En la mañana del sábado, los lectores de ABC se desayunaron con este titular: “Policía y Guardia Civil intervendrá (sic) para mantener el orden si los Mossos no actúan”. El texto y los testimonios recogidos no dejaban dudas sobre las intenciones de Interior o Moncloa (según “fuentes solventes”): “En ningún caso se va a tolerar que se vuelva a producir una situación como esa (la concentración del miércoles ante la Conselleria de Economía), y si los Mossos no actúan o muestran una cierta pasividad la Policía y la Guardia Civil intervendrán para mantener el orden público”.
Mensajes en el mismo sentido han aparecido destacados esta semana en varios medios. “Los mossos ceden al separatismo la calle para acosar a los jueces”, tituló El Mundo en su portada del viernes. Un día antes, el mismo periódico ya había acusado en portada a los Mossos con el aviso de que el Gobierno estaba dispuesto a intervenir: “Interior planea sustituir a los Mossos por su pasividad”. En ambos casos, se intentaba argumentar que la Policía catalana estaba colaborando con la Generalitat en la campaña por el referéndum permitiendo las movilizaciones en la calle.
Este sábado, se ha procedido a cerrar el círculo. La Fiscalía del TSJC ha comunicado a los Mossos que el control de la seguridad en todos los asuntos relacionados con el referéndum pasa a manos del Ministerio de Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. Un coronel de la Guardia Civil –cargo de confianza del Ministerio desde los tiempos de Rubalcaba– se ocupará de la “coordinación” entre las distintas fuerzas policiales implicadas, el término aparentemente inofensivo con el que se define la operación.
La ingeniería jurídica incluye algunos elementos confusos. Fuentes del Ministerio de Interior comunicaron a varios periodistas por la mañana que la medida se había tomado en aplicación del art. 38.2 de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En relación a la vigilancia de espacios públicos, protección de manifestaciones y mantenimiento del orden “en grandes concentraciones humanas”, ese artículo dictamina que esas funciones corresponden a las policías autonómicas, pero “sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes”.
Está claro que la ley deja un amplio margen para que las “autoridades estatales competentes” elijan qué cuerpo policial puede desarrollar esas funciones en cada momento.
Curiosamente, el comunicado de la fiscalía se refiere a otro artículo de esa ley para dar cobertura legal a la intervención, muy posiblemente con la intención de extender su aplicación a todo tipo de situaciones, y no sólo a las relacionadas con manifestaciones en la calle.
Su comunicado cita “lo dispuesto en el art. 46 de la Ley Orgánica 2/1986”. En su primer punto, ese artículo se refiere a una situación en la que las comunidades autónomas “no dispongan de los medios suficientes” y pidan “el auxilio” de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que en este caso no se puede aplicar, ya que la Generalitat no ha pedido ayuda al Gobierno central.
En su segundo punto, se dice que cuando en una actuación concreta “concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación”.
Si el texto dice que cada vez que concurren miembros de varios cuerpos policiales en una operación, “serán” la Policía y la Guardia Civil las que la dirijan, uno se pregunta por qué no se hizo eso tras el atentado de Barcelona, un asunto de la máxima gravedad con un elevado número de víctimas y el riesgo de que se produjeran más hechos violentos. Los Mossos dirigieron esa operación con el beneplácito del Gobierno central, cuyas fuerzas policiales aportaron la colaboración necesaria a través de los organismos de coordinación habituales. Esos organismos ya han dejado de ser útiles por razones políticas.
Con la inestimable colaboración de la Fiscalía, el Gobierno ya controla la respuesta de los Mossos a la convocatoria del referéndum. Es cierto que no se puede hablar de una intervención completa, porque el Gobierno permite que la Policía catalana continúe ocupándose de la lucha contra la delincuencia común y otros asuntos. A fin de cuentas lo que le interesa ahora mismo –al Gobierno y a todo el mundo– es lo que pase con la convocatoria de un referéndum que como tal ya no puede celebrarse. A los carteristas, pueden seguir persiguiéndoles los mossos.
