España vive un retroceso en libertad de expresión. Así lo denuncian organismos internacionales. Periodistas, artistas o manifestantes han sido perseguidos por expresarse. Mientras, hay políticos que mienten a cascoporro, que niegan lo evidente y mueven los hilos para no dar la cara, no rendir cuentas como servidores públicos y no asumir responsabilidades.
En el caso particular de Cristina Cifuentes, lo lógico hubiera sido que atendiera a los periodistas de eldiario.es y, en una entrevista, haber desmontado con pelos y señales sus informaciones. En una democracia sana, va en el cargo. Si Cifuentes no tenía nada que ocultar, podía haberse enfrentado a las preguntas de Raquel Ejerique e Ignacio Escolar, aportando las pruebas suficientes, en tiempo y forma, y habríamos terminado con el caso del máster.
No ha ocurrido así. Cristina Cifuentes, presidenta autonómica, ha optado por anunciar una querella contra dos periodistas, que supondría una condena de entre seis meses y dos años de cárcel. Cifuentes, ni se enfrenta a las preguntas de Ejerique y Escolar, ni ha mostrado, una semana después, los documentos suficientes, con sello y registro oficial, que prueben que aprobó un máster en el que le cambiaron las calificaciones de “No presentado” a Notable.
Lo más grave no es esto. Tomen nota fuera de España de que aquí el presidente del Gobierno presume de leyes de “transparencia”, pero ha respaldado la opacidad de Cristina Cifuentes. Según el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, Rajoy da “su apoyo, respeto y reconocimiento” a la presidenta madrileña, porque “ha dado las explicaciones con documentación”. Cospedal, ministra y secretaria general del partido, ha llegado a apoyar Cifuentes diciendo que “a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal”.
A este nivel de irresponsabilidad hemos llegado. Así entienden algunos dirigentes españoles el trabajo de los medios informativos. Antes de desmentir con pruebas sus informaciones, se les ataca gravemente y se anuncia a bombo y platillo una querella, remarcando lo de “criminal”, con la consiguiente amenaza de meter a periodistas en la cárcel. No lo verán sus ojos. Lo que buscan a corto plazo es eludir responsabilidades, ganar tiempo, aparentar firmeza antes sus parroquianos, desacreditar a los informadores y meter miedo.
El temor llega a los periodistas y a los medios. Es un aviso a navegantes del periodismo incómodo. Va ligado a ese retroceso en libertad de expresión del que hablaba al comienzo. No ser transparentes y atemorizar va en la línea de un poder que también se refugia en un sistema judicial lento, que no pocas veces ha adolecido de doble vara de medir y de estar politizado. Pero que nadie se lleve a engaño: un periodismo libre y una justicia ágil deben ser pilares fundamentales de control en un país democráticamente sano.
A la presidenta madrileña se le agota el tiempo. Una semana parece suficiente para encontrar un trabajo de fin de máster que no aparece, por mucho que hayas hecho “tres mudanzas”. Si te echan una mano, hasta puedes hacer uno nuevo. Los alumnos que no recuerdan a Cifuentes guardan el suyo. También podía haberles llamado para invitarles a unas cañas y echarles en cara que no se acuerden de ella, después de 600 horas lectivas presenciales.
Ni el máster se aprobaba faltando a clase, ni gobernar es faltar a la verdad. Ni apropiarse de lo público, ni desprestigiarlo. No es gozar de privilegios, ni matar al mensajero. No basta con ser de boquilla “ejemplo de lucha contra la corrupción”, sino que hay que demostrarlo. Supongo que gobernar es estar a las duras y a las maduras. Y cuando ya no hay que estar, saber irse. Gobernar es también dar explicaciones, con preguntas y repreguntas de periodistas, que tienen derecho a explicarle a la gente lo que no ha quedado claro. Gobernar no es contar tu película por plasma, ni con vídeos nocturnos en Instagram mientras tus fans te envían corazoncitos.