Rectificar es de sabias

No se entiende para qué fue la ministra Ana Redondo a la manifestación que hubo en Madrid, hace un par de semanas, contra las modificaciones introducidas por Ayuso a la Ley LGBTI madrileña. Aquella protesta en las calles, liderada por el movimiento trans, denunciaba el grave ataque que la nueva redacción de la norma representa para los derechos de todo el colectivo, pero muy especialmente para las personas trans. Seguro que la ministra de Igualdad conoce el dicho de que “no se puede estar en misa y repicando” y por eso entenderá que no entendamos nada y estemos enfadadas. 

Es incompatible criticar los recortes de derechos a las personas trans que hace Ayuso en la Comunidad de Madrid y nombrar como directora del Instituto de las Mujeres a una reconocible activista transexcluyente que defiende lo mismo que contiene la norma de Ayuso y contra la que se manifestó Redondo. La posición política que sobre los derechos humanos de las personas trans mantiene Isabel García Sánchez, la recién nombrada directora, es de sobra conocida, polémica, retrógrada y contraria a la dignidad de las mujeres y hombres trans, de todas las personas trans, y muy especialmente las no binarias. Una posición política que tiene mucho en común con la de Isabel Díaz Ayuso, como por ejemplo cuando ambas isabeles creen y defienden que la ley estatal de igualdad real y efectiva de las personas trans es inconstitucional y debe ser derogada. 

No sé si Pedro Sánchez y su ministra de Igualdad se han leído la Ley de Ayuso y en especial su exposición de motivos. Les invito a que lo hagan y comprueben cómo el espíritu TERF (que en este caso coincide con el de la extrema derecha) impulsa los recortes en derechos que impone esta norma autonómica. Un espíritu que ha promovido y difundido la propia Isabel García, y que es difícil ignorar porque ella misma se ha encargado de alardear de argumentario TERF tanto en las redes sociales como en sus intervenciones públicas. Un argumentario que se ve literalmente reflejado en el articulado autonómico de Ayuso cuando señala que hay que evitar que las medidas de protección de las personas trans “no acaben yendo en detrimento de la mujer, de su seguridad física y jurídica, de su participación en condiciones de igualdad efectiva en la vida profesional, deportiva, artística, de ocio y social, ni de su necesario reconocimiento e igualdad ante la ley”. Y añade, “no pocas organizaciones feministas han levantado la voz señalando este peligro, que una legislación de calidad está llamada a soslayar, al tiempo que ampara a todos; especialmente a los menores”. 

La nueva directora del Instituto de las Mujeres pertenece a ese grupo de organizaciones que levantaron la voz señalando el peligro de una ley (la estatal) que lleva vigente ya casi un año y que, en estos diez meses, no solo no ha borrado a las mujeres, sino que ha dotado de más dignidad y protección a todas nosotras y todes nosotres especialmente a las mujeres trans. Estas organizaciones también levantaron su voz contra el propio cambio de nombre del Instituto cuando pasó a llamarse de “las Mujeres” y dejó de ser el “Instituto de la Mujer”. Organizaciones que defienden que solo hay un feminismo (el cisexual, a poder ser blanco y español) y que, como la propia García Sánchez, creen que este debe desentenderse de aquellas otras luchas que atraviesan a las mujeres y sus familias a causa del racismo, el cambio climático, la pobreza, el antigitanismo… 

Es inaceptable que el Ministerio de Igualdad señale como garantía el compromiso de Isabel García Sánchez con los derechos LGTBI y que es lesbiana y mujer, que sabe perfectamente lo que es sufrir esa doble discriminación. La sola justificación roza un esencialismo preocupante que no solo atenta contra la actual estructura del ministerio que, hasta ahora, trataba de aportar cierta mirada interseccional a las políticas de igualdad, sino que parece concebir las discriminaciones como una especie de “don” que lleva a la persona a estar comprometida por ciencia infusa con los derechos humanos. Una vez más la justificación se parece a otro argumentario muy ajeno a los derechos, esta vez al de Vox cuando dice que no son racistas porque su secretario de Organización, Ignacio Garriga, es negro.

Cuando alguien se mete en política, lo hace para representar las voces y las vidas de una ciudadanía con la que comparte propuestas e ideas y defender una forma de materializar estas. García Sánchez ha venido representando en los últimos años el ala más dura del movimiento TERF dentro del PSOE. Ahora asume un puesto de alto cargo en un Gobierno que presume de progresista y ha aprobado una ley que garantiza el derecho de las personas trans a ser quienes son. ¿A quién va a representar como directora del Instituto de las Mujeres? La disyuntiva es clara: o pide perdón y se retracta por todas las declaraciones anti-derechos contra las personas trans o es cesada al no ser idónea para liderar un organismo público que tiene que materializar las políticas dirigidas a todas las mujeres, a todas, sin peros ni excepción. Difícilmente se retractará, por lo que lo coherente sería su cese. Rectificar también es de sabias.