Pocas veces las declaraciones públicas de los jueces son carne de titular, por aquello de que no deberían poner en peligro su imagen de imparcialidad si cuentan lo que saben. Pero un día el presidente del Tribunal Supremo se animó a dejar más desnuda que una actriz porno a la célebre imagen de la Justicia como una mujer con la balanza en una mano, la espada en la otra y los ojos tapados.
Fue en octubre de 2014 cuando dejó claros cuáles son las prioridades de la Justicia española: “Tenemos un modelo de organización criminal que está pensado para el robagallinas pero no para el gran defraudador, no para los casos como los que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción”, dijo Carlos Lesmes.
Esa es la frase que aparece en el teletipo de EFE, aunque supongo que hay un error de transcripción. Lesmes está hablando del sistema de justicia penal. No está pensando en que la Justicia sea una “organización criminal”. La cosa está mal, pero no tanto.
Lesmes se refería a la muy antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformada en múltiples ocasiones, y a la necesidad de cambiarla. El veterano periodista José Yoldi –que ha visto jueces, fiscales y casos de corrupción de todos los colores– no picó en el anzuelo: “El presidente del Supremo, con su vasta experiencia, debería saber que la mayoría de las leyes se hacen para beneficio de los poderosos y que por eso las penas por delitos de corrupción son tan reducidas en comparación con otros delitos. Y si, por casualidades de la vida, alguno de los corruptos es condenado a un par de años por haber arruinado a 20.000 familias, tendrá los medios y los contactos para retrasar todo lo posible o eludir el entrar en prisión. Porque, a pesar de lo que dice la Constitución y repite el Monarca cada cierto tiempo, la justicia no es igual para todos. Los poderosos tienen un plus de inocencia, que no tenemos los demás mortales”.
Este jueves ha querido convertirse en un homenaje a las palabras de Yoldi, incluso añadiéndole algunos datos más para subrayar sus frases. La maquinaria corrupta puesta en marcha por Iñaki Urdangarin –amparada por sus contactos en la Casa Real y los favores concedidos por varios gobiernos autonómicos– le valió una condena muy inferior a la solicitada por el fiscal y ni siquiera le supondrá el ingreso en prisión a la espera de que se resuelva el recurso ante el Tribunal Supremo.
Urdangarin ya ha sido condenado, ya no hay presunción de inocencia que lo ampare, pero para la Justicia es lo bastante inocente como para que una pena de seis años y tres meses de prisión sólo le obligue a echar una firma una vez al mes. De momento, seguirá viviendo en Suiza, gracias a que tiene por razones familiares “arraigo suficiente” en España, algo que está obviamente fuera del alcance de los robagallinas.
Este mismo jueves, el fiscal general nombrado por el Partido Popular ha procedido a un relevo general de los fiscales, incluidos aquellos, como en el caso de Murcia, que está dirigiendo investigaciones de gran impacto político al tratarse de casos de corrupción y que han sido acosados por políticos del PP y los periodistas que les hacen el trabajo sucio.
El cambio más importante es el que afecta a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. Si ese nombre hubiera salido de una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, no nos hubiera sorprendido lo más mínimo. Cuando eldiario.es, y después otros medios, informaron de los gastos de las tarjetas black en Caja Madrid y Bankia, el fiscal ahora premiado, Manuel Moix, tuvo claro quiénes eran los robagallinas a los que había que meter en prisión. ¿Los que este mismo jueves fueron condenados por apropiación indebida? (esa es la forma elegante de llamar al robo cuando no se trata de vulgares rateros) No. Los periodistas que publicaron la prueba de cargo que inició la investigación judicial y sin la cual los delitos habrían quedado impunes.
Todos los medios destacan que Moix no tiene experiencia en la investigación de casos de corrupción a diferencia de los demás candidatos. Puede ser cierto, pero olvidan que Moix tiene la experiencia adecuada a juicio de quienes le han nombrado. Sabe dónde están los robagallinas que ponen nerviosas a las más altas autoridades del Estado.
Volviendo a la sentencia de las tarjetas black, conviene no entusiasmarse con el veredicto del tribunal y empezar a sumar la cifra de banqueros, profesionales o aficionados, que han sido castigados con penas de prisión. “Los que devolvieron el dinero de las tarjetas black pueden librarse de la cárcel”, escribe Íñigo de Barrón en El País. Es probable que todos o la mayoría se queden en casa si reintegran el dinero gastado. En su caso, se trata de un asunto de simple contabilidad, como una inversión en bolsa que ha salido mal y por la que has perdido dinero.
A eso se reduce la ejemplaridad de la Justicia. Se lo han pasado en grande con la mujer de la balanza y ahora sólo tienen que meterle unos billetes en la toga para que se quede tranquila. La espada que suele llevar en la mano derecha queda para los robagallinas. Esa gente que no tiene arraigo ni tiene el buen gusto de vivir en Suiza.
Pues eso, como decía el suegro de Urdangarin, la Justicia es igual para todos.