A este ministro, Rafael Catalá, con ganas sancionadoras que tenemos, no deberíamos privarle de poner multas. Solo hay que convencerle de que no lo haga por las filtraciones que se producen a los medios de comunicación desde la Justicia u otras instituciones. Tiene suficientes motivos para buscar otros “delitos” sancionables que también afectan a la libre información. Le dejo algunas ideas por si las tiene a bien aplicar:
1.- Multas a las empresas gubernamentales y a los ministerios por repartir la publicidad a los medios de comunicación por amiguismo en lugar de por su audiencia.
2.- Sanción ejemplar a los gobiernos autónomos que reparten subvenciones a los medios de comunicación que les son afines ideológicamente.
3.- Multa de campeonato por cada noticia censurada en las radios y televisiones públicas.
4.- Castigo ejemplar por cada rueda de prensa en la que no se admitan preguntas.
5.- Sanción económica por cada nota de prensa de los ministerios de turno en la que se disfrazan los datos y se falsea la verdad.
6.- Correctivo ejemplar cada vez que el gobierno en pleno acude a un acto convocado por un medio de comunicación, aunque hayan sido invitados.
7.- Multa e inhabilitación si se conceden, en nombre del pluralismo, canales de televisión y emisoras de radio a los de siempre.
8.- Sanción económica al gobierno del doble de lo invertido en campañas publicitarias en los medios de comunicación que, bajo el criterio de que son informativas para el ciudadano, son realmente de autobombo y partidismo político.
9.- Multas a los miembros del gobierno que mienten en sus declaraciones a los medios de comunicación.
10.- Sanciones irrecurribles por llamar desde el gobierno a un medio de comunicación para “sugerir” que retire a un periodista de un programa de televisión.
Si consiguiéramos que Rafael Catalá llevara a cabo este decálogo sancionador los medios serían más libres y los ciudadanos también. No sería necesario que se preocupase por las filtraciones, todo estaría cribado por la transparencia y por la verdad.