El único acontecimiento al que Mariano Rajoy sí ha querido anticiparse ha sido el futuro judicial de la infanta Cristina.
Con una contundencia inédita –informada, segura, sin fisuras–, el presidente del Gobierno ha dicho que la infanta Cristina saldrá libre de su imputación por delitos que tienen que ver con la corrupción.
Rajoy ha sentenciado que la infanta Cristina es inocente y ha dejado claro que su concepto de igualdad ante la justicia no tiene que ver con el expresado por el rey, cuando éste pensaba que el saqueo de dinero público del matrimonio se agotaría en el cortafuegos de Urdangarin.
Rajoy ha despejado a córner las numerosas preguntas realizadas por Gloria Lomana en Antena 3. Contestando con miedo, midiendo sus respuestas para que no puedan volverse en su contra y formen parte del archivo que se esgrime con el paso del tiempo ante las promesa incumplidas, Rajoy no ha dado casi ninguna respuesta clara, ni mucho menos comprometida. Rajoy no se ha querido adelantar a ningún acontecimiento.
Sin embargo, a Rajoy se le ha entendido todo cuando nos ha anunciado que se ha constituido en juez y abogado defensor de la infanta. Se suma así a sus dos abogados defensores oficiales, Roca y Silva; al que hasta ahora había actuado como fiscal, Pedro Horrach; al fiscal general del Estado, que niega la memoria y defiende a los delincuentes si son de derechas, Torres Dulce; y al fiscal/ministro, siempre solemne y retrógrado, Ruiz Gallardón. Todo un bufete que logrará que el asunto quede en nada, como nos ha anunciado Rajoy con inusitada e inequívoca rotundidad.
Por cómo enhebró la frase, parece que el presidente del Gobierno tiene la información suficiente en una mano, y el poder necesario en la otra, para conseguir que a la infanta le vaya bien y salga limpia de polvo y paja de este asunto. Ya puede Cristina poner a enfriar el cava.
De la frase del rey hace un año –“que la justicia sea igual para todos”–, a la certeza de que la infanta Cristina quedará impune, anunciada el lunes por Rajoy, hay un enorme trecho, el que supone una entrada explícita del presidente del Gobierno, y su brazo judicial, en un asunto que, en puridad, debería ser una decisión exclusiva y libre de la justicia, esa que presuntamente nos iguala a todos los españoles.
Resulta llamativo que Rajoy no se haya querido adelantar a los acontecimientos en siete cuestiones distintas, que van desde el futuro de Cataluña a medidas contra expresos de ETA, pasando por la salida supuesta de la crisis económica, y sin embargo haya tenido un ataque de concreción, rotundidad y compromiso en un asunto que en un país con división de poderes, democrático, hubiera merecido, como mucho, una respuesta en esa línea que se emplea en el PP para hablar de Bárcenas: “Dejemos actuar a la justicia”.
El caso es que ya podemos dar vueltas a la peonza de la infanta, a si hace o no paseíllo, a si es blanqueo, delito fiscal o una caradura de cemento armado, el asunto ya ha sido sentenciado: a la infanta “le irá bien”.
El uso y abuso de dinero público, doblemente defraudado por Cristina e Iñaki, quedará en nada. Queda por saber si será sobreseído el caso, si ni siquiera irá a juicio, si será absuelta con reproche al juicio condenatorio de la mayoría de los ciudadanos… Pero está claro que a la infanta le irá bien. Rajoy nos ha adelantado de forma rotunda este acontecimiento.
Bueno, también ha sido rotundo Rajoy en decir que el rey es “una persona, un ser humano”. Qué hallazgo redundante.