El consentimiento implícito para quitar el tren

Cuenca es una pequeña ciudad de provincias donde las personas no tienen la fortuna de influir en los gobernantes que modelan sus vidas. Los alcaldes nunca consultan las decisiones relevantes porque consideran que la política local no es un tema que concierna a la ciudadanía.

El gobierno regional de García-Page, desde Toledo, es quien con promesas incumplidas gobierna la ciudad y la provincia, para que sea la menos desarrollada de la región y, gracias a su atraso, Castilla-La Mancha reciba más fondos europeos. Su actuación política se inspira en el “consentimiento permisivo”, es decir, si nadie protesta es que está bien y se puede continuar.

La Junta de Castilla-La Mancha y el alcalde de Cuenca utilizaron esa estrategia cuando acordaron con el Ministerio de Transportes y el Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) clausurar la línea de ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Utiel, sin respetar los procedimientos establecidos.

La decisión la ejecutaron confiando que la gente implícitamente consintiera, por simple pasotismo o porque no importaban sus efectos. Pero la decisión además del “consentimiento permisivo” (debido a años de indefensión aprendida), provocó movilizaciones y recursos de once alcaldes. Muchas personas se sintieron estafadas por García-Page, que en vez de pelear dejaba morir el ferrocarril y protestaron, considerando que el gobierno regional incumplía sus promesas y no respetaba la democracia.

La estrategia del consentimiento permisivo aconseja contar mentiras, cuando hay protestas y las cosas se ponen serias. De ahí que los políticos de la Junta proclamaran que la línea era obsoleta, lenta, no rentable, ni eficiente.

No tuvieron el coraje de admitir, que si más de 300.000 personas habían dejado de viajar en tren fue porque Adif había deteriorado la infraestructura, con su falta de mantenimiento. Se dedicaron a llamar nostálgicos a sus defensores y no estaban dispuestos a reconocer que, debido a la falta de inversión, viajar en tren era incómodo y había aumentado la duración del viaje.

Pero además, el ejecutivo regional colaboró en ocultar los daños de la tormenta Filomena y no reclamó para que se hicieran las reparaciones comprometidas; ni tuvo inconveniente en exagerar lo que costaba mejorar la línea, porque había decidido que los fondos europeos no se aplicaran en modernizarla.

En fin, los políticos de la Junta de Castilla-La Mancha tuvieron el valor de anunciar su cierre durante el año Europeo del Ferrocarril, añadiendo que traían a Cuenca la movilidad del siglo XXI, en autobús, cuando según Europa el futuro está en el tren.

Por todo lo expuesto, no es extraño que las gentes de Cuenca consideren a los gobiernos (regional y estatal) ajenos y alejados. Aunque un grupo de personas recalcitrantes, se planten todos los martes, a las seis de la tarde en la plaza de España de Cuenca, para exigir al nuevo gobierno estatal y a García-Page, la reanudación y modernización del ferrocarril convencional Aranjuez-Cuenca-Valencia.

Cuenca es una pequeña ciudad de provincias donde las personas no tienen la fortuna de influir en los gobernantes que modelan sus vidas. Los alcaldes nunca consultan las decisiones relevantes porque consideran que la política local no es un tema que concierna a la ciudadanía.

El gobierno regional de García-Page, desde Toledo, es quien con promesas incumplidas gobierna la ciudad y la provincia, para que sea la menos desarrollada de la región y, gracias a su atraso, Castilla-La Mancha reciba más fondos europeos. Su actuación política se inspira en el “consentimiento permisivo”, es decir, si nadie protesta es que está bien y se puede continuar.