El que más y el que menos ha recibido valiosos regalos con motivo de su boda o de sus bodas. Ninguno creo que podamos presumir de haber recibido como Sofía Marchena la creación de una plaza de fiscal con nombre propio, con cambio de partida y alteración de los Presupuestos del Estado. Y esto es lo que ha sucedido. La que me cuentan flamante novia del pasado sábado no volverá tras su luna de miel a incorporarse a la Escuela Judicial en Barcelona sino que cursará sus estudios en el centro de formación de fiscales en Madrid (CJE), ciudad en la que tiene la pareja fijada residencia. Una situación que ya les explicábamos en La hija de Marchena y en Marchenagate y que ha propiciado la indignación y la exigencia de transparencia en primer lugar por parte de los opositores, que fueron los primeros en detectar y denunciar la anomalía y la sombra del nepotismo, y de asociaciones de jueces y fiscales que representan a más de 1.500 profesionales. Sólo las asociaciones a las que pertenecen la mayor parte de los protagonistas de este anómalo episodio, sobre el que pende la sospecha clara de favoritismo y corrupción institucional, han decidido ponerse de perfil y no contestar a las demandas de información. Al menos sus cuadros de mando, dado que me constan la perplejidad y la molestia evidente de muchos de sus asociados de base.
Cuentan mis fuentes, tanto periodísticas como de las carreras judicial y fiscal, que tanto el padre de la afortunada novia, Manuel Marchena presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, como el Consejo General del Poder Judicial y otros implicados en el escándalo, han ido transmitiendo a todo el que ha querido oírles que el problema con la joven Marchena estaba relacionado con el riesgo que suponía mantenerla estudiando en Barcelona mientras su padre presidía el juicio y redactaba la sentencia contra los exmiembros del Govern. De ahí el cambio imposible de carrera. Casi todos los que consideran que el fin justifica los medios han comprado la mercancía, tan a las claras averiada para cualquiera que quiera hacer la más mínima comprobación, y han considerado que todo el asunto está ya explicado. Todo muy jurídico y muy periodístico. Ironía. Si tan claro fuera que el inaudito episodio protagonizado por el CGPJ y la Comisión de Selección con la hija de Marchena no tiene sombra de duda, entenderán que miles de jueces y fiscales lo habrían visto a la primera. No ha sucedido así sino que han exigido la documentación necesaria para estudiar cómo se produjo tal ingeniería jurídica y además están que trinan.
Los que lo tienen tan claro podrían haber consultado las fuentes que ponen de manifiesto que los problemas de Sofía Marchena en la Escuela Judicial comenzaron desde su llegada a la misma y que su desaparición del centro de formación de jueces se produjo a principios de marzo de 2017, una fecha en la que nadie tenía ni la más mínima idea de qué acontecimientos iban a sucederse en septiembre y octubre en el Parlament. Ni la más mínima idea. En aquel momento hubo mucho oscurantismo en la Escuela y según afirman compañeros de curso apenas se les insinuó que sufría anemia y que se encontraba mal. Todos los testigos consultados afirman que nada de lo acaecido con la alumna tuvo nada que ver con la situación política de Cataluña. Nada había en el Tribunal Supremo ni nada se esperaba. De facto la querella interpuesta por Maza fue admitida a trámite por Manuel Marchena el 31 de octubre de 2017. Para esa fecha, la alumna Marchena llevaba ocho meses sin aparecer por la Escuela.
Fue después cuando la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, a la sazón esposa del magistrado Llarena, remitió un informe/propuesta al CGPJ sobre la alumna Marchena debido a la inaudita situación que, según ellos, se había producido. Este extremo deberá también ser aclarado. ¿Qué tenía de inaudita una baja prolongada por enfermedad? He documentado varios casos, uno de ellos de una alumna que sufrió un cáncer de mama durante su año de Escuela Judicial y otro de una magistrada, cuyo nombre luego resultaría conocido, que tuvo un embarazo complicado que la obligó a ausentarse durante la mayor parte del periodo de formación. ¿Qué se hizo? Se incorporó al año siguiente y completó su año para ser juez. ¿Qué había de inaudito, insólito, desacostumbrado o especial en el caso de la hija de Marchena? ¿Por qué han montado este pitote nunca visto para que pueda cambiarse y ser fiscal y quedarse en Madrid a completar su formación? Los que han comprado el supuesto riesgo de residir en Barcelona de una mujer a la que nadie conoce, no sé si saben que conseguir plaza de fiscal en Madrid al terminar el año de formación es casi imposible y que la mayoría de las plazas que quedan por cubrir son en Cataluña. ¿También veremos una alteración de los destinos?
Según parece, los muñidores administrativistas creen haber dejado atado y bien atado el tema para evitar que se produzca ningún recurso que pueda obligar a que la Justicia revise lo actuado. Para el caso de que no fuera así, ya se han encargado de poner en marcha la disuasión tanto entre los opositores, a los que los propios preparadores están diciendo que no se signifiquen para evitar represalias, y entre los perjudicados de la promoción 68. Por su parte, en el Ministerio de Justicia actual se asegura que no tienen margen de maniobra legal y que sólo les queda suscribir la lista aumentada de 36 alumnos de fiscales y poner en marcha un “farragoso procedimiento” ante el Ministerio de Hacienda para solicitar el cambio de esa partida presupuestaria. Vemos pues como una decisión de la Comisión Permanente del CGPJ va a acabar alterando los Presupuestos Generales del Estado. Según estas fuentes han sido los técnicos del Ministerio los que han dictaminado que no cabe margen de maniobra para paralizar tal decisión tras ser adoptada por la Comisión Mixta de Selección. Confirman que ésta aprobó el Acuerdo de Nochebuena del CGPJ tras una fuerte disensión entre sus miembros dado que algunos manifestaron claramente que éste era nulo de pleno derecho. A pesar de eso, y tras la refriega, se plegaron y lo aceptaron por unanimidad.
El actual Ministerio socialista no niega que la posición política, no administrativa o formal, no está aún definida y que ésta se manifestará en el Congreso cuando el Gobierno deba contestar las preguntas presentadas por Unidos Podemos, a instancias de Alberto Garzón. Este mismo grupo ha pedido que Lesmes comparezca de forma urgente para explicar las zonas conflictivas y oscuras de este asunto. En el Congreso tendrá que explicar la ministra si sabe cómo se hizo para asignar una nota a Sofía Marchena distinta a la publicada en BOE y por qué se creó una plaza adicional a las convocadas para ella y en qué soporte legal se basaron tales actuaciones. Los parlamentarios quieren saber también de qué partida salió, en qué fecha se solicitó la transformación de la plaza y si el Gobierno va a instar a la Fiscalía General a llevar ante los tribunales estos hechos.
Y es que, a pesar de que lo que se presenta como un probable acto de nepotismo para favorecer a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya sido revestido de legalidad, de una forma que muchos de los actuantes consideran intocable al no haber recurrentes ante lo Contencioso-Administrativo, otros juristas han comenzado a estudiarlo desde el punto de vista penal para analizar si los funcionarios y personas intervinientes pudieron cometer algún tipo de delitos con su actuación.
No hay conspiraciones, no hay grupos de presión, no hay intereses ocultos. Sólo el deseo de asegurar que la transparencia y la legalidad y los principios de mérito y capacidad sigan rigiendo en el acceso al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal. Nada justifica sembrar la duda sobre esta cuestión y nadie, ni siquiera la hija de Marchena, merece como regalo la pérdida de credibilidad del sistema.