Se trata de un subterfugio legal con el que se elimina otro de los elementos esenciales del autogobierno catalán sin pasar por el artículo 155 de la Constitución y el consiguiente debate parlamentario. El Gobierno lo tenía fácil con las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda, porque la Generalitat ya depende de la Administración central para financiar sus gastos más básicos.
Con los Mossos, nos encontrábamos en un ámbito más delicado que no se justificaba por sí mismo a menos que se presentaran razones de peso, razones que ni Interior ni la Fiscalía se molestan en detallar.
En el terreno de las imágenes con la que muchos ilustrarán en sus páginas o en su mente esta decisión, nada puede superar lo que ocurrió el miércoles 20 con la operación en la que se detuvo a varios altos cargos de la Conselleria de Economía y la Guardia Civil registró sus instalaciones durante todo el día.
Miles de personas estaban frente al edificio –la Guardia Urbana calculó 40.000 en torno a esa zona– y algunos de los manifestantes provocaron graves daños a tres vehículos policiales aparcados en la entrada. Por la noche tuvieron que ser retirados con grúas. Los Mossos no establecieron un perímetro de seguridad inicialmente, porque eso les hubiera obligado a cargar contra la multitud.
Ese mismo día, una orden interna del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, había comunicado a sus agentes que “se ha de ser especialmente restrictivo y cuidadoso con el uso de la fuerza y limitarla a ”aquellos casos en que se haya de garantizar la seguridad propia o de terceros y siempre que no haya otra opción menos lesiva“.
Los mandos de los Mossos optaron por no cargar para proteger los coches durante ese día. Los agentes que estaban en ellos se refugiaron en la Conselleria. Antes de que anocheciera, dos agentes no uniformados salieron de allí y tuvieron que ser protegidos por miembros de ANC. Ya de madrugada comenzaron las cargas de los Mossos para expulsar al millar de personas que aún quedaba allí después de que hacia las 22.00 la ANC diera por finalizada la concentración. Fue ahí cuando los vehículos sufrieron los mayores daños.
A la 1.30 de la madrugada y a las 3.00 otra vez, los mossos alejaron a los manifestantes y cargaron contra ellos. Fue a las 3.00 cuando cinco guardias civiles salieron del edificio. Otros, la mayoría, siguieron trabajando dentro y no lo abandonaron hasta las 7.15 de la mañana cuando se dio por finalizado el registro. Algunos medios dijeron que los guardias civiles habían quedado “atrapados” hasta esa hora. Si eso fuera así, no está claro por qué no salieron cuatro horas antes tras la carga anterior realizada por los mossos.
A la luz de los acontecimientos posteriores, está claro que la conducta de los Mossos puede criticarse, como cualquier otra actuación policial. Es más complicado hacerse responsable de las consecuencias que podría haber tenido un día entero de cargas contra una masa de miles de personas.
En la situación de máxima tensión en la que estamos ante el referéndum, resulta difícil justificar una medida como la intervención de los Mossos en todo lo relacionado con el referéndum sólo con lo ocurrido ese día. Tres vehículos policiales dañados no son una afrenta para el Estado que justifique poner fin al carácter de policía integral que tienen los Mossos. No consta en ningún sitio que los mandos de los Mossos hayan desobedecido órdenes de fiscales o jueces ni que hayan puesto trabas a las iniciativas judiciales relacionadas con el referéndum.
Es otra decisión política del Gobierno contra un referéndum que ya ha dejado de serlo desde el momento en que no hay ningún organismo electoral que lo organice y supervise por la dimisión colectiva de los miembros de la Sindicatura Electoral que montó la Generalitat.
Es también una decisión que se prolongará a buen seguro más allá del 1 de octubre. Si con tan poco se ha justificado la actual intervención, no les costará mucho ampliarla con otro comunicado.