.
La relación entre el PP y Bárcenas empezó en 1985, cuando el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, le fichó para su equipo. El joven Luis empezó a trastear con las cuentas de Génova y se hizo un hueco en la Tesorería, primero con Rosendo Naseiro de jefe y después a las órdenes de Álvaro Lapuerta. En 2008, tras el convulso Congreso de Valencia, Mariano Rajoy le confió en solitario las finanzas del partido y le mantuvo a pesar de su imputación en el caso Gürtel en febrero de 2009. A finales de ese año el entonces presidente del Gobierno afirmaba que “nadie podría probar” que Bárcenas no era inocente.
En septiembre de 2011 el magistrado que asumió la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó las actuaciones contra el extesorero y su mujer, y el PP se unió a los escritos que se oponían al recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra esa medida. Y juntos, cuando el procedimiento volvió a la Audiencia Nacional y fue reabierto, recurrieron la decisión del magistrado Pablo Ruz de imputarles de nuevo.
A pesar de la comisión rogatoria que Suiza envió en enero de 2013 destapando las cuentas millonarias de Bárcenas en el país, la unión entre el PP y su extesorero se mantuvo y llegó a ser tan intensa que, en abril de ese año, a Ruz no le quedó otra que expulsar del procedimiento a la formación de Mariano Rajoy y revocar su condición de acusación popular. En un auto demoledor apuntó que los populares habían actuado con “mala fe procesal” y se habían ocupado más de defender los intereses de los acusados que de solicitar diligencias para esclarecer sus delitos. Por eso, modificó su situación procesal por la de partícipe a título lucrativo del delito, por la que finalmente fue condenado por una cuantía de 245.492 euros. Según el testimonio de Bárcenas, el PP le pagó los abogados hasta el mismo verano de 2013, en el que el extesorero decidió tirar de la manta y contar la verdad sobre la caja B del PP.
A pesar de todo, los populares intentaron tapar todo lo que pudieron a su antiguo dirigente y pusieron tantas trabas a la investigación judicial que el 20 de diciembre de 2013 el juez Ruz tuvo que enviar a la Policía a la sede de Génova para llevarse la información que sus dirigentes se negaban a aportar. Era un juego de dos caras porque mientras el PP pasaba olímpicamente de Ruz, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, se querellaba contra Bárcenas por acusarle de haber cobrado sobresueldos en negro. En febrero de 2015 la Audiencia de Toledo condenó a “Luis, sé fuerte” a pagar 50.000 euros a su eterna enemiga en el partido por haber vulnerado su honor.
La distensión llegó en 2016, en vísperas del juicio de la Gürtel. En septiembre Bárcenas retiró la acusación contra el PP por haber destruido los ordenadores que guardaba en su sede alegando que no podía costearse tantos procedimientos. Su situación económica no ha mejorado desde entonces, pero este mismo mes la defensa del extesorero ha pedido personarse en la causa en la que se investiga la operación Kitchen, puesta en marcha, según se sospecha, para robarle su documentación sensible. En octubre de aquel año, el PP y Bárcenas pidieron juntos la nulidad de todo el caso en el trámite de cuestiones previas del juicio de la Gürtel, en el que, tras meses compartiendo banquillo, la formación y su extesorero acabaron siendo condenados. Juntos, como siempre.