Ahora que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática llega al Consejo de Ministros, de la mano del nuevo ministro de Presidencia Félix Bolaños, no está de más recordar en qué punto estamos y cuánta urgencia hay de una ley que garantice verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para que las víctimas del franquismo dejen ser víctimas de tercera categoría.
Diversas asociaciones memorialistas, así como multitud de víctimas y familiares lamentan que el anteproyecto de la Ley de Memoria elaborado por el equipo de la exministra Carmen Calvo no alcance los estándares internacionales en materia de derechos humanos y recuerdan que es insuficiente, porque no establece sanción para los verdugos y sigue negando justicia a las víctimas.
Tanto CEAQUA -que integra a varios colectivos personados en la querella argentina- como Amnistía Internacional han propuesto modificaciones en el anteproyecto para que éste se ajuste a los estándares internacionales. En concreto, lamentan que el texto no relacione expresamente el derecho a la verdad con la promoción de la verdad colectiva, y recuerdan que la ONU ha instado en distintas ocasiones a España a considerar “la creación de un mecanismo independiente (como podría ser una Comisión de la verdad) que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”.
También han señalado que el anteproyecto “no aborda ni uno solo de los obstáculos que siguen haciendo que en España se niegue sistemáticamente el derecho a la justicia de las víctimas de estos graves crímenes”. En cuanto a la reparación, indican que sin investigación judicial y sin una política de promoción de la verdad oficial, también se impide “la reparación del estigma padecido por las víctimas y sus familias”, y que además se contempla una reparación solo parcial porque se excluye “expresamente la indemnización y toda forma de responsabilidad patrimonial respecto de aquellas personas a las que se les incautó su patrimonio, realizaron trabajos forzados o sufrieron condenas injustas”.
Todos estos puntos no deberían ser percibidos como caprichos o pataletas, sino como necesidades sustanciales no solo para las víctimas, sino para la propia democracia. El Gobierno tiene la obligación de escuchar con voluntad e interés a las víctimas y a sus familias, que explican mejor que nadie los gigantescos obstáculos con los que se topan cuando buscan a sus desaparecidos, cuando llaman a la puerta de algunos ayuntamientos pidiendo ayuda, cuando intentan indagar en los archivos, cuando acuden a un tribunal demandando justicia.
Las víctimas de ETA han recibido memoria, dignidad, justicia. Nadie se atreve a cuestionarlas. Las víctimas de la dictadura siguen silenciadas, desaparecidas, ocultas, cuestionadas. A muchas de sus familias les robaron sus cadáveres y sus bienes, sus hijos e hijas sufrieron señalamiento, estigmatización, pobreza, falta de educación. Sus relatos no forman parte de la historia oficial de nuestro país. Esto ha contribuido a crear un trauma transgeneracional ignorado desde la oficialidad.
Terminar con la impunidad del franquismo es clave para todos los aspectos de nuestra actualidad, no solo para quienes la sufren en primera persona. Que el Estado siga negando verdad, justicia y reparación explica que aún hoy haya gente que presuma públicamente de defender el franquismo, o que minimice el daño que este provocó. Que el Estado defienda la Ley de Amnistía para delitos que no prescriben porque están claramente enmarcados como crímenes de lesa humanidad explica que una parte de la derecha española se sienta dueña de este país, que deshumanice a quienes no piensan como ella, que apueste por la confrontación en vez de por el diálogo cada vez que no se siguen sus criterios.
Por eso el debate parlamentario sobre el contenido final de la futura Ley de Memoria Democrática será tan importante: porque dicha ley no solo afecta a las víctimas del franquismo, sino a la percepción colectiva de qué somos como país y de cuán lejos pueden llegar o no quienes siguen negando aquellos crímenes contra la humanidad. Las leyes no solo legislan: también difunden valores, marcan límites, establecen categorías.
El mensaje transmitido durante más de cuarenta años de democracia en materia de Memoria ha protegido a los criminales y a los negacionistas de los crímenes del franquismo. Es indudable que eso imprime un carácter social determinado a un país. Como recordaba hace unos días la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, todavía ningún Gobierno democrático ha condenado el golpe de Estado de 1936. Tampoco lo han hecho los plenos del Congreso y del Senado. Solo se emitió una pequeña condena en la Comisión Constitucional del Congreso en el año 2002, “poco contundente y condescendiente con las elites de la dictadura”.
Que Pablo Casado haya dicho que derogará la futura ley de memoria si llega a la Moncloa no significa que ésta cumpla con las expectativas. Sería un error caer en la tentación de usar las críticas de la derecha para justificar las limitaciones del anteproyecto o para presumir de la presunta valentía del mismo. La realidad es que de momento siguen sin alcanzarse los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Son estos los que deben marcar una ley, y no los aspavientos o las sobreactuaciones de grupos políticos que minimizan los daños de la dictadura.
Algunos grupos socios del Gobierno apoyan las demandas de los colectivos de memoria y han anunciado que exigirán mejoras en el debate parlamentario. Esperemos que sus peticiones den resultado. Está en juego no solo la dignidad de las víctimas y de sus familias, sino el carácter democrático de un Estado que necesita expulsar el franquismo de todos sus recovecos.