La política a veces se divide entre quienes agitan las emociones y quienes no detectan la hondura de las mismas ni su capacidad de movilización. Y como en estos tiempos el debate público solo entiende de agitación y de urgencia, dos semanas, que solo son 15 días, se pueden convertir para el Gobierno en una eternidad, además de un calvario, so pena de que para entonces Pedro Sánchez anunciase que en tiempos de guerra no queda otra que intervenir la economía y algunos de sus sectores estratégicos como el de la energía para que empresas y familias puedan sobrevivir a esta crisis. En La Moncloa debieran saber ya que el pesimismo es tan contagioso como el optimismo y que, a menudo, provoca reacciones inesperadas como la que este domingo dominó las calles de Madrid.
La multitudinaria manifestación de agricultores y ganaderos que recorrió La Castellana responde, sí, a una situación que viene de lejos y que tiene que ver mucho más con los canales de comercialización dominados por la especulación y los abusos del mercado que por la acción o inacción del Gobierno. El campo tiene tantos motivos para la protesta y la indignación como razones hay contra la intervención de los precios en un mercado de libre competencia. Pero la derecha y la ultraderecha españolas han decidido hacer de su protesta un totum revolutum contra el Gobierno aprovechando la subida de la inflación, las legítimas reivindicaciones de los transportistas por el elevado precio de los carburantes, el prohibitivo coste del gas y la electricidad y, en general, el evidente cabreo de los españoles por la pérdida de poder adquisitivo.
El maléfico Pedro Sánchez, ya se sabe, es el culpable de todos los males que acechan a los habitantes del planeta desde España a la Patagonia, incluida la grave crisis energética desatada como consecuencia de la invasión rusa. Así que nada mejor que instrumentalizar políticamente la protesta y exigir dimisiones a troche y moche, además de medidas que, de ser adoptadas, serían también motivo de crítica contra el Gobierno. Piove, porco governo.
Quienes defienden el libre mercado piden ahora la intervención de los precios y quienes acusaron al Gobierno de bolivariano e intervencionista por pretender limitar los beneficios de las eléctricas, reclaman soluciones urgentes contra la subida de la electricidad, además de rebajas de impuestos generalizadas para empresas y consumidores. Se olvidan, claro, que antes de la guerra ya se redujo el IVA del 21 al 10% con un coste de 10.000 millones para las arcas públicas y sin que la medida haya tenido apenas efecto sobre el coste de la luz.
La situación es de extrema gravedad, pero el presidente del Gobierno pide paciencia hasta el Consejo de Ministros del próximo día 29 de marzo, que se celebrará después del Consejo Europeo de los días 24 y 25, una cita a la que Pedro Sánchez intenta llevar soluciones para que Bruselas adopte medidas que rebajen el coste de la electricidad. La negociación no parece que vaya por buen camino, a tenor de lo que se escucha dentro y fuera del Gobierno y de las reticencias de algunos socios europeos, liderados por Alemania, que rechazan desvincular el gas del precio de la luz por miedo a comprometer la seguridad del suministro.
La pregunta es si el Gobierno tiene un plan B para el caso de que el Consejo Europeo no secunde la propuesta de Sánchez porque la inflación seguirá desbocada (7,6 en febrero) igual que los precios de los alimentos básicos y los carburantes mientras las empresas -que no lo han hecho ya- prevén de inmediato elevar sus precios para defender sus márgenes muy por encima de lo que los trabajadores han visto incrementados este año sus salarios.
La espiral inflacionista compromete, sí, la reactivación de la economía y el poder adquisitivo de los hogares, pero también, qué duda cabe, la estabilidad del Gobierno. Y esto es algo que, populismos y oportunismos aparte, Sánchez debería saber a estas alturas si pretende seguir en La Moncloa y empezar a hacer pedagogía para conectar con el estado de ánimo de la gente, además de anunciar sin más dilación la intervención de sectores estratégicos de la economía, como el de la electricidad o los hidrocarburos. La derecha le criticará tanto si lo hace como si no, pero los españoles seguro que lo agradecerán.