Al pensar en quienes abandonan de manera forzada sus hogares y se instalan en otros países como solicitantes de asilo y refugiados, nos suele inundar un alud de sentimientos. Esto explica que se haya escrito y hablado con mucha vehemencia sobre la actual crisis de los refugiados. La combinación de vehemencia y las emociones dificulta que pensemos en la gestión del refugio como una política pública. Y, sin embargo, lo es.
El caudal de solidaridad que ha emergido de esta crisis no debe limitarse a la expresión de un descontento que nos deje en paz con nosotros mismos. Es necesario reflexionar sobre cómo buscar soluciones y evaluar si los sistemas existentes son eficaces para dar una asistir a personas cuya normalidad se ha visto truncada con violencia. Creemos que la mayor parte de nuestra sociedad ha reclamado solidaridad sin exigir a las autoridades competentes una gestión exitosa del refugio y el asilo. En España, el malestar no se ha traducido en presiones para impulsar la modificación de la ley de asilo o el desarrollo reglamentario de la norma vigente, ni ha fomentado el debate sobre cómo mejorar la gestión de la acogida y, de forma general, no ha reclamado transparencia y resultados concretos a las administraciones competentes. En nuestra opinión, incluso las actuaciones con más impacto mediático llevadas a cabo por muchos ayuntamientos no han pasado de ser gestos bienintencionados que no ofrecen una solución integral al problema. Para convertir nuestro sistema de asilo y refugio en un instrumento eficaz que repare el perjuicio causado a personas que han abandonado sus hogares por causas siempre violentas, debemos exigir a las administraciones públicas la aplicación de principios básicos que no disten de los que se aplican en otras políticas públicas.
Con el fin de contribuir al debate constructivo, comparemos la forma en que España y Alemania distribuyen territorialmente a las personas refugiadas. Como veremos, el modelo alemán y el español reflejan distintos niveles de previsión y reflexión sobre el asunto.
¿Cómo se distribuye en España a los refugiados?
España reparte a las personas que solicitan asilo sin sopesar las características relevantes de cada territorio, sino en función de la capacidad de acogida de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Más allá de la existencia de cuatro Centros de Acogida de Refugiados (CAR), el alojamiento y atención de las personas que solicitan asilo en España se encomienda a las ONGs que se encargan de su atención, acogida y primera integración.
Dicho de otro modo, la distribución de las personas solicitantes de asilo en España depende de la implantación territorial de estas ONGs, y debemos pensar si esto es razonable. Abrir un debate sobre la distribución territorial de los refugiados en el país no supone cuestionar el trabajo de las ONGs en la acogida de los refugiados y solicitantes de asilo. Pero una cuestión de esta magnitud requiere que las administraciones autonómicas tomen decisiones en el marco de principios como el de subsidiariedad con las administraciones locales.
¿Cómo sería el reparto de refugiados entre CC.AA. si fuéramos Alemania?
Desde mediados del siglo XX, Alemania es una de las mejores prácticas en materia de asilo y refugio de los países de nuestro entorno. Desde 1949 se utiliza el Königstein Quota System (KQS) para distribuir territorialmente a las personas solicitantes de asilo. El KQS considera dos factores diferenciadores de cada Lander: su población (con peso 1/3) y su riqueza (los 2/3 restantes). De esta forma la distribución de solicitantes de asilo (que en terminología europea también se ha denominado “la carga del refugio”) se hace según el peso relativo de la población de cada territorio y su capacidad económica. En el sistema alemán la riqueza se aproxima con los ingresos fiscales, pero podría hacerse con otros indicadores como el PIB regional. Aplicando este sistema al conjunto de Europa, a España le habría correspondido recibir 24.494 refugiados (ver aquí), una cifra que está por encima de su compromiso (17.680).
Pues bien, la Figura 1 resume el número de solicitantes de asilo que cada Comunidad Autónoma debería acoger si aplicáramos este mismo sistema en España. En concreto, las barras azules están calculadas utilizando el peso del PIB regional en la riqueza total. Según este criterio, Cataluña debería acoger al 18% de los refugiados, Madrid el 17% y Andalucía el 15%.
Figura 1. Aproximación del Königstein Quota System (KQS) para el reparto de refugiados entre Comunidades autónomas Königstein Quota System
El sistema podría ser adaptado para incluir cualquier especificidad que se considere oportuna para incorporar los diferentes contextos que representa cada comunidad autónoma como el nivel de desempleo o la densidad de su población.
La distribución territorial de los refugiados con criterios relevantes y actualizables supondría una mejora del sistema actual que hoy se decide de forma un tanto arbitraria por la Administración Central en función de la capacidad organizativa de algunas ONGs. Esto se hace sin que las administraciones autonómicas y locales jueguen un papel decisivo, aunque son responsables de los servicios básicos a los que, tras su primera acogida, acceden las personas solicitantes de asilo o refugiadas.
Adoptar un sistema similar al alemán para el reparto territorial de los refugiados parece razonable. Una vez establecida la cuota, cada comunidad autónoma y con un marco compartido de principios y servicios de acogida como los que marcan las directivas europeas, podría involucrar a los ayuntamientos, ONGs u otros actores según se acuerde. Dicho de otro modo, las ONGs solo deberían suplir a las administraciones, en este caso autonómicas, si sus gobiernos lo decidieran con argumentos de eficacia y eficiencia y una vez repartido el contingente con criterios técnicos y de equidad interterritorial.
Este es sólo un ejemplo de cómo introducir criterios técnicos para el desarrollo de nuestro sistema de asilo y refugio. Resulta imprescindible hacerlo ya que, cuando la crisis actual termine, nada hace pensar que no podamos enfrentarnos a otra. Garantizar la inclusión de las personas solicitantes de asilo y refugiadas es clave para su bienestar y autonomía, pero también para garantizar la cohesión social y evitar espacios de exclusión indeseables.
Al pensar en quienes abandonan de manera forzada sus hogares y se instalan en otros países como solicitantes de asilo y refugiados, nos suele inundar un alud de sentimientos. Esto explica que se haya escrito y hablado con mucha vehemencia sobre la actual crisis de los refugiados. La combinación de vehemencia y las emociones dificulta que pensemos en la gestión del refugio como una política pública. Y, sin embargo, lo es.
El caudal de solidaridad que ha emergido de esta crisis no debe limitarse a la expresión de un descontento que nos deje en paz con nosotros mismos. Es necesario reflexionar sobre cómo buscar soluciones y evaluar si los sistemas existentes son eficaces para dar una asistir a personas cuya normalidad se ha visto truncada con violencia. Creemos que la mayor parte de nuestra sociedad ha reclamado solidaridad sin exigir a las autoridades competentes una gestión exitosa del refugio y el asilo. En España, el malestar no se ha traducido en presiones para impulsar la modificación de la ley de asilo o el desarrollo reglamentario de la norma vigente, ni ha fomentado el debate sobre cómo mejorar la gestión de la acogida y, de forma general, no ha reclamado transparencia y resultados concretos a las administraciones competentes. En nuestra opinión, incluso las actuaciones con más impacto mediático llevadas a cabo por muchos ayuntamientos no han pasado de ser gestos bienintencionados que no ofrecen una solución integral al problema. Para convertir nuestro sistema de asilo y refugio en un instrumento eficaz que repare el perjuicio causado a personas que han abandonado sus hogares por causas siempre violentas, debemos exigir a las administraciones públicas la aplicación de principios básicos que no disten de los que se aplican en otras políticas públicas.