- Múltiples investigadores han llamado la atención sobre que la industria farmacéutica tiende a “inflar” los gastos de I+D de medicamentos para tener más poder a la hora de negociar con las administraciones y ampliar así sus beneficios
Una veintena de organizaciones y profesionales de la sanidad y de la comunidad científica, junto a la Fundación ciudadana CIVIO, están recogiendo firmas para llevar al Congreso el debate sobre el precio de los medicamentos y su transparencia. Esta iniciativa, con el nombre “Medicamentos a un precio justo”, tiene un claro objetivo: llegar a las 500.000 firmas antes de septiembre de 2020 para que dicho debate llegue a la Cámara. En estos momentos hay recogidas de firmas presenciales en diferentes puntos de España que pueden consultarse en este mapa.
Esta iniciativa legislativa popular (ILP) pretende, según sus propios promotores, lo siguiente:
“Esta ILP propone medidas que refuerzan la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios de medicamentos con más transparencia, y para que los costes de adquisición de medicamentos del Sistema Nacional de Salud sean de conocimiento público. Propone también la creación de un fondo para financiar la investigación y la formación de los profesionales sanitarios de forma independiente, mejorar el acceso a la innovación y evitar los potenciales conflictos de intereses que ocasionan las transferencias privadas de los laboratorios. La ILP también contempla la regulación de los pagos directos e indirectos de la industria farmacéutica a organizaciones y profesionales sanitarios, un ámbito que actualmente está autorregulado por los propios laboratorios y sin control público”.
¿Por qué asegurar la transparencia en torno a la investigación, promoción y comercialización de los medicamentos es un factor clave para la ciudadanía? Las razones son múltiples y variadas:
Los procesos de negociación entre la industria farmacéutica y las administraciones sanitarias públicas españolas para la fijación del precio de los medicamentos son opacos y están sujetos a acuerdos de confidencialidad. Desconocemos, por ejemplo, los criterios que emplea la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos para definir los precios de los fármacos que terminan recetándose en España por la sencilla razón de que el gobierno no los publica. Esta absoluta falta de transparencia no solo no permite saber a la población y a los expertos si la fijación de los precios se ha realizado correcta y honestamente, sino que este secretismo favorece la implantación de precios más elevados para los medicamentos porque obstaculiza la competitividad. Además, esto lleva también a precios diferentes entre distintos hospitales y Comunidades Autónomas, que son las que terminan pagando los costes en sus presupuestos. Incluso conocer el listado de precios de los medicamentos financiados resulta un reto. Desde 2012 existía un apagón informativo y tuvieron que pasar 5 años para que, en 2017, el Gobierno publicara finalmente un listado de fármacos tras numerosas peticiones al Consejo de Transparencia.
Los costes de investigación, desarrollo y fabricación de los medicamentos por parte de las empresas farmacéuticas son detalles que suelen quedar ocultos cuando negocian con las administraciones públicas. Esto supone una gran barrera para la fijación del precio de los fármacos en beneficio de la población, ya que es extremadamente difícil conocer cuál es el margen real de beneficios de la industria. Múltiples investigadores han llamado la atención sobre que la industria farmacéutica tiende a “inflar” los gastos de I+D de medicamentos para tener más poder a la hora de negociar con las administraciones y ampliar así sus beneficios. Si tenemos en cuenta que el sector farmacéutico es uno de los más lucrativos del mundo (por delante de las telecomunicaciones o la venta de armas), parece claro que esto va en detrimento de los sistemas sanitarios públicos.
El precio de los medicamentos, especialmente aquellos aplicados contra el cáncer, se ha incrementado considerablemente en apenas 10 años. Existen tratamientos antineoplásicos en España que alcanzan los 40.000 o los 100.000 euros por paciente al año. Varios expertos alertan de “una burbuja del precio de los medicamentos para el cáncer”. Lo más sangrante es que, además, un gran porcentaje de estos fármacos con precios prohibitivos no ha demostrado mejoras sustanciales en la supervivencia de los enfermos. No hay sistema sanitario público que pueda sostener indefinidamente tal escalada de precios. Urge una total transparencia del Gobierno para que entidades independientes valoren sus decisiones sobre por qué se financian ciertos medicamentos y cuáles son las razones detrás.
La industria farmacéutica destina inversiones millonarias a sociedades médicas y profesionales sanitarios. Históricamente, estas transferencias de dinero han sido prácticamente opacas y sin apenas regulación. En 2018 fue el primer año que se pudieron publicar los datos de aquellos médicos que habían recibido dinero de las farmacéuticas, independientemente de su consentimiento. Pese a ello, 13 laboratorios incumplieron su propio código ético, ocultando los datos de los médicos. Esta millonaria inversión de farmacéuticas en los médicos no es, ni mucho menos, altruista ni está carente de consecuencias sobre los pacientes. La aplastante realidad es que las farmacéuticas invierten tanto dinero en los médicos porque saben perfectamente que van a tener un retorno económico de múltiples maneras al influir sobre la actividad médica.
No es sólo que se trate de una estrategia básica de marketing, sino que también existen diferentes estudios que reflejan cómo estas acciones tienen efectos concretos sobre el ejercicio de los facultativos. Estos efectos van desde lo más evidentes, como son el aumento de la prescripción de fármacos concretos, hasta los más ocultos y complicados de demostrar como son el establecimiento de criterios más laxos para pautar tratamientos o “facilitar” el proceso de autorización de fármacos para que entren al mercado. Es imprescindible que estos pagos de la industria farmacéutica a instituciones y profesionales sanitarios se regule y se garantice su total transparencia para evitar comportamientos que perjudiquen al bien común y conocer, además, posibles conflictos de intereses.