Impunidad

Leí agradablemente sorprendido que SUMAR proponía en su borrador del programa electoral sancionar a las periodistas que manipulan y desinforman. Pero, la sorpresa ha dado paso a la decepción cuando, ante la avalancha de críticas, mayoritariamente basadas en la libertad de expresión (aguantad la risa, por favor)) sobre todo de los medios de la derecha, que son casi todos, esa coalición ha retirado su propuesta.

La lectura de lo sucedido daría para una tesis doctoral de sociología, antropología social, política e incluso psicología, pero, sin llegar a tanto, sí que se pueden extraer conclusiones muy interesantes.

Conviene aclarar que en la mayoría de las profesiones, si no en todas, existe la posibilidad de que una persona que las ejerza sea sancionada o expulsada de las mismas por realizar actuaciones contrarias a sus principios, recogidos en reglamentos y/o leyes que las regulan, aparte, claro está, de otras posibles consecuencias penales que dichas actuaciones pudieren acarrear.

La mayoría de las profesiones, sobre todo las que conllevan relaciones sociales, elaboran códigos deontológicos que establecen los principios morales que deben regir su práctica. El no cumplimiento de dichos principios trae como consecuencia la posibilidad de que determinadas actuaciones contrarias a los mismos puedan catalogarse como leves, graves o muy graves y ser sancionadas hasta con la expulsión de la profesión.

Pues bien, proponer sancionar a las periodistas que desinforman o manipulan la información conscientemente no solo no es apoyado por la mayoría del gremio, cosa aberrante, sino que, también, y aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, por muchas personas del ámbito político, la mayoría de derechas, todo hay que decirlo, con el peregrino argumento de que eso va contra la libertad de expresión.

Tiene lo suyo que quienes elaboran leyes mordaza, que sirven para castigar con multas e incluso mandar a la cárcel a quienes expresan su opinión, o aplauden o permiten las actuaciones fascistas de prohibir espectáculos, obras de teatro, exposiciones, etc., pongan el grito en el cielo de la hipocresía porque un grupo político proponga sancionar a las periodistas que no cumplan el código deontológico redactado por la UNESCO, el europeo de deontología del periodismo, o el de su propia federación (FAPE), que recogen la obligatoriedad de las periodistas de informar con veracidad y objetividad.

¿Qué conclusión se puede sacar de esa actitud de rechazo a la sanción? Evidentemente, que muchos medios y profesionales de los mismos no cumplen con su obligación de informar con veracidad y objetividad, y que, como su objetivo parece ser servir a intereses ajenos a dicha información, no están dispuestos a aceptar una propuesta que les podría traer como consecuencia el cierre del medio o la expulsión de la profesión de alguna de sus miembros. En resumen: pretenden la impunidad de la manipulación y la mentira.

Espero de la mayoría de las personas de la profesión, y de los partidos políticos que defienden la verdad, una rectificación en el sentido de velar por esta y de impulsar las sanciones para quienes, estando obligadas a respetarla, la mancillan día sí, día también, manchando la imagen de otras muchas personas periodistas que han puesto y ponen en peligro su puesto de trabajo y, en más de una ocasión, su propia vida en su defensa.

Leí agradablemente sorprendido que SUMAR proponía en su borrador del programa electoral sancionar a las periodistas que manipulan y desinforman. Pero, la sorpresa ha dado paso a la decepción cuando, ante la avalancha de críticas, mayoritariamente basadas en la libertad de expresión (aguantad la risa, por favor)) sobre todo de los medios de la derecha, que son casi todos, esa coalición ha retirado su propuesta.

La lectura de lo sucedido daría para una tesis doctoral de sociología, antropología social, política e incluso psicología, pero, sin llegar a tanto, sí que se pueden extraer conclusiones muy interesantes.