“El sentido común del siglo XVIII, su comprensión de los hechos evidentes del sufrimiento humano y de las exigencias obvias de la naturaleza humana, actuaron en el mundo como un baño de purificación moral”
Alfred North Whitehead
Yo soy una damnificada de Eduardo Zaplana.
Miren que me gusta poco hablar en primera persona, pero en este caso me parece pertinente. Lo soy de forma objetiva. Zaplana fue uno de los padres de las teorías conspiratorias del 11M. Uno de los que se consideraron agraviados cuando la Justicia se hizo sin darles el más mínimo respiro a sus falacias. Él, y otras, se ocuparon de cobrarse pieza en mí. Una patada en mi culo que iba dirigida a quien no podían alcanzar, en una represalia totalmente política y desprovista de cualquier justificación profesional. Tiempos pasados. Aún así nunca he dudado de que Eduardo Zaplana, con su soberbia, con su poder incuestionable en otros tiempos, con su pléyade de víctimas, es un ser humano. De esto va esta reflexión: de seres humanos, de la humanidad del Estado y de la inaceptable implantación de una venganza institucionalizada a priori, sea del signo político que sea su destinatario.
Zaplana tiene una leucemia -un cáncer de la sangre- y fue trasplantado para intentar detenerla. A raíz de ese trasplante, realizado en el hospital público de Valencia, sufre ahora lo que se denomina Enfermedad del Injerto Contra el Huésped (EICH), es decir, se trataría del ataque de los linfocitos del donante de la médula a los órganos del trasplantado. Sería el equivalente a lo que llamamos “rechazo” de un trasplante de otro órgano. Si ese rechazo no responde a los corticoides, como es el caso del político popular, las expectativas de supervivencia disminuyen considerablemente. La situación es similar a la que tenían los enfermos del sida antes de la llegada de los retrovirales: estaban expuestos a que el más mínimo contacto con un virus o una bacteria les provocara la muerte. Seguro que se hacen cargo de la situación, sin embargo, la juez instructora del procedimiento contra él parece no enterarse. Zaplana tiene sangrados internos, llagados de las mucosas, se le deben realizar algunas pruebas con grandes cuidados para evitar que microroturas de la pared intestinal hagan pasar a la sangre microorganismos... y todo un largo etcétera de complicaciones que le han sido explicadas en múltiples informes a la magistrada por el jefe de servicio del Hospital Público La Fe de Valencia. Algo objetivo que llevó a los médicos forenses en mayo a decir que podría correr riesgo su vida en prisión aunque en septiembre recularan, a pesar de que el paciente no ha ido objetivamente a mejor sino a peor. Deberían explicar por qué.
La juez de Instrucción que lo mantiene imputado y en prisión preventiva, Isabel Rodríguez, parece no tener capacidad para comprender lo que técnica y científicamente se le expone. Eso que ustedes mismos ya han comprendido, que una persona con ese nivel de complicaciones y de riesgo de infección, que no podría superar, no puede estar en una prisión conviviendo con todo tipo de reclusos aquejados cada uno de cosas diversas, de un resfriado a una tuberculosis. Rodríguez no lo ve. Así que día tras día oficia al hospital para apretar y devolver a Zaplana a Picassent. Para ello no duda en tratar a una eminencia en hematología, el doctor Guillermo Sanz, como si fuera un médico de parte vendido a la familia y que, según se deduce de sus autos y oficios, parecería que está dispuesto a firmar cualquier tipo de papel que la familia necesite para beneficiarse. Es tan insultante el comportamiento de la magistrada que nos debe ofender a todos.
Guillermo Sanz es un médico sin sombra de sospechas. Una eminencia en hematología cuya especialidad en los Síndromes Mielodisplásicos y en el trasplante con progenitores hematopoyéticos es reconocida internacionalmente. Ha publicado centenares de artículos de investigación y actualmente es co-chair de Harmony, el proyecto estrella europeo dotado con 40 millones de euros y que se piensa extender posteriormente a otras enfermedades. Para la juez de instrucción es “el juez de la familia”. Alguien sospechoso. La realidad es que se trata de un vocacional de la sanidad pública, un hombre comprometido y de izquierdas, que no ha cejado en su compromiso desde que militara en el Partido Comunista de estudiante en la Autónoma de Madrid, hasta haber aceptado ser interventor de Podemos en las últimas elecciones. Es indignante que les tenga que contar esto pero, dada la actitud de la Justicia en este caso, casi es preciso justificar que no hay ningún interés oculto en lo que para Sanz es un ejercicio práctico de su juramento hipocrático: salvar a su paciente. Para ello no ha dudado en pedir amparo a la Sociedad Española de Hematología, que en los días que vienen emitirá dos informes de sendos jefes de unidades de trasplante sobre la situación científicamente adverada de Zaplana. La ciencia, aquello que nos trajo a la civilización y que parece significar ya tan poco. Todo eso se lo despacha la jueza con “hasta en los paraísos fiscales hay hospitales” así que se puede fugar. Tampoco ha debido leer en los informes que las directivas del European Blood an Bone Marrow Transplantation Group y de la Organización Nacional de Trasplantes señalan que cualquier paciente trasplantado debe ser tratado en el centro que lo trasplantó o en un centro acreditado por ellos. Ella prefiere el hospital penitenciario porque todo esto se lo explica el que debe considerar un mindundi vendido a no se sabe qué intereses.
Zaplana ahora mismo, siendo un preso preventivo, es de peor clase que un condenado. Ningún juez de Vigilancia Penitenciaria le mantendría en prisión en estas condiciones. Recuérdese el Caso Bolinaga en el que, a pesar de mostrarse en contra forenses y fiscales, el juez Castro de la Audiencia Nacional viajó a Donosti a entrevistarse con los médicos, “sus médicos” que diría Rodríguez, y finalmente le excarceló por motivos humanitarios. En el caso de Zaplana, una persona que aún conserva indemne todo su derecho a la presunción de inocencia, se están poniendo en riesgo de vulneración su derecho a la vida y a no sufrir un trato inhumano y degradante. Todo eso para conseguir que no se convierta en un fugitivo -con ese panorama, imaginen, yendo de hospital en hospital- y mantenerlo preso para asegurar un proceso que probablemente nunca termine con el cumplimiento de la condena dado que, de seguirse los impulsos de la instructora, morirá mucho antes de que ésta llegue. Es una incongruencia del sistema que un imputado en prisión preventiva acabe recibiendo peor trato que un condenado en firme. No es la primera vez que sucede. En cuatro párrafos mal hilados se despacha la juez la fundamentación para no ponderar los derechos que están en juego aunque más parece barajar si Zaplana parece ser más o menos culpable según pasa el tiempo, algo impropio de un auto como este.
Ya saben que yo creo que los hechos acabarán probando que también se corrompió pero eso no quita ni ápice a ninguno de los argumentos que les he dado. La Justicia que practica un Estado de Derecho siempre mostrará unos principios y una magnanimidad que el delincuente nunca tiene. Porque somos mejores que los que vulneran la ley y porque el sistema que auspiciamos también lo es.
Por eso Eduardo Zaplana debe ser excarcelado por motivos humanitarios sea cual sea su participación en la corrupción o sea cual sea su estela de altanería y prepotencia. No es sólo por él, es por todos nosotros. La crueldad, la ceguera, la falta de apoyo en la ciencia, la prepotencia del que tiene la sartén por el mango no engrandecen el Estado de Derecho sino que contribuyen a enfangarlo.