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¡Milagro judicial en Madrid! Altos cargos imputados por los que “iban a morir de todas formas”

Antonio González Cabrera

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Madrid, casi cinco años después de que la pesadilla de las residencias se desatara con furia mortal. ¡Tenemos noticias! Noticias de esas que hacen vibrar el alma... o que la sumen aún más en el escepticismo, según se mire y según la “tuerta” justicia a la que nos enfrentemos. Por primera vez, y tras una espera que se antoja una eternidad para quienes perdieron a sus seres queridos, un juzgado de Madrid ha tenido la audacia de imputar a altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid por los infames protocolos de “no derivación”.

Sí, han leído bien. No hablamos de los directores o médicos de las residencias, que fueron el foco de investigaciones judiciales anteriores. Hablamos de quienes, según las organizaciones de afectados, elaboraron, dictaron y aplicaron estos Protocolos, o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias. En el banquillo (figurado, por ahora) se sentarán C. Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario en aquella época, y F. J. Martínez Peromingo, su sucesor en el cargo.

La imputación llega, oh sorpresa, después de que la Fiscalía lo pidiera, impulsada por la demanda de 109 familias de fallecidos. ¿El delito imputado? Denegación de atención sanitaria por razón de edad. ¡Qué cosa tan curiosa! Parece que, para la justicia (al menos para este juzgado, que reabre una causa previamente archivada), impedir que un anciano fuera derivado a un hospital, donde “habrían estado mejor atendidos y hubieran tenido más posibilidades de sobrevivir al virus” según las familias, podría tener consecuencias legales. Hasta dos años de cárcel en los casos más graves. ¡Poca cosa, ¿verdad?! Especialmente si consideramos el contexto.