Por qué pagaron menos del 3% quienes acudieron a la amnistía fiscal

Es el año 2012 y el Partido Popular acaba de llegar al poder con un puñado de promesas inasumibles en su programa electoral. No bajará impuestos; los subirá. Pedirá el rescate de la banca y tendrá a cambio condicionalidad económica de la UE que marcará el calado de los ajustes en España. Aumentará la deuda pública a su récord histórico. Y ni con todas estas medidas logrará rellenar las arcas del Estado por culpa, aseguraban, de la herencia recibida.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pergeña entonces una idea impopular pero efectiva: una amnistía fiscal. Al fin y al cabo, las elecciones ya están ganadas. No será la primera, ni la segunda en España en democracia. Felipe González tuvo que hacer hasta dos para poder poner al día a los grandes patrimonios españoles, acostumbrados a mantener sus riquezas en el extranjero.

Tampoco será España el primer país que recurra al perdón de los pecados fiscales después de la crisis financiera de 2008.  Estados Unidos hizo una gran campaña para acabar con las cuentas offshore de sus ciudadanos entre 2009 y 2011 con 30.000 contribuyentes aflorando sus cuentas y una recaudación de 2.300 millones de euros. Grecia, Portugal e Italia también se apuntaron entre 2009 y 2011 a hacer amnistías fiscales con éxito dispar.

Nada es gratis

La amnistía española se diferenció de las otras por simple pero sobre todo, por barata. Montoro quiso diseñar un mecanismo tan económico que ninguna gran fortuna se pudiera resistir. La fórmula sencilla: desde abril hasta noviembre se abría una ventana de oportunidad para aflorar todas las rentas no declaradas en el extranjero. No habría multas ni sanciones. No se perseguiría a los que se presentaran ni se utilizaría la información de la amnistía para posteriores comprobaciones. Ni siquiera era necesario traer el dinero físicamente de vuelta a España. Solo se exigían dos cosas: que el origen de los fondos fuera lícito (que no procediera de actividades como narcotráfico, por ejemplo), una comprobación que luego no se realizó, y que se pagara una cantidad ínfima para que el fisco hiciera borrón y cuenta nueva.

En su teoría de que los impuestos bajos generan más recaudación, Montoro se tiró a la parte más baja de las exigencias fiscales posibles. Aunque el tipo que se aplicaría, teóricamente, era del 10% del capital aflorado, un informe del director general de tributos de la Agencia Tributaria dictaminó cómo aplicar ese impuesto y rebajó este porcentaje aún más. Así, en vez de gravarse el 10% de todo el patrimonio que se quisiera aflorar, solo se impondría la tasa sobre los rendimientos de los bienes en los últimos cuatro años antes de la amnistía. Las condiciones terminaron relajándose aún más: si la declaración se presentaba después de junio de 2012, solo era necesario tributar por los intereses desde 2008.

De facto, esto ha supuesto que el tipo efectivo, es decir, lo que realmente ha pagado la gente que se ha acogido a la amnistía fuese solo del 3%. Gracias a la información recibida en el buzón seguro Fíltrala.org en el que colaboran eldiario.es, La Marea y Diagonal, se comprueba que en muchas ocasiones el tipo es aún menor, al haberse pagado incluso menos del 2%. Muchas de estas fortunas llevaban ocultas para el fisco español desde hace tres o cuatro décadas, y solo se les pidió que pagaran por lo ganado en los últimos cuatro años.

Cabe recordar que en esos años hubo una debacle bursátil y financiera así que muchos de estos patrimonios, invertidos a su vez en los mercados de capitales internacionales, apenas mejoraron en ese tiempo su valor. No hubo grandes rentabilidades en bolsa durante la crisis, por lo que la amnistía pagó muy poco.

Los propios asesores fiscales advirtieron al ministro de lo extremadamente barato de la amnistía. Y aún así, hubo fortunas a las que les pareció caro y no se decidieron a acogerse. También los que no se fiaron del sigilo con el que se fueran a custodiar sus nombres.

Además, el momento para acogerse, entre junio y noviembre de 2012, en el que España seguía en peligro de quiebra y de otro rescate, tampoco invitaba a las grandes rentas a repatriar fortunas. De ahí que la mayoría optara por no regresar el dinero físicamente con el escaso impacto en la economía real de la medida. El dinero se legalizó, pero mucha parte quedó fuera.

Segundas oportunidades no son buenas

Un año más tarde, hubo una nueva oportunidad de aflorar rentas, gracias al conocido como modelo 720 por el que los contribuyentes tienen que declarar sus bienes en el extranjero. En este caso, no declarar estos bienes venía aparejada a cuantiosas multas, hasta el punto que hubo fortunas que se atrevieron a regularizar en este modelo lo que no habían confesado en la Declaración Tributaria Especial (el nombre técnico de la amnistía).

Esta osadía nacía de la idea de que la lista de los amnistiados no se puede utilizar en ningún caso para hacer comprobaciones de Hacienda de forma indiscriminada. Es decir, no es posible cruzar a los contribuyentes del modelo 750 (el de la amnistía) con el del 720. ‘Si cuela, coló’, pensaron algunos. Pero en muchos casos no fue así porque la ubicación de los bienes en paraísos fiscales ha sido indicativo suficiente para el fisco para hacer ciertas comprobaciones.

La exención del Impuesto de Patrimonio en Madrid, donde declaran muchas de estas grandes fortunas y la no necesidad de repatriar las rentas han dejado una recaudación pírrica con estas campañas de perdón fiscal. De los 40.000 millones de euros legalizados, las arcas del Estado solo se quedaron con 1.200 millones: la mitad del objetivo previsto por Hacienda cuando diseñó la campaña. Y año tras año, apenas hay impacto recaudatorio del dinero aflorado.

Se hicieron algo más de 31.000 declaraciones, entre personas físicas y jurídicas, pero lo que se pagó de media apenas rebasó los 37.000 euros; unas cifras que han llevado a la oposición y a los agentes sociales a tildar la medida de “fracaso”. Y dentro del fracaso, un colosal olvido: la lista de los 705 nombres PEP (Personas Políticamente Expuestas por sus siglas en inglés), de personas con cargos públicos que se acogieron a la amnistía.

A día de hoy apenas se conocen un puñado de estos nombres: Rodrigo Rato, José Ángel Fernández Villa –el líder del sindicalismo minero–, Francisco Granados y la esposa de Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq, entre los más relevantes. Del resto de los políticos o familiares directos de políticos que tuvieron acceso al dinero público y además guardaban patrimonio opaco poco o nada se sabe. Al menos por ahora.