El Supremo hunde el salvavidas del PP

Al fin un rayo de esperanza. El Tribunal Supremo ha hundido el salvavidas que el PP se había fabricado en la Audiencia Nacional para intentar salvar algún trasto de las piezas de la Gürtel que aún le quedan por juzgar. Para eso y para cualquier otra cosa que fuera preciso que no se desmandara. La Sala Tercera del Tribunal Supremo anunció este jueves que anula los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco para la Sala de Apelaciones, eso que yo ya expliqué en La Sala de Salvaciones. Así, con esa decisión, la sala vuelve a quedar vacante y ambos magistrados quedarán adscritos al tribunal en otros puestos ya que sus plazas han sido cubiertas. El salvavidas que Lesmes le había fabricado al PP se hunde y la forma de recauchutarlo se vuelve difícil.

Hasta aquí la noticia. Una noticia que es buena porque le deshace una puerta de atrás al Partido Popular en la Audiencia Nacional, porque da un respiro a la imagen de la Sala Tercera del Tribunal Supremo después de la genuflexión del impuesto de las hipotecas pero, sobre todo, porque arroja una pequeña esperanza sobre el hecho de que los actos y cacicadas en los nombramientos del CGPJ vayan a ser controlados y que Carlos Lesmes no pueda seguir haciendo y deshaciendo ni el resto mercadeando con los nombramientos judiciales.

A Enrique López y a Eloy Velasco, Lesmes se lo afinó a base de bien. Para conseguir nombrar al magistrado de la carrera meteórica a lomos del PP -hasta el Tribunal Constitucional lo llevaron aunque él perdiera el cargo en la cuneta por cometer un delito al conducir borracho como una cuba- había que recurrir a un subterfugio. López era entonces el número 1038 del escalafón judicial y Velasco el 1036 y muchos magistrados más antiguos y con más méritos y experiencia iban a querer esas plazas. Había pues que amarrarse al hecho de que primara la “especialidad en Penal”. La cosa es que esa especialidad no existe, pero en la promoción en la que entraron López y Velasco se les hizo un “cursito” por ordenador que ellos han esgrimido siempre como tal especialidad. De hecho con esa trampa llegó López ya a la Audiencia Nacional sin tener antigüedad para ello. Así que para lograr colocar a Enrique López donde se le quería, Carlos Lesmes, el exdirector general de Aznar, le pidió a Gerardo Martínez-Tristán, el marido de la consejera de Cospedal, un informe para saber si debía tenerse en cuenta el “cursito” en este nombramiento. No hay que decir que el informe fue favorable y que se les nombró por encima de candidatos con más mérito y experiencia.

El amaño era tan indignante y tan humillante para muchos magistrados que dos de ellos, Manuela Fernández-Prado y Carlos Valle, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que sus méritos superiores habían sido obviados. Y ahora el Supremo les da la razón y nos dice que, en efecto, les atribuyeron un mérito preferente del que fueron excluidos indebidamente los magistrados recurrentes que superaron las pruebas de especialización. Y es que fue un descaro mayúsculo. En 2012 el CGPJ convocó unas durísimas pruebas de especialidad penal que pasaron algunos de los mejores magistrados del país. López y Velasco ni asomaron la gaita. Fueron anuladas por un tecnicismo, pero el propio Tribunal Supremo ha tenido que admitir que no se puede obviar el mérito de los que pasaron aquella criba. Ahora por unanimidad, el Supremo retrotrae la decisión al momento anterior a los nombramientos que el CGPJ deberá volver a hacer teniendo en cuenta ahora los méritos preferentes de los peticionarios que superaron las pruebas penales de verdad como Manuela Fernández Prado.

Todo un varapalo a los manejos de Lesmes que sólo necesitó seis votos para manejar los nombramientos de la Sala que puede controlar en apelación todas las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional. ¿Significa esto que la propia Sala Tercera de la que él procede y que aún preside, como presidente del Tribunal Supremo, no está dispuesta a cubrirle depende que enjuagues? ¿Podemos confiar en que los nombramientos recurridos como el de Carmen Lamela también vayan a ser analizados con justeza?, ¿y el nombramiento recurrido del juez de apoyo de García Castellón?

Los ciudadanos estamos atónitos de hasta dónde se ha llegado en la vergonzosa manera de nombrar los cargos judiciales discrecionales, pero los jueces también están hartos y han comenzado a plantar cara y a presentar recursos cuando los manejos y las preferencias por motivos políticos están bien claros. El fallo sobre la Sala de Apelaciones abre la puerta para que se ponga orden en una de las prácticas que más descrédito y sombras de duda y de politización hacer recaer sobre los tribunales españoles. Puede que sólo sea un espejismo en el desierto. Lo iremos contando.