En la pasada campaña electoral ha tenido lugar un redescubrimiento de la socialdemocracia que, como explica Vicenç Navarro, no es ni más ni menos que la vía democrática al socialismo, aplicando a las políticas sociales el principio “a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades”.
Qué bien, dijimos muchas, ahora van a entrar en campaña las políticas de reforma estructural que auparon a Suecia hasta los primeros puestos en igualdad social y de género, en renta per cápita, en competitividad, en buena demografía, etc. Ahora, por fin, todas y todos vamos a tener derechos y vamos a contribuir a la sociedad sin barreras ancestrales.
Pues no, por el momento todo eso no ha pasado. Y la clave está en que nuestros políticos siguen ignorando que este 50% de la población que somos las mujeres puede y debe incluirse en el empleo como los hombres; y que el 50% de la población que son los hombres puede y debe asumir su mitad de los cuidados. No es que nieguen este principio, es que simplemente se olvidan.
Así, cuando se les pregunta sobre cómo crear puestos de trabajo, los políticos que se reclaman de la socialdemocracia (de los demás ni hablamos) contestan que subiendo el salario mínimo o invirtiendo en I+D+I o en medio ambiente (por lo que, además, se refieren a actuaciones muy marginales). Sin negar estos extremos, resulta curiosísimo que no se acuerden de todos los empleos que se crearían abordando el mayor déficit de nuestro estado del bienestar: los derechos y servicios relacionados con el cuidado.
Según Vicenç Navarro, “si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar que tiene Suecia, se crearían casi seis millones más de puestos de trabajo, eliminando el paro”.
En efecto, Suecia universalizó el derecho a la educación infantil pública a tiempo completo (desde los 0 años) y el derecho de todas las personas dependientes a que los servicios públicos les garanticen la atención suficiente. Son empleos limpios, no deslocalizables, que solucionarían necesidades perentorias de las familias y resolverían injusticias manifiestas. ¿Por qué se olvidan?
Igualmente, cuando les preguntan cómo piensan financiar las pensiones en una sociedad envejecida, aluden a la diversificación de las fuentes de financiación o, a lo sumo, contestan “que venga gente de otros países”. Sí, que vengan, por supuesto, pero lo sorprendente es que no se acuerden de que tenemos ya aquí una población femenina altamente formada que podría estar cotizando y pagando impuestos para financiar las pensiones, y por supuesto para ganarse la suya propia.
Actualmente el 79% de las mujeres españolas mayores de 66 años no tiene pensión contributiva de jubilación (frente al 21% de los hombres mayores de 66 años). Esto quiere decir que un 79% de las mujeres no llegan a permanecer en el empleo formal ni siquiera el mínimo exigido (15 años, de los cuales 2 en los últimos 15), y por tanto pasan una gran parte de su vida sin pagar cotizaciones ni impuestos sobre la renta del trabajo. Muchas son paradas o trabajan en la economía sumergida, en parte potenciada por los beneficios fiscales a la permanencia en el hogar.
Es verdad que algunas de estas mujeres están cuidando en sus hogares, en general sin los más elementales derechos, pero ni siquiera su sacrificio es rentable para la sociedad. En efecto, según explica Gosta Esping Andersen, la educación infantil pública de 0 a 3 años se financiaría solamente con las mayores cotizaciones e impuestos pagados por las mujeres que ahora interrumpen su empleo para cuidar a las criaturas en casa. El mismo cálculo puede hacerse para la atención a la dependencia. Por cierto, quien tenga dudas sobre si las personas dependientes estarían contentas con el derecho a servicios públicos de calidad, que haga un viaje de inspección a cualquier país nórdico y verá cómo toda la ciudadanía los defiende frente a los recortes que también allí se están introduciendo.
Podría objetarse: los servicios públicos de cuidado crean puestos de trabajo, pero también liberan a muchas mujeres que se incorporarán a la población demandante de empleo. ¿Cómo, entonces, bajará el paro? Muy sencillo: porque el número de puestos de trabajo en otros sectores también crecerá.
Al pasar de tener un ingreso a tener dos, la renta disponible de las familias aumenta. Por otro lado, las familias con todos los miembros empleados compran en el mercado bienes y servicios que las amas de casa antes producían en el hogar. Ambos fenómenos se complementan para aumentar la demanda interna, y por consiguiente la producción, y con ella el empleo. En particular, el sector servicios de Suecia aumentó enormemente como consecuencia de la práctica desaparición del sector amas de casa.
Este es el secreto del gran salto económico que se operó en Suecia, y en gran medida en otros países nórdicos. Este es también el secreto de su relativa inmunidad frente a las crisis económicas. Esta es también la vía por la que recuperaron unas tasas de fecundidad desastrosamente bajas, como las actuales de España, hasta tasas cercanas a la tasa de reposición poblacional: en lugar de proporcionar incentivos para que las mujeres permanecieran en el hogar, como hacen las políticas que aún siguen llamándose “natalistas”, pusieron los medios para que la maternidad fuera compatible con el empleo de calidad.
Es asombroso que actualmente se escriban ríos de tinta sobre la socialdemocracia nórdica sin destacar el gran cambio estructural que supuso la incorporación de las mujeres en general al empleo estable. Esa gran operación se hizo dando un giro copernicano a las políticas sociales para extender los derechos a toda la población, poniendo en primera línea el objetivo de que todas las personas (incluidas las mujeres) fueran independientes económicamente durante toda su vida.
Han pasado muchos años desde que Olof Palme tuviera la voluntad política que se necesitaba en aquel momento, y la ciudadanía sueca se lo agradeció profundamente. Todas las condiciones que se daban entonces en Suecia se dan ahora con creces en España y en Europa, y desde luego la división sexual del trabajo está ahora más deslegitimada que entonces. De hecho, los argumentos no se contradicen y algunas de las medidas necesarias ya están incluidas en los programas, pero corren el peligro de quedarse ahí, puesto que nuestros máximos líderes no parecen tener el tiempo de asumirlas y defenderlas.
Hace 40 años, nuestros compañeros de izquierdas nos decían a las mujeres que debíamos esperar porque antes de abordar nuestros problemas había que resolver la “contradicción principal” (de clase). Ahora la respuesta es “sí, sí, tenemos que hablar pero ahora no tengo tiempo”, o “de esos temas se encargan las compañeras de igualdad”.
Viendo todo esto, y el escandaloso déficit de paridad existente en las comparecencias públicas y en los puestos de responsabilidad de los partidos, muchas hemos callado y votado con el corazón encogido, con esa sensación de estar rememorando lo de siempre. Pero ahora ya no hay duda: ¡no podemos esperar más!