¡Qué cruel ha sido el destino con C! ¡No sólo fue violada y humillada sino que ha tenido la desventura de topar con este extraño tribunal que ha convertido su procedimiento en una aventura jurídica cuyo último e inesperado episodio acabamos de conocer!
Explicar lo difícilmente explicable. Eso se nos pide hoy. La decisión de dejar en libertad provisional a los cinco hombres condenados a nueve años de prisión hasta que haya sentencia firme es posible y hay que acatarla, pero revela unas dinámicas internas que distan mucho de ser las habituales y las que hubiera cabido esperar. La justicia penal es justicia material pero también debe ser justicia segura, justicia esperable, justicia lógica, justicia explicable y comprensible, justicia que parezca justa.
La decisión adoptada ayer nos vuelve a mostrar un tribunal fracturado, con dos magistrados que parecen haber asistido a distinto juicio, hasta tal punto sus convicciones y valoraciones de las pruebas difieren, algo que no es lo habitual. Normalmente, aún con profundas disensiones, los miembros de los tribunales suelen dar la impresión de haber asistido al mismo plenario. No es el caso. Entre los dos magistrados está la magistrada Fernandino, la magistrada que cual veleta ha considerado justo condenar a penas de prisión de nueve años a estos jóvenes para, inmediatamente después, y contra todo uso del foro, decidir que era mejor excarcelarlos porque todos los riesgos que ella misma apreció cuando aún no había habido juicio, ahora que saben que pesa sobre ellos una condena grave, han milagrosamente desaparecido.
No hemos podido leer el auto ni nosotros ni las propias partes -otra curiosa cuestión que está sucediendo en Navarra dónde se filtran los datos personales y las decisiones aún no escritas- pero es muy difícil justificar que saber que te han hallado culpable te ponga en mejor situación que no saber si lo harán o no. Los magistrados podían tomar y han tomado esta decisión, que se podría entender si en este país verdaderamente la prisión provisional fuera la excepción y la mayor parte de los condenados en primera instancia esperaran libres sus recursos. Si esto fuera así, la mitad de la población reclusa de este país no existiría y los módulos estarían no tan vacíos como el de Urdangarin pero mucho más despejados. No es eso lo que sucede. Con una pena de 9 años la prisión provisional se puede extender hasta los cuatro años y medio y eso es lo que suele suceder habitualmente. Más que nada porque los jueces entienden que una vez que sabes lo que te espera, es más fácil que te des el piro. Y porque además esos jueces, los mismos que han condenado, se creen su solución jurídica y, por tanto, esperan que sea confirmada.
¿Qué le ha pasado a la magistrada veleta, la única mujer, para haber votado la condena y ahora haber apoyado la salida en libertad? ¿No cree que la condena sea justa? ¿Piensa que sus superiores la van a anular y que sería injusto hacerles pagar una pena anticipada que no se les podrá devolver? Fernandino, la magistrada, es también con seguridad la piedra angular de la difícil e inexplicable solución jurídica que se halló en la sentencia. Esa sentencia que relata unos hechos que constituyen una agresión y que luego, por arte de birlibirloque, condena por abuso. Esa transaccional sólo puede deberse, como ya conté en su día, a las dudas de esta magistrada a la hora de sumarse a la tesis de la condena del presidente.
Lo cierto es que C ha tenido muy mala suerte. El tribunal sacó del procedimiento las pruebas de las intenciones de los ahora condenados. El tribunal decidió que el juicio fuera a puerta cerrada, de manera que ahora nadie sino ellos sabe cual de las dos realidades paralelas que reflejan sus resoluciones fue la que se vio en la sala de vistas. El tribunal decidió sacar adelante la condena de una forma incongruente, alejando el tipo aplicado de los hechos que dieron por probados. Toda una calamidad. Esta sección, sin duda, ha llegado ya a ese nivel de enfrentamiento humano y profesional que dificulta mucho juzgar. Cuanto mejor sería que el presidente de la Audiencia de Navarra separara a sus miembros en otras secciones -que no son orgánicas- y, por lo tanto, evitara que estos episodios volvieran a producirse, porque lo que ha sucedido es un drama para la Justicia. No porque no quepa en derecho, el papel lo aguanta todo y el papel timbrado también, sino porque está abriendo una grieta de proporciones difícilmente mensurables entre la ciudadanía y su judicatura.
Es triste pero es evidente. La sociedad navarra está asistiendo a decisiones que por agravio comparativo, le hacen dudar de la equidad de la Justicia y de su aplicación por igual. Es imposible explicarles por qué hace unas semanas la Guardia Civil fue a buscar a sus casas a los jóvenes de Alsasua condenados alguno a penas de nueve años porque tras el juicio el riesgo de fuga aumentaba y ahora se deje en libertad a otros jóvenes condenados a nueve años porque tras el juicio el riesgo de fuga disminuye. Cada tribunal toma sus decisiones, claro, cada caso se valora individualmente, pero decir eso y pensar que la población no va a ver una tremenda discrecionalidad es imposible.
Cierto es que la libertad debe primar en caso de duda. Sólo que este aserto se aplica más fácilmente en unos casos que en otros. Que se lo pregunten a los Jordis o a los Junqueras.
C, hubieras merecido mejores jueces.