La Audiencia Nacional ha confirmado lo que ya sabía todo el planeta, menos José María Aznar y Mariano Rajoy: que el Partido Popular mantuvo una contabilidad paralela fuera del control del fisco –vamos, una caja B- cuando ellos eran sus presidentes. Lo afirma el tribunal en el primero de los 'hechos probados' de una sentencia casi tan larga como Guerra y Paz en la que describe pormenorizadamente cómo las donaciones en metálico al partido se almacenaban en una caja fuerte bajo el control del gerente, Luis Bárcenas, y se utilizaban para lo que fuera menester: desde pagos de sobresueldos a cargos de la organización hasta la remodelación de la sede central en la madrileña calle de Génova. Solo una parte del dinero ingresaba en la contabilidad oficial, pero ni en esto se obraba con la rectitud esperable en una formación que alardeaba de su comité de ética, ya que los donativos eran fraccionados fraudulentamente para que cumplieran con los topes legales.
La investigación judicial se centró en hechos ocurridos entre los años 2002 y 2008. Por lo visto, Bárcenas cumplía con eficacia sus funciones gerenciales, porque de otro modo no se entendería que hubiera permanecido en el cargo la friolera de 18 años, hasta que el estallido del caso Gürtel aconsejó su retiro en 2008. Lo que ocurrió a partir de ese momento entre el exgerente y sus viejos compañeros podría servir de argumento para una novela de Stephen King.
Los enredos de los populares con las cajas B y las financiaciones irregulares vienen de lejos, desde los tiempos remotos de don Manuel. Recién llegado Aznar a la presidencia del PP le explotó en las manos el caso Naseiro, un escándalo de financiación ilegal y enriquecimiento de cargos del partido que pasó a la historia con el nombre del entonces tesorero de la organización, Rosendo Naseiro. La crisis llevó a la expulsión de varios miembros del partido. Uno de los candidatos a la expulsión era Eduardo Zaplana, que aparecía en audios en comprometedoras conversaciones –uno de sus interlocutores le confesaba que estaba en la política para “forrarse”-, pero no solo se salvó de la quema, sino que con posterioridad se convertiría en un exitoso referente del partido y presidente de la Generalitat valenciana. Aunque el Tribunal Supremo archivó aquella causa por irregularidades en su instrucción y ordenó la destrucción de las escuchas, los interesados en la arqueología de la corrupción aún pueden encontrar jugosos audios en internet e incluso encontrar conexiones interesantes con episodios de corrupción más recientes. Por ejemplo, Zaplana y Ángel Sanchís, antecesor de Naseiro como tesorero del PP, reaparecieron dos décadas después en el epicentro del caso Gürtel.
Ante la sentencia de la Audiencia Nacional, el PP se ha limitado a afirmar lacónicamente: “Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir”. ¿Y qué es lo que han dicho? Ah, sí: que aquellas cosas sucedieron hace muchísimo tiempo, cuando el actual presidente del partido era diputado por Ávila, que todo está en manos de la justicia, que se acatará lo que digan los tribunales... ¿Por qué habría Casado de responsabilizarse de unos incidentes desagradables del pasado, si no era más que un crío cuando Rajoy decía lo de “Luis, sé fuerte”? El amago más serio que ha hecho el presidente del PP para distanciarse de aquellos hechos fue el anuncio, en febrero pasado, de que mudaría la sede del partido, pero el cuartel general aún se mantiene en Génova 13, debidamente modernizado con los fondos de la caja B.
Las cosas han cambiado desde los días en que el PP acusaba al PSOE de Felipe González de ser “el partido de la corrupción”. Es cierto que afloraron muchos escándalos en la etapa final del felipismo, pero la formación conservadora se ha apropiado con creces de aquel título gracias a la sucesión interminable de venalidades que han trascendido en los últimos tiempos. Casado no lo tendrá fácil para sacudirse la sombra de la corrupción de su partido salvo que protagonice alguna ruptura clara y creíble con ella o que caiga sobre España la macondiana peste del olvido. Otra cosa son los efectos que estos escándalos y sentencias judiciales puedan tener en las urnas. Numerosos estudios coinciden en que los electores españoles no suelen penalizar la corrupción, al menos con la contundencia con que lo hacen en otras democracias avanzadas, aunque en épocas de dificultades económicas aumente su sensibilidad ante el fenómeno. Además, un estudio publicado en agosto por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa señala que los votantes de derecha son menos proclives que los de izquierda a castigar a sus partidos por incurrir en conductas delictivas.
Cabe suponer que los estrategas del PP conocen estos informes. Y quizá Casado se escuda en esa debilidad de nuestra democracia para guardar un imperturbable silencio